Una reforma previsional entrampada

La discusión de la reforma previsión en el Senado parece estar en una suerte de “punto muerto”, fundamentalmente por las diferencias que han surgido entre gobierno y oposición sobre el destino que tendrá el 6% de cotización adicional que plantea la reforma. Mientras el oficialismo aboga por que dicho ahorro se traspase íntegramente a las cuentas de capitalización individual, la oposición pretende que dicho ahorro vaya íntegro a un sistema de “cuentas nocionales”. Se añade además un nuevo foco de tensión, pues cunde entre parlamentarios la intención de aprobar un nuevo retiro desde las cuentas individuales, cuando todavía no se aquilatan bien los efectos del primer rescate.

El problema de las pensiones de vejez requiere del mejor análisis técnico, porque está en juego el bienestar de las personas en etapas avanzadas de la vida, y porque los errores en la estructuración del sistema pueden producir los más graves desequilibrios macroeconómicos. Sin embargo, mientras son bien conocidas las bases técnicas para llegar a pensiones de buen nivel sin poner sobre el fisco una carga financiera inmanejable, el país observa cómo su dirigencia política no logra consensuar medidas para resolver razonablemente el problema.

Parece haber un consenso extendido en cuanto a que el actual sistema de pensiones ha funcionado muy eficientemente solo para un grupo de la población -aquellos de rentas medias y altas, o que han logrado ahorrar a lo largo de toda su vida activa-, pero en cambio para la gran mayoría los resultados están lejos de ser satisfactorios. No hay duda entonces de que se requiere avanzar hacia un nuevo sistema, el que manteniendo el pilar de las cuentas de capitalización individual -donde cada trabajador sienta que es efectivamente propietario del aporte que ha realizado-, se introduzca a su vez una pensión básica para la mayor parte de la población, financiada con cargo a fondos de la nación. La discusión medular es cómo lograr llegar a este objetivo sin destruir las bases del sistema, donde ni las “cuentas nocionales” ni un nuevo retiro de fondos constituyen la respuesta para enfrentar las demandas que el país requiere, pues ambas alternativas pueden llevar a generar profundas distorsiones.

Después de todo, el principal problema en nuestro país ha estado en la baja frecuencia de cotizaciones de una mayoría de los afiliados al sistema, que ha resultado en pensiones insuficientes. Pero esto, que no es más que el reflejo de la alta tasa de informalidad en el mercado chileno, debería llevar a aumentar la formalidad laboral, lo que solo se logrará si los trabajadores perciben que formalizar su actividad no los expone a extracción de recursos sin una contrapartida clara de beneficios.

Esta noción debería ser considerada como una restricción definitiva a la posibilidad de establecer impuestos al trabajo, pero es ignorado en las propuestas que quieren, derechamente, hacer de las remuneraciones laborales la base para recaudaciones con fines redistributivos. Desde esta misma perspectiva de reducir la informalidad laboral, se entiende la resistencia a la iniciativa de “cuentas nocionales”, que envuelve el riesgo obvio de hacer que las cotizaciones previsionales sean percibidas como un fuerte impuesto al trabajo. Parece voluntarista asumir que los trabajadores chilenos confían y confiarán en que el Estado va a honrar siempre sus compromisos previsionales sin subordinarlos a otras demandas sobre sus recursos, en circunstancias que en la discusión reciente algunas voces incluso han abogado por el traspaso al Estado del actual stock de recursos privados acumulados en cuentas individuales. No es difícil darse cuenta que, en este contexto, un segundo retiro del 10% de los fondos individuales en cuentas previsionales resulta poco responsable, entre otras razones porque el Estado nunca va a poder compensar por completo el deterioro en pensiones que eso ocasionaría, en desmedro del nivel de vida de sectores muy vulnerables.

El Ejecutivo debería abstenerse de entrar a negociar fórmulas que no resuelven el problema de fondo de las pensiones, y el Congreso también haría bien en buscar acuerdos en el mejor interés del país. Lo que en este momento aparece como una discusión entrabada, podría despejarse si los esfuerzos se colocan en cómo asegurar mejores jubilaciones para la mayoría, sin incurrir en distorsiones que aumenten los grados de informalidad.