PS lleva a Contraloría a canciller por no firmar decreto que autorizó viaje a Larraín

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El canciller Ampuero y el ministro Larraín.

También pide a organismo fiscalizador pronunciarse por omisión en declaración de intereses del titular de Hacienda sobre su pertenencia al Alumni Council de Harvard.


Un nuevo flanco para el Ejecutivo detectó el PS tras analizar las respuestas que ha entregado el gobierno respecto del cuestionado viaje del ministro de Hacienda, Felipe Larraín, al Alumni Day de Harvard, visita que fue financiada por el Fisco y denunciada ante Contraloría por los diputados Leonardo Soto y Manuel Monsalve, por supuestamente contravenir la probidad administrativa.

Durante esta mañana, Monsalve y Soto presentarán otra moción ante el organismo fiscalizador, esta vez contra el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, y contra Larraín. Al primero, por omitir dictar el decreto de comisión al extranjero del titular de Hacienda, y en contra de Larraín por no haber consignado en su declaración de Patrimonio e Intereses que pertenece al Alumni Council del Harvard Graduate School of Arts and Sciences.

También pedirán a Contraloría que oficie a Presidencia para que se explique por qué no se firmó el decreto para el periplo.

La crisis

El viernes 11, Larraín, quien ha insistido en que su presencia en el evento que se desarrolló el 14 de abril en Boston prestigia al país, anunció que ya había llegado "el reembolso de la universidad" por su viaje. Con ello, el viaje, que tiene asociado un desembolso en pasajes de $ 4.175.334 y un viático de $ 991.860, lo que hace un total de $ 5.167.194, había quedado en un costo neto de $ 1.792.930. Explicó que esta diferencia había sido asumida por él "sujeto" al dictamen de Contraloría. Es decir, los dineros le serían reintegrados por el Estado si se falla a su favor. En paralelo, desde La Moneda y Hacienda precisaron que el decreto de comisión de servicios al extranjero, que debe ser visado por Cancillería y firmado por el Presidente, y que valida la explicación de Larraín de que se trata de una actividad oficial, quedaría pendiente de la resolución del organismo fiscalizador.

Si bien la explicación del gobierno buscó calmar las críticas al proceder de Larraín, abrió nuevas aristas administrativas. Según se detalla en el escrito del PS, el Estatuto Administrativo que regula las obligaciones funcionarias referentes a las destinaciones, comisiones de servicio y cometidos funcionarios, establece que para que un ministro salga del país en razón de su cargo, "el decreto que así lo disponga deberá ser fundado, determinando la naturaleza de ésta y las razones de interés público que la justifican, a menos de tratarse de misiones de carácter reservado, en que será suficiente establecer que el funcionario se designa en misión de confianza. En todo caso, el decreto especificará si el funcionario seguirá ganando en su totalidad o en parte de ellas las remuneraciones asignadas a su cargo u otras adicionales, en moneda nacional o extranjera, debiendo indicarse la fuente legal a que deba imputarse el gasto y el plazo de duración de la comisión".

Y añade al respecto dos datos relevantes: que en fallos precedentes la Contraloría ha exigido que tal decreto sea firmado antes de que produzca el viaje y que el propio Piñera, junto a Larraín, emitieron el Instructivo Presidencial número 2 del 4 de abril de 2018, para la austeridad y eficiencia de los recursos públicos, en que ordenan que toda comisión de servicio al extranjero debe ser autorizada con al menos 20 días de anticipación a la fecha de su inicio.

En cuanto a la pertenencia de Larraín al Alumni Council, destacan que la ley obliga declarar "actividades profesionales, laborales, económicas, gremiales o de beneficencia, sean o no remuneradas, que realice o en que participe el declarante, incluidas las realizadas en los 12 meses anteriores a la fecha de asunción del cargo", algo que no figura en los documentos públicos del ministro. Agregan al respecto que de esta omisión deriva el lío actual. "La violación evidente a lo dispuesto en la Ley N° 20.880 trae como consecuencia un conflicto de interés y una infracción al principio de probidad al colocar equivocadamente como parte del interés general el financiamiento por fondos públicos de organizaciones de las cuales es miembro; el financiamiento público para la exposición de un libro particular o privado en el marco de un encuentro con excompañeros, organizado por el Alumni Council anteriormente individualizado".

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