Unilateralidad histórica para un tema jurídico

Evo Morales ha tuiteado que "Antofagasta fue, es y será territorio boliviano". Sus palabras marcan un contraste con, lo que aparentemente, fue el tono respetuoso de su visita a Chile, y con el núcleo del alegato en la Haya, donde se ha afirmado que no se toca el Tratado de 1904. A saber y hasta donde sabíamos el objeto de esta demanda no era el irredentismo territorial de más de dos siglos, sino allanar a Chile para aceptar una negociación que, respetando el Tratado de 1904, introdujera una negociación política, no jurídica, destinada a una salida al mar de Bolivia de tipo soberana.

Quizás por ello el tono emotivo, las frases del tipo Chile construye muros, crea leyes para no cumplirlas, es como un niño que se divierte con sus vecinos, complementan el cierre de la intervención de Antonio Remiro Brotons al afirmar que hay necesidad de la intervención de la corte porque se está en una fase muy aguda de conflicto bilateral. Para ello sugiere introducir, de modo coactivo por el Tribunal mediante una negociación internacional vigilada, su novedosa teoría de derechos expectaticios. Todo lo anterior ha ido derivando en la idea que una situación de conflicto requiere un juicio "creativo" de la Corte. Y aunque éste no es juicio histórico, se deslizaron muchas afirmaciones acerca del carácter a lo largo de la historia de las relaciones mutuas, como si Chile hubiera tenido un designio marcado por aislar Bolivia en 1879.

Desde luego hay una interpretación histórica que trae a colación aspectos económicos tales como la presencia del capital británico en la zona, y que atribuye al conflicto a ésto. Nada se habla de las negociaciones, desde años antes, para intentar una alianza militar con Argentina, que expandiera el pacto secreto de alianza con Perú de 1873 y que Chile supo por diplomáticos brasileños. Negociaciones que llegaron al extremo de proponer una partición de Chile, durante la guerra del Pacífico, con generosas ofertas a los argentinos, que sin embargo no fructificaron por varios aspectos, entre ellos el incordio boliviano-argentino por Tarija.

Tampoco se dice nada de los maltratos a la población chilena, o del proyecto de su expulsión en 1879. La idea de la confiscación, estaba en el aire, ya que años antes Perú había hecho eso con las salitreras de Tarapacá en 1873 y 1875. Pero tal expropiación estaba fuera de las salvaguardas del Tratado limítrofe entonces vigente, y su violación era un desafío político y estratégico mayor que no se podía hacer en solitario. Algo de razón existía, ya que Perú cumplió su parte en el tratado antes mencionado, sin limitar con Chile. Lo hacía por razones de equilibrio de poder y porque era parte del seguro con que contaba Bolivia para enfrentar una guerra, que decidió en vez de ir a ésta, en vez de un arbitraje ya preestablecido.  Además esperaba un apoyo militar argentino que se esfumó más tarde. Precisamente las garantías acerca de la inversión chilena, fueron a cambio de resignar reclamaciones de limites previas, a cambio de establecer una frontera segura mediante un tratado.

Bajo esta perspectiva, el Tratado de 1904 no es diferente de los tratados que se han hecho para consolidar la incorporación de territorios, y que América Latina (y el mundo) conoce de sobra con muchas rectificaciones limítrofes. El Tratado fue firmado 20 años después de firmarse el Tratado de Tregua de 1884, que ocupaba temporalmente las provincias del Litoral. Fue pedido, como hemos consignado José Miguel Concha y yo, en El Tratado de 1904, por las autoridades bolivianas. A pesar que Bolivia sufrió antes y después muchas otras perdidas territoriales, atribuir a esta el carácter de calamidad apocalíptica dista mucho de la realidad, teniendo el bajo desarrollo boliviano tiene factores significativos como la falta de gobernabilidad, de inversiones, de nivel educacional, y últimamente una economía informal minada por el narcotráfico y el contrabando. El hecho que durante el siglo XX Bolivia tuviera uno de los índices de inestabilidad gubernativas más altos del globo no ayudó precisamente.

El clima enrarecido que han ido delineando los representantes bolivianos se basa en la articulación de la emoción como eje interpretativo de la cuestión a debatir. Aquí sale relucir la necesidad de justicia como una sentimiento de fondo, inacabado para devolver el equilibrio moral al mundo. Esto no es distinto de lo que en los años 20 y 30 del siglo XX propiciaba el jurista boliviano Daniel Sánchez Bustamante (1871-1933), quien llamaba a construir un derecho internacional basado en la necesidad de la justicia, y no en la legalidad internacional.

Pero tal argumentación tiene que soslayar el hecho que esta es una corte de justicia y no un receptor de acciones comunicacionales. Y dado que La Haya puede interpretar de acuerdo a derecho o a equidad, se inclinan los alegatos a construir una idea de la relación mutua como catastrófica, abusiva, y germinalmente violenta. No es extraño que tras el tono humilde de buscar una solución política, al margen del Tratado de 1904 (lo que significa su vulneración), quieran cargar todos los argumentos al lado de la equidad, para se sugiere dar una reparación, conseguir la justicia histórica, restableciendo el derecho del pueblo boliviano al mar.

Y aquí volvemos al punto inicial. El Presidente boliviano escribió que Antofagasta fue, es y será boliviana. Ello contradice los que sus mismos abogados alegan en La Haya: denota que su objetivo real es desmembrar y retraer la situación de Antofagasta hasta antes de 1879. Lo curioso es que en esa época, también la población era mayoritariamente chilena.

En suma, el criterio de volver atrás la historia y cambiar los límites está en el nervio de una "solución" como la propuesta por Bolivia. Es una manzana envenenada que se ofrece a los jueces. Versus el más aburrido y convencional de respetar los tratados, que es un camino que parece cuesta arriba para el Ejecutivo boliviano de todas las épocas, pero es el único que se acomoda a una convivencia pacífica, normal, y lejos del cuadro irreal, que dibujó Remito Brotons.