Tensión por nueva acusación constitucional

El irresponsable afán por destituir autoridades a través de acusaciones constitucionales reviste un serio peligro para la estabilidad institucional.



La oposición concretó su amenaza de una acusación constitucional en contra del ministro del Interior -la novena acción de este tipo que se presenta durante la presente administración-, un hecho que tensiona aún más el ambiente político. Se trata del segundo titular de Interior que es objeto de una acusación, pues antes lo fue el exministro Andrés Chadwick, quien fue sancionado una vez que había dejado el cargo. Coincidentemente, en la misma jornada la comisión de diputados a cargo de evaluar la pertinencia de la acusación en contra del ex ministro de Salud Jaime Mañalich, resolvió rechazarla -con los votos del oficialismo-, y ahora la Cámara deberá pronunciarse sobre ella.

El libelo consta de tres capítulos, en los cuales se hacen presente las supuestas infracciones legales en que habría incurrido el secretario de Estado, al omitir denunciar hechos ilícitos de los que habría tomado conocimiento durante el reciente paro de camioneros; en relación con el mismo caso, se le acusa de haber vulnerado la igualdad ante la ley, al haber tenido un trato diferenciado con el gremio, y por último, se le acusa por su responsabilidad frente a la falta de control sobre Carabineros, permitiendo que actúe con violencia innecesaria y desproporcionada.

A raíz del paro camionero, la oposición ya evaluaba una acusación en contra del ministro del Interior, pero con el paso de las semanas ello se fue diluyendo, por su evidente debilidad jurídica. El reciente incidente en que un adolescente cayó de un puente producto de la acción de Fuerzas Especiales de Carabineros, brindó la justificación para revivirla. Dichos incidentes también han dado pie para que la oposición exija además la renuncia o destitución del general director de Carabineros.

La liviandad con que se están tratando las acusaciones constitucionales provoca un fuerte daño a la institucionalidad, porque lo que debería ser una herramienta pensada para casos excepcionales, se está empleando como un arma con fines puramente políticos, incurriendo en los peores vicios de un parlamentarismo de facto. Confirma lo anterior que varios parlamentarios han insinuado que si el general director de Carabineros deja su cargo, entonces podrían reevaluar la acusación en contra del ministro del Interior, lo cual deja entrever un trasfondo que más bien parece apuntar a la destitución del jefe de la policía, lo que vendría siendo una suerte de moneda de cambio.

En el ejercicio de la autoridad siempre habrá situaciones complejas o la posibilidad de cometer errores, y habrán de asumirse las responsabilidades que ello implique. Para hacerlas efectivas existen distintas instancias, sean penales o administrativas, donde la destitución ha de ser la culminación tras haberse ponderado las distintas circunstancias. Pero cuando empieza a tomarse como práctica habitual exigir las destituciones en forma inmediata, invocando para ello las “responsabilidades políticas”, todo se desnaturaliza y se empieza a caer en la ingobernabilidad, pues las instituciones no pueden actuar con normalidad o sencillamente se inhiben en su quehacer. Esta senda reviste una enorme peligrosidad para la democracia, y por ello los parlamentarios deben ser muy conscientes del cuidado con que deben ejercerse las acusaciones constitucionales.

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