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Ajuste del salario mínimo

La tradición indica que pronto se discutirá el reajuste del salario mínimo, el que no debería subir más allá de la inflación. Para más adelante sería conveniente cambiar la política hacia una de ingresos sociales otorgados por el Estado, para no afectar la contratación.


Se avecina la discusión sobre el reajuste del salario mínimo, lo que tradicionalmente ha generado un áspero debate. La negociación entre la CUT y los ministerios de Hacienda y Trabajo comenzaría la segunda quincena de junio, ya que la fórmula plurianual quedó atrás.

En 2015 el salario mínimo llegó a $241 mil, en 2016 fue de $250 mil y en julio de 2017 alcanzó los $270 mil. Sólo el reajuste de enero de este año quedó fuera de la negociación plurianual, lo que volvió a confrontar a la multisindical con el gobierno, ya que el aumento desde el primer mes de 2018 fue de $6 mil, llegando a los $276 mil actuales.

En este contexto, los economistas plantean que ante la baja inflación en 2017 y el nulo crecimiento de la productividad, el sueldo mínimo tendría poco espacio para aumentar. Dado que la inflación el año pasado cerró en torno al 2,3%, el alza en el salario mínimo no debería alejarse de ese dato para evitar un impacto nocivo mayor en los segmentos más expuestos a este tipo de salarios.

No se debe perder de vista que en Chile son cerca de un millón de trabajadores los que perciben el salario mínimo (11% de la fuerza de trabajo), por lo que su variación sigue provocando impacto no menor, especialmente en los segmentos de trabajadores (y potenciales trabajadores) menos calificados, así como también e el caso de las empresas pequeñas y medianas que tienden a presentar un mayor porcentaje de funcionarios en ese nivel de estipendio.

Dicho lo anterior, se requiere una transformación mayor en la forma en que se debe analizar esta materia. Dejar de hablar de salario y pasar a un ingreso mínimo, en base a una política de beneficios sociales provenientes del Estado (y no de la empresa) para que las personas reciban más ingresos. Así, se evitaría que al subir el costo laboral de manera artificial se termine afectando la contratación de los segmentos menos calificados o menos productivos.

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