Opinión

Tardío proyecto de ley para modificar el CAE


Durante su última semana en el poder, la Presidenta de la República ingresó al Congreso la pospuesta modificación al crédito con aval del Estado (CAE). El anuncio tiene varias lecturas. En primer lugar, es positivo sepultar la idea promovida por el ex candidato presidencial oficialista, Alejandro Guillier, de realizar un “perdonazo” para quienes habían financiado sus estudios superiores con este instrumento. Sin embargo, llama la atención que los contenidos del proyecto son, salvo diferencias puntuales, muy similares a lo que se propuso -hace seis años- durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. Sabiendo desde un comienzo que la gratuidad se implementaría de manera gradual, es un despropósito haber perdido valioso tiempo para perfeccionar un mecanismo que deberá seguir funcionando incluso si se decidiera llegar a la gratuidad universal en la educación superior.

A grandes rasgos, el proyecto contempla créditos con una tasa de interés subsidiada y con pagos contingentes al ingreso, dos características que el CAE ya presenta desde 2012. La posibilidad de que los fondos sean provistos por el Estado directamente -sin la participación de la banca- es un cambio relevante, pero que también estaba presente en el proyecto ingresado en el gobierno anterior.
En cuanto a las innovaciones de la propuesta respecto del actual sistema, se disminuye el subsidio a la tasa de interés para quienes logren ingresos mensuales superiores a los $ 2,3 millones y se genera una contingencia algo superior para quienes estén en dicho tramo de ingresos. Ambas medidas parecen sensatas de modo que quienes logren una trayectoria laboral rentable aporten en mayor medida al financiamiento de los estudios que les permitieron lograr dichos beneficios. Estos aspectos debieran ser considerados por las nuevas autoridades en su sabido interés por concentrar el gasto públicos en la educación inicial. La propuesta del actual gobierno les da piso para ello.

Algunos puntos discutibles de la propuesta tienen que ver con los mayores requisitos a las instituciones para poder optar a recibir alumnos con este tipo de créditos, lo que afectará directamente a los alumnos más vulnerables que no logren ingresar a las instituciones más selectivas. Adicionalmente, el proyecto no innova en un tema clave que ha sido la principal traba de la política de gratuidad, como es el mecanismo de cálculo de los aranceles de referencia. El nuevo sistema de créditos pretende que las instituciones se hagan cargo de la brecha entre el arancel de referencia y el arancel real, debiendo ellas proveer los fondos para cubrir dicho diferencial y, además, ponerse detrás del fisco a la hora de cobrar los recursos que facilitaron a los estudiantes. Esto implica un costo para las instituciones, especialmente para aquellas en que la gratuidad ya ha golpeado severamente sus finanzas.

Independiente del rumbo que tome la gratuidad en el mediano plazo, la disponibilidad de créditos públicos para los estudiantes que requieran financiar sus estudios superiores seguirá siendo esencial para sostener los actuales niveles de cobertura. Ambas políticas, en todo caso, requieren de manera urgente una discusión más acabada acerca de la fijación de aranceles para financiar la docencia y bajo qué mecanismos se entregarán recursos para la generación de bienes públicos.

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