Proyecto pro inversión: Financiamiento de plataformas digitales costará US$ 4 millones

Los recursos se destinarán a crear sistemas tecnológicos para agilizar trámites en la DGA y en la Dirección de Obras Municipales.


Casi US$ 5 millones costará durante el primer año, el proyecto de ley que propone diversos cambios legales para promover la inversión, que ingresó ayer a tramitación legislativa a la Cámara de Diputados. Fue calificado con urgencia simple y enviado a la Comisión de Economía, y a la de Hacienda, en segundo lugar.

El texto, que propone 17 ajustes y modificaciones para reducir los plazos de tramitación y otorgar mayor certeza jurídica a los proyectos de inversión, involucra algunos costos para el erario nacional adjuntos en el Informe Financiero. El documento sostiene que hay dos normas que implicarán efecto fiscal: los cambios a la Ley general de Urbanismo y Construcciones; y al Código de Aguas.

Respecto del primero, el financiamiento debe ser destinado a la creación de una plataforma digital en la Dirección de Obras Municipales que en el primer año llegará a US$4,5 millones (con el dólar a $600), y que en régimen alcanzará los US$3,9 millones. La propuesta implica contar con un sistema que permita la tramitación electrónica de anteproyectos y permisos de edificación; hacer públicas las resoluciones que aprueban los anteproyectos, subdivisiones y permisos; publicar los permisos de edificación y fijar criterios para establecer multas; todo con el fin de evitar la visita presencial para realizar o informarse del estado de avance de diversos trámites necesarios a la hora de iniciar una obra.

El segundo costo se refiere la instalación de un sistema informático en la DGA por un costo inicial alto de US$477 mil. El objetivo de esta plataforma es permitir ejecutar las solicitudes vía internet y no sólo físicamente en la oficina de la gobernación como obliga hoy la ley.

Una vez implementado el sistema se podrán recibir y tramitar digitalmente las presentaciones referidas a los derechos de aprovechamiento de aguas como solicitud de derecho sobre aguas superficiales y subterráneas, y la solicitud para la construcción, modificación, cambio y unificación de bocatomas, entre otros.

El proyecto, además, trajo consigo un informe de productividad. Cabe recordar que en la última parte del gobierno de Bachelet en los proyectos se incluía un informe de este tipo, ejercicio que no se conocía si mantendría esta administración.

Seguir leyendo