Amnistía acusa a gobierno y fiscalía de abusar de uso de Ley Antiterrorista

Capítulo chileno del informe anual que presentará hoy el organismo aborda los derechos de los pueblos indígenas. Texto señala que se ha “abusado” de la norma para “procesar a mapuches sin cumplir con las debidas garantías procesales”.


A las 10 horas de hoy, Amnistía Internacional dará a conocer su informe anual denominado “La situación de los derechos humanos en el mundo 2017-2018”, en que se aborda el panorama en materia de DD.HH. en 159 países y territorios.

El texto, de casi 500 páginas, al que tuvo acceso La Tercera, dedica un capítulo a Chile, en el que -al igual que en su última versión- acusa un “uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, especialmente contra comuneros mapuches”.

En ese marco, el capítulo chileno cita casos como el del joven de 17 años Brandon Hernández, quien recibió más de cien perdigonazos en la espalda en 2016 por parte de un carabinero, y la reapertura por parte de la Corte Suprema del caso de Álex Lemún, “muerto por disparos de un agente de policía en Ercilla” en 2002.

En el apartado “derechos de los pueblos indígenas”, el informe aborda el uso de la Ley Antiterrorista, cuya aplicación ha sido objeto de debate en las últimas semanas, en medio de la polémica por la denominada Operación Huracán, en la que fueron sobreseídos los ocho imputados formalizados por Ley Antiterrorista y que ha gatillado una controversia entre la fiscalía y Carabineros por supuesta suplantación de pruebas.

El pasado 11 de febrero, el presidente electo Sebastián Piñera anunció cambios operativos y administrativos a las fuerzas policiales y una modernización de la Ley Antiterrorista, que incluiría herramientas de investigación como agentes encubiertos, entregas vigiladas y testigos protegidos.

“El Ministerio Público y el gobierno han seguido abusando de la Ley Antiterrorista para procesar a mapuches sin cumplir las debidas garantías procesales”, dice el informe de Amnistía Internacional, recordando que “en 2014 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró (en el caso Norín Catrimán y otros) que aplicaciones similares de la Ley Antiterrorista contra activistas mapuches violaban la Convención Americana sobre DD.HH.”.

El texto, de hecho, aborda la Operación Huracán, aunque hasta diciembre del año pasado, cuando se cerró el informe, detallando que a los detenidos se los acusó “de asociación ilícita para la comisión de actos terroristas en conexión con los incendios de decenas de vehículos de carga y la planificación de tales incendios. Nadie resultó herido en esos incidentes”. Luego se agrega que los acusados “estuvieron detenidos en espera del juicio hasta octubre, cuando la Corte Suprema declaró ilegítima su detención y ordenó su excarcelación, dado que la jueza no había justificado adecuadamente la necesidad de la prisión preventiva”.

Entre otros casos citados está también el de los 11 mapuches acusados de “terrorismo” en el marco del incendio que terminó con la vida de Werner Luchsinger y Vivian Mackay en 2013, incluyendo a la machi Francisca Linconao.

“Las 11 personas acusadas habían estado detenidas en espera del juicio o bajo arresto domiciliario durante 18 meses. Tras la apelación del Ministerio Público en diciembre, el juicio y la absolución se declararon nulos. Está previsto que el juicio se repita en 2018”, dice el escrito.
Objeción de conciencia

En el marco de los “derechos sexuales y reproductivos”, el capítulo chileno alude al proyecto de despenalización del aborto en tres causales -riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto y violación-, que entró en vigor en septiembre del año pasado, haciendo hincapié en la objeción de conciencia para el personal médico y las instituciones que “optaran por no realizar abortos incluso en esas circunstancias”. Esta última objeción fue cuestionada por la directora de Amnistía Internacional-Chile, Ana Piquer (ver página 11).

En el apartado sobre derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), el organismo internacional hace alusión al envío por parte del gobierno del proyecto de matrimonio homosexual con derecho a adopción y la aprobación en el Senado del proyecto de identidad de género, que establece el reconocimiento legal de la identidad de género para mayores de edad.

En materia de “impunidad”, Amnistía dice que las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar siguen exigiendo justicia, verdad y reparación, añadiendo que “aunque los tribunales han conocido de cientos de casos, la mayoría de los condenados no cumplen penas de prisión y muchas víctimas carecen aún de acceso a mecanismos institucionales para exigir reparación”.

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