Opinión

Valioso paso para eliminar burocracia en educación


Esta semana el Presidente Sebastián Piñera convocó a una comisión de trabajo -compuesta por destacadas personalidades de un amplio espectro profesional y político- denominada “Todos al Aula”, a la que le encomendó la tarea estudiar y elaborar propuestas dirigidas a simplificar y coordinar la presión administrativa y regulatoria que actualmente ejercen distintos entes públicos sobre los establecimientos educacionales. Ello, con el objetivo último de avanzar en ampliar los espacios para que los directivos escolares puedan liberarse de la excesiva burocracia y concentrarse en el mejoramiento de la calidad de la educación que reciben sus alumnos.

Hace algunas semanas, este medio informó de cuantiosos recursos provenientes de la Subvención Escolar Preferencial (SEP), que los colegios desperdician anualmente debido a las complejidades administrativas que su utilización contempla. Y al parecer ello no sería una situación aislada: la compleja estructura de las subvenciones, los diversos propósitos para los cuales éstas han sido creadas, la complejidad en los requerimientos para respaldar el uso de los recursos, y los diversos criterios de la Superintendencia, son sólo algunas de las dificultades detectadas que podrían explicar las limitaciones que muchas veces enfrentan los equipos directivos a la hora de tomar decisiones.

Asimismo, de acuerdo con el Ministerio de Educación, hoy existen más de 2.300 obligaciones que la normativa educativa impone a los sostenedores y directores, lo que inevitablemente les arrebata una parte importante de su tiempo y les impide concentrarse en las labores propiamente educativas. Según un análisis de Educación 2020, entre un grupo de establecimientos consultados los directores señalaron destinar entre un 40% y un 80% de su tiempo en el cumplimiento de exigencias burocráticas.

Entre las razones que explican el por qué se ha llegado a esto, está el clima de desconfianza a partir del cual se ha venido legislando en los últimos años, bajo el cual se ha instalado la idea de que sólo el Estado puede garantizar el buen uso de los recursos. La consigna del “fin al lucro” es quizás el mejor ejemplo de lo anterior: ésta llevó a una caricaturización de los sostenedores escolares, posicionándolos como enemigos de las familias, y terminó engendrando un sinnúmero de nuevas prohibiciones y entorpecimientos a su gestión, ninguna de las cuales apunta verdaderamente a mejorar los procesos ni los resultados.

Es por lo anterior que la iniciativa anunciada por el Presidente es una buena noticia, que constituye un giro respecto al diagnóstico que el gobierno anterior instaló durante los últimos años. Con ésta se reconoce que es la escuela -y no el Estado- la que puede realmente llevar a cabo las mejoras en educación, y por primera vez en mucho tiempo la trata como aliada y no bajo permanente sospecha. No cabe duda de que en la medida que se logre un punto de equilibrio razonable entre la adecuada fiscalización del cumplimiento de ciertos mínimos y la necesaria autonomía escolar, será un avance relevante en restablecer las confianzas.

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