Escrito UDI al TC acusa a Contraloría de "vicios de fondo"

Un borrador de ocho páginas es el resultado, hasta ahora, del requerimiento que encargó la bancada UDI al abogado Carlos Oyarzún para presentar ante el Tribunal Constitucional (TC).

El objetivo es que ese organismo se pronuncie sobre el dictamen que emitió la Contraloría el 9 de mayo, que declaró ilegal el protocolo de objeción de conciencia elaborado por el gobierno en el marco de la ley de aborto. Según determinó Contraloría, "los establecimientos públicos de salud no pueden invocar objeción de conciencia, debido a que es función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud".

En este escenario, el 3 de julio la bancada gremialista, liderada por Javier Macaya, acordó impulsar la ofensiva -de manera paralela al escrito que preparan los senadores de la UDI- y comenzar a reunir las 39 firmas necesarias para presentar el escrito ante el TC.

Así, mientras esperan sumar apoyos y que la Contraloría tome razón del nuevo reglamento que ingresó el gobierno el 29 de junio, ya tienen la estructura central del documento que presentarán al TC.

El escrito parte con la "descripción de los hechos", señalándose que en el dictamen "el ente contralor expresó vicios de fondo". En ese sentido, se explica que entre los argumentos que emitió la Contraloría para sustentar su pronunciamiento, "mandata a la autoridad administrativa dictar instrucciones operativas para ejercer la objeción de conciencia". Esto, se señala, "es cuestionable, toda vez que el protocolo no se excedía del hecho de establecer instrucciones operativas para ser objetoras de conciencia".

El borrador de los diputados, además, afirma que "el dictamen de la Contraloría ignora el principio de subsidiariedad" establecido en el artículo 1 de la Constitución (...), ya que cuando se menciona que las instituciones que celebran convenios cumplen una función pública, recibiendo para ello recursos públicos, no se puede derivar el hecho de que la institución pase a estar sujeta a todas las obligaciones que tiene una institución de salud pública, por el solo hecho de recibir recursos públicos".

Así, el borrador apunta al nuevo reglamento del Ejecutivo, dejando claro que el gobierno tuvo que cumplir con lo establecido por Contraloría. "Lo que establece el reglamento, y que según esta parte se considera inconstitucional, es que las instituciones que sean objetoras no podrán celebrar convenios conforme al Decreto con Fuerza de Ley N° 36 de 1980 en materias de obstetricia y ginecología, conforme al artículo 14 inciso 2° de dicho reglamento", dice el texto.

Asimismo, sostiene que el dictamen de la Contraloría contradice lo dicho por el propio TC en el fallo que emitió el 28 de agosto. "Allí (en ese fallo) se sentaron las bases para reconocer la objeción de conciencia de las instituciones privadas, y de la necesidad de no limitarla", dice el texto.

Además, en el escrito se plantea que la limitación de los organismos que pueden ser objetores de conciencia vulnera la Constitución. Por ejemplo, se señala que se vulnera la autonomía constitucional de los grupos intermedios y que "el Estado se está entrometiendo en las decisiones propias de las instituciones privadas de salud, toda vez que está coaccionándolas a que no sean objetoras".

También se afirma que hay una discriminación arbitraria contra las instituciones objetoras, argumentando que "no supera el examen de razonabilidad el hecho de que no se aplique la misma carga para las instituciones privadas objetoras, y se establezca la prohibición de celebrar convenios". Finalmente, dice que se vulnera el "respeto del ideario de las instituciones privadas".

En la bancada UDI explican que este requerimiento apunta más allá de la discusión valórica sobre el aborto, y que busca defender la manera en que la sociedad civil ejerce su autonomía, la que -dicen- no puede verse coartada por recibir recursos del Estado. Así, creen necesario que el TC se pronuncie, porque, de lo contrario, dicen que se podría generar un precedente.

En ese sentido, en la UDI apelan a que RN y Evópoli, que aún no zanjan si ir al TC, se sumen. "Nos interesa que el requerimiento sea visto por RN, Evópoli y las miradas más liberales, como una manera de relevar el valor del Estado subsidiario, más que una discusión valórica sobre aborto", dijo ayer Macaya.