SQM: Contesse no asiste a cuarta declaración y acuerdo queda en suspenso

Exgerente general de SQM, Patricio Contesse.

El 7 de mayo estaba agendado un nuevo testimonio del exgerente, pero este declinó comparecer. ¿La razón? No piensa admitir el delito de soborno.


En punto muerto. Así se encuentran las negociaciones que el exgerente de SQM Patricio Contesse y su abogado, Samuel Donoso, venían sosteniendo con la fiscalía para arribar a un procedimiento abreviado que evitara un juicio oral en el caso SQM y su arista por el Royalty minero.

Tres declaraciones ha prestado hasta ahora en la fiscalía el exgerente de la minera. Todas en enero de 2018: los días 15, 29 y 30. Y se presentaron así porque, tal como se acordó con el Ministerio Público, su testimonio sería entregado a través de una serie de episodios, el que todavía no ha culminado.

El 7 de mayo pasado, sin embargo, Contesse dio un giro en su estrategia y pese a que tenía programado comparecer ante la fiscalía para ser interrogado por cuarta vez, el exbrazo derecho de Julio Ponce no compareció ante los fiscales y tampoco se reprogramó un nuevo día para continuar con su testimonio.

Quienes conocen los pormenores de su decisión explican que todo radica en que Contesse no piensa admitir ante fiscales ni jueces que -como se le imputa- sobornó al exsenador, exministro y amigo personal, Pablo Longueira. Así, a su parecer, la fiscalía se encuentra en una situación compleja, lo que amerita que su defensa tome la ofensiva.

Contesse está imputado por soborno luego de que el Ministerio Público encontrara correos entre él y Longueira, en los que intercambian posiciones respecto de modificaciones al proyecto minero que beneficiarían a SQM.

Abogados que han seguido de cerca esta causa no descartan que Contesse esté considerando defenderse de los delitos por los cuales está formalizado -tributarios y soborno- en un juicio oral.

Su giro -explican- se sustenta, en parte, en que la Corte Suprema ya manifestó su rechazo al desafuero de Fulvio Rossi, bajo el argumento de que sin dolo directo, los aportes de una empresa a las campañas no configuran un delito tributario, al menos para los políticos que recibieron los recursos.

En el entorno del exgerente -y en el de las distintas defensas de la causa- se ha intensificado el apoyo a la tesis de que el Ministerio Público ha intentado sancionar una conducta ligada a infracciones de campaña electoral -que se encuentran prescritas- por la vía de la configuración de un delito de carácter tributario. Según se ha dicho, ese diseño, promovido por el exfiscal Carlos Gajardo, ha judicializado “mañosamente” estos casos, contrariando el Estado de derecho.

Otro de los puntos que lleva a Contesse a no declarar y a considerar combatir judicialmente con la fiscalía ante un tribunal oral, es que encuentran débil la trama sobre la cual se busca construir el presunto cohecho entre él y Longueira. “La fiscalía debe acreditar que determinados pagos o aportes fueron efectuados, con mucho tiempo de anticipación, a personas que ellos consideran cercanos a Longueira. Sin considerar que en un futuro imposible de predecir (terremoto del 2010) el senador y posterior ministro iba a actuar en beneficio de la minera no metálica”, explica una fuente ligada al entorno del exgerente.

Del mismo modo, la defensa de Contesse posee en carpeta una ofensiva judicial en curso, de cara a un juicio oral: buscar excluir los correos electrónicos entre él y Longueira como medios de prueba, comunicaciones sobre las cuales se sustenta gran parte de las imputaciones de la fiscalía. La defensa ha argumentado que estos se obtuvieron en forma ilícita. Incluso, las mismas fuentes consideran que en caso de llegar a un resultado adverso para Contesse en un juicio oral, esa disputa por los correos podría anular el juicio.

Así, tras tener un avanzado acuerdo con el Ministerio Público, Contesse y su defensa -buscando tomar la ofensiva- suspendieron las tratativas por ahora. Esto, mientras varias defensas apuntan a que si estos casos quedan sin condenas, los persecutores deberán -a largo plazo- justificar comunicacionalmente el gasto fiscal incurrido en las causas.

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