Golborne y el SII defienden acuerdo del caso Penta ante el TC

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Exministro Laurence Golborne.

En escritos, el SII y el exministro solicitan la inadmisibilidad del recurso presentado por el PS para impugnar el acuerdo con fundadores del grupo.


Sólo faltó la postura del Consejo de Defensa del Estado. Porque en el expediente público registrado en el Tribunal Constitucional donde radica el requerimiento de inaplicabilidad que el Partido Socialista ingresó para oponerse como querellante, al acuerdo que el fiscal Manuel Guerra selló con los controladores de Penta para poner fin al caso sin juicio, la mayoría de los intervinientes piden que sea declarado inadmisible.

Según los registros públicos que el TC expone online para cada expediente, aparte de los escritos que la defensa de los controladores de Penta y el Ministerio Público ingresaron para defender su acuerdo, el ex ministro Laurence Golborne, también imputado en la causa pero no considerado en el acuerdo mencionado, optó por responder a la consulta del Tribunal (o traslado), argumentando a través de su abogado Carlos Cortés, que el reclamo debía ser decretado inadmisible.

Del mismo modo, por primera vez, el Servicio de Impuestos Internos (SII) -también querellante en la causa en virtud de los delitos tributarios comprometidos- argumenta a favor del acuerdo, señalando también, que el requerimiento no debe avanzar en su tramitación.

El Ministerio Público tiene fijada fecha de audiencia para llevar el procedimiento abreviado con los controladores de Penta y el exsubsecretario de Minería, Pablo Wagner, para el próximo miércoles 13 de junio, a las 10 horas. En la instancia se recalificarán los hechos vinculados al delito de cohecho y se reformalizará a los imputados, puesto que los $42 millones que "Los Carlos" pagaron a Wagner, a juicio de la fiscalía, constituirían el delito de enriquecimiento ilícito.

Así, tras esa reformalización, el fiscal Guerra procederá junto a la defensa de Penta, Julián López, a concretar el procedimiento abreviado pactado, que implica penas de cuatro años para Délano y Lavín, y dos para Wagner. Esto además de una multa del SII que aún no se hace pública.

Sin embargo, la ofensiva de los dirigentes del PS, Leonardo Soto, Osvaldo Andrade, Marcelo Schilling y Daniel Melo, a través de su abogado, Enrique Aldunate, podría postergar la audiencia programada.

Esto porque el propio recurrente, ingresó un escrito el lunes 4, para solicitar al TC, que se lleve a cabo una audiencia de alegatos para discutir la admisibilidad, y que esta se realice antes de la audiencia de abreviado.

"Solicito a vuestra señoría se sirva decretar audiencia y oír alegatos, previo a pronunciarse sobre la admisibilidad del presente requerimiento, fijando fecha con antelación a la audiencia fijada en el tribunal de Garantía", dice el escrito ingresado por Aldunate.

A la petición se sumó el Servicio de Impuestos Internos, que en un otrosí de su escrito rechaza la admisibilidad del recurso y solicita que esto se argumente en audiencia ante los ministros constitucionalistas.

De fijarse alegatos, en cuya resolución se declarase admisible el recurso de los socialistas, la audiencia del 13 próximo quedaría suspendida hasta el final de su tramitación.

Argumentos de Golborne y el SII

En sus escritos, tanto el SII como la defensa del ex ministro, refutan los preceptos impugnados por el PS.

En el recurso se plantea, entre otras cosas, que el acuerdo contradice garantías constitucionales en relación a la facultad exclusiva de los tribunales de conocer y resolver causas criminales. Eso además de transgredir los derechos de los querellantes y cuestionar que el Ministerio Público le reconozca atenuantes de colaboración sustancial a los imputados.

Según el abogado de Golborne, el PS está llevando al norma a extremos, y para el caso de los atenuantes, señala que el Tribunal no está obligado a aceptar el trato.

Por su parte, el SII coincide con Golborne respecto a que el reconocimiento de la colaboración de los imputados "va a quedar entregado a lo que resolverá el juez de garantía". Así, explica en su escrito que los preceptos legales impugnados por el PS no resultan decisivos en la resolución de la causa, y a su juicio, carecen de fundamento.

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