Urgente regulación en materia migratoria

Desde que el proyecto de ley sobre nuevo sistema de migración fue presentado en mayo de 2013 -bajo el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera-, hasta el presente, se estima que decenas de miles de extranjeros han llegado a Chile con el objeto de residir en el país. Algunos de ellos cumplen con la normativa vigente, otros utilizan la vetusta ley migratoria a su favor y unos pocos entran ilegalmente al país. Este fenómeno, a pesar de ser largamente debatido en los últimos años, lamentablemente no ha tenido la debida prioridad política.

La expresidenta Bachelet presentó un proyecto de ley que, pese a sus importantes coincidencias con la iniciativa presentada hace cinco años, no tuvo mayores progresos legislativos. Es por ello que es positivo que recién asumido el nuevo gobierno se haya priorizado la modernización de la regulación migratoria (la actual normativa data de 1975). El subsecretario del Interior ya se reunió con un grupo de parlamentarios oficialistas para discutir la estrategia legislativa para lograr generar un marco regulatorio que se adecue a la realidad nacional y a un mundo globalizado.

El Ejecutivo deberá sopesar qué camino seguir, aunque debido a las similitudes de ambos textos, quizá lo más razonable sería realizar indicaciones al proyecto enviado por la exmandataria, buscando lograr un marco regulatorio que facilite la inserción legal, cultural y laboral de todos aquellos que quieran venir a aportar al país, y, al mismo tiempo, entregue facultades para que las autoridades puedan expulsar de manera expedita a quienes no cumplan con la normativa chilena.

En este contexto, surgió la idea de parlamentarios de Chile Vamos de realizar una regularización masiva para aquellos extranjeros que se encuentren en el país de manera irregular o ilegal. Parece evidente que la idea de aprobar un nuevo marco legal que promueva una inmigración responsable debe ir de la mano de una regularización de quienes permanecen en el país a pesar de no cumplir con los requisitos para hacerlo. No obstante, sería un error avanzar con dicha regularización de inmigrantes sin antes establecer cuáles serán las nuevas reglas para ingresar y permanecer en el territorio nacional.

De lo contrario, podría terminar siendo un tercer "perdonazo", como los ocurridos en los años 1998 y 2007, donde miles de indocumentados pudieron regularizar su situación migratoria. Si bien dichas iniciativas significaron una ayuda para aquellos extranjeros que se acogieron al beneficio, no solucionó -y probablemente incentivó- el ingreso irregular de personas al país.

Por esta razón, parece más lógico que la propuesta parlamentaria sea tramitada en el mismo cuerpo legal que promoverá el Ejecutivo o bien sea realizada una vez que la ley ya haya sido tramitada por el Congreso. Únicamente de esa manera habrá certeza de que la regularización propuesta responda coherentemente a la normativa que se establezca como política migratoria de largo plazo, y no se incurra en arbitrariedades que entreguen señales confusas a quienes actualmente pretenden continuar su vida en Chile.