"Quedan cinco días y yo no hago anuncios por la prensa. Ahí se verá", dijo el martes por la noche la Presidenta Michelle Bachelet, en entrevista en Canal 13, sobre el cierre del penal Punta Peuco, donde cumplen sentencia ex uniformados condenados por violaciones a los DD.HH.
El comentario instaló la incertidumbre sobre el futuro del centro penitenciario. Una opción que ha estado presente en el debate público desde que en agosto de 2015 una de las víctimas del denominado caso quemados, Carmen Gloria Quintana, asegurara tras una reunión con la Mandataria que ella se había comprometido a cerrar el recinto en septiembre de ese año.
Bachelet nunca confirmó ni descartó públicamente si asumió ese compromiso con Quintana. Sin embargo, se trata de una decisión que es vista como una prioridad para las agrupaciones de derechos humanos y para sectores de izquierda, que en los últimos días han reforzado la ofensiva para que Bachelet clausure el penal.
"Siempre he tenido confianza en que la Presidenta va a cumplir su palabra y va a cerrar Punta Peuco mandando a todos esos genocidas a Colina I, donde debieran estar", dijo el miércoles a La Tercera el diputado PC y miembro de la Comisión de DD.HH. Hugo Gutiérrez.
Su par de la misma instancia Tucapel Jiménez (PPD) agregó que "el año pasado, cuando salió el tema, dije que era súper malo lo que había pasado, porque se ha provocado una incertidumbre... Ahora más que nunca es válida mi opinión de ese momento. Ya no se cerró, pero debió haberse dicho que no se iba a cerrar".
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, sostuvo, en tanto, que la respuesta de la Presidenta fue "poco clara", por lo que "uno no sabe cómo interpretarla". "Lo cierto es que el gobierno -continuó- termina con una gran deuda en estas demandas".
Posibles escenarios
Fuentes de gobierno aseguran que el comentario realizado por Bachelet tomó por sorpresa a las autoridades del Ministerio de Justicia.
"Ella ya lo respondió. Hasta el día de hoy yo no tengo conocimiento. Y es lo que les vengo diciendo hace un año y medio", dijo el miércoles el titular de Justicia, Jaime Campos.
Hasta el miércoles en la tarde, desde el Ejecutivo aseguraban que no había ningún antecedente nuevo al respecto. Sin embargo, se trata de una opción que ha sido evaluada. En esa línea, si se llegara a concretar el cierre, supondría realizar el traslado de cerca de 70 personas hacia Colina 1. Otro grupo, en tanto, se iría a regiones y los presos más emblemáticos partirían a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS). También se estudia incorporar al penal a mujeres embarazadas con niños recién nacidos y enfermos no terminales de cárceles comunes.
Fuentes del futuro gobierno de Sebastián Piñera afirmaban que, pese a la relación fluida que se ha dado entre el ministro de Justicia saliente con su sucesor, Hernán Larraín, hasta la tarde del miércoles no se había confirmado a las autoridades entrantes información respecto del cierre. En todo caso, tanto Sebastián Piñera como Larraín ya han fijado postura. "Si hay un penal que funciona razonablemente no hay para qué cerrarlo", ha dicho Larraín.