Una toma de razón urbana

Uno de los actos administrativos de mayor significancia en la gestión del Estado es la toma de razón por parte de la Contraloría General de la República, acto que puede definirse como un control jurídico, general y obligatorio, de la legalidad y constitucionalidad de los decretos y resoluciones. En la práctica, la toma de razón formaliza el momento en que el Estado asume como cierto y oficial que algo está ocurriendo y que cumple con su marco legal y procedimientos.

Un elemento común de este trámite y la evaluación de rentabilidad social de inversiones es el incentivo a esquivarlo. Esto ha llevado a una fragmentación de las acciones públicas, con el objeto de evitar evaluaciones y tramitaciones que desaceleren las intenciones de acción de las autoridades. Esta fragmentación, muchas veces, no se vincula con una visión estratégica que les dé sentido y coherencia a intervenciones de diversas escalas.

En términos de desarrollo urbano, esta necesidad de mirada estratégica ya fue planteada por el Estado a través de la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 2013, donde se puso en evidencia la urgencia de avanzar hacia la planificación integrada como elemento estructural de su implementación. En buena hora, el ministro Minvu, Cristián Monckeberg, en su ponencia del lanzamiento del Diplomado en Instrumentos de Planificación Urbana de la UC, expuso sobre la consecuente visión del actual gobierno con esta orientación. Es decir, una perspectiva de integración de la gestión del Estado y del mundo privado en el territorio, teniendo conciencia de las plusvalías y minusvalías que generan éstas en la ciudad y del involucramiento comunitario en estos procesos.

Uno de los ejemplos de la falta de integración, e incluso interacción de la acción pública, ha sido la falta de coherencia entre los límites urbanos establecidos por los Planes Reguladores Comunales y los territorios operacionales que rigen el actuar de las empresas sanitarias. Este descalce genera grandes problemas en el desarrollo de proyectos urbano habitacionales que se encuentran fuera de la cobertura sanitaria, situación que al parecer no fue considerada al momento de establecer las reglas del juego de las concesiones de este tipo de servicios públicos.

Este error -de grandes consecuencias para las ciudades- ha venido siendo discutido y postergado durante muchos años por diversas autoridades, sin quedar registro concreto de los avances. A pesar de estos esfuerzos, el Estado no ha tomado razón del problema, es decir, no se ha asumido en propiedad. Esto puede deberse a muchos motivos, pero esencialmente se debe a que su solución definitiva supera los posibles acuerdos entre la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eventuales modificaciones a mecanismos como el 52bis no asegurarán el tipo de solución sustentable que se requiere si no se asumen con claridad y radicalidad los costos directos e indirectos, actuales y futuros, de esta falla en la institucionalidad urbana del país. Asumir los costos reales de una mala planificación del territorio parte por asumir la realidad de la inversión del país en su planificación, en visualizar su futuro. Si en palabras del propio ministro, "planificar es pensar", ¿cuánto estamos invirtiendo en pensar antes de actuar y, luego, evaluar lo que hemos hecho?

El actual sistema de planificación no estará a la altura de los principios de la Política Nacional de Desarrollo Urbano ni de la Agenda Urbana de la ONU si no se sinceran los costos reales asociados. Planes reguladores que demoran 7 años en aprobarse no pueden ser instrumentos efectivos; planes reguladores metropolitanos sin una mirada integral no pueden ser ejemplos a seguir; estudios de planes reguladores que no llegan a su fin debilitan el sistema de planificación; gobiernos locales y regionales deben lidiar con una burocracia cada vez más compleja; estudios de riesgo sin un marco que permita tomar ventaja de los avances científicos es ineficaz; consultoras que deben asumir costos de los perfeccionamientos legales es injusto y poco sustentable.

Estos son algunos ejemplos de temáticas fundamentales que difícilmente pueden ser resueltas por gobiernos de cuatro años que deben mostrar resultados en el corto plazo, situación que desincentiva el abordaje de problemas estructurales que exigen más tiempo. El sistema de planificación que tenemos no corresponde a lo que el país necesita, el nivel de desarrollo del país nos debería forzar a tener una mirada estratégica integral que si hemos logrado en temas específicos como es el caso de la revolución energética que estamos viviendo. Situaciones como la nueva realidad climática o el envejecimiento de la población pondrán a prueba al país, si es que ya no lo están haciendo. Entonces cabe preguntarse hoy más que nunca si será el momento en que el Estado tome conocimiento cierto de esta situación y enfrente de manera definitiva las deficiencias que nuestro desarrollo a la chilena nos ha llevado a postergar de manera reiterada y consecutiva.