La Tercera

Jorge Abbott, Fiscal Nacional: “Está en duda la confianza de todo el sistema penal”

La máxima autoridad de la Fiscalía aborda la crisis por la Operación Huracán, la mayor desde la instalación de la reforma procesal penal. “Acá está en juego la credibilidad de una institución relevante para el Estado”, dice, y asegura que habrá un antes y un después de este caso.

El sistema penal va a sufrir una derrota independiente de cual sea la postura- de ustedes o Carabineros- que termine imponiéndose. ¿Lo comparte?

Efectivamente se va a ver afectado el sistema o se está viendo ya afectado cuando como Ministerio Público hemos detectado información que se nos ha entregado y que, de acuerdo a las pericias que hemos hecho, han sido manipuladas. Esto nos ha llevado a tomar la decisión de no perseverar en una investigación. Eso es un hecho que afecta la credibilidad de las instituciones y afecta, también, al proceso y por eso va a ser muy importante el resultado de las investigaciones. Cuando dos peritajes nos indican que hubo adulteración tuvimos que tomar la decisión de no perseverar atendiendo que se cumplía el plazo de investigación en la Operación Huracán. Estábamos obligados. Nos rige el principio de objetividad y por eso el fiscal regional Cristián Paredes toma esa decisión.

¿Le parece que ésta es una de las crisis más importantes que ha enfrentado la Fiscalía?

Estamos en presencia de una situación puntual de especial gravedad en que de algún modo obliga a todas las instituciones que están involucradas a buscar resolver el problema y creo que las instituciones debemos colaborar en la búsqueda exactamente de lo que allí ocurrió, quién eventualmente puede ser responsable de estos hechos que afectaron y están afectando la investigación.

¿Espera algún gesto de Bruno Villalobos?

Más que esperar un gesto del general director de Carabineros lo que el Ministerio Público espera es que dicha institución policial se ponga a disposición de la investigación que llevan adelante los fiscales Paredes y Palma y colaboren con todas las diligencias que se desarrollan. Acá está en juego la credibilidad de una institución relevante para el Estado y, por consiguiente, está en duda la confianza de todo el sistema penal. Por eso es importante que esta investigación se desarrolle lo más rápidamente posible.

La Asociación de Fiscales denunció que el fiscal Paredes ha sido objeto de seguimientos policiales y se solicitó protección. ¿Esto no hace escalar la gravedad de todo?

No parece haber ninguna razón plausible por la cual haya personal policial de civil haciendo imágenes de un fiscal en el ejercicio de sus facultades y doy por sentado que la autoridad política competente se pronunciará y actuará sobre una situación tan anómala. El Ministerio Público está haciendo esfuerzos por dar absoluta normalidad al trabajo con todos los organismos auxiliares de la justicia con los que debe relacionarse. Esto no ayuda en el cumplimiento de las obligaciones que tenemos frente a la comunidad y merecen nuestro total rechazo.

Hay un problema directo con Inteligencia de Carabineros…

A ver… hay algunas dificultades con personas determinadas pertenecientes a unidades de Carabineros de Chile.

Pero esas unidades están mandatadas por el general Gonzalo Blu. ¿Es responsable el Alto Mando también?

Eso tendrá que determinarse en la investigación. Es imposible anticipar antes de su término si existen responsabilidades específicas del mando, a qué nivel del mando, si es que estos hechos ocurrieron en la forma que suponemos que ocurrieron por las pericias que tenemos en nuestro poder.

El Alto Mando de Carabineros ha hecho declaraciones como la del general Blu, que dijo que la Fiscalía estaba amparando a autores de actos de violencia en La Araucanía. ¿Cómo toman esa declaración?

Nos parece absolutamente desafortunada. Lo que habría procedido es ponerse a disposición del Ministerio Público y del sistema procesal penal para esclarecer los hechos y no hacer las afirmaciones que realiza el general Blu que -le reitero- creo que fueron desafortunadas y lamento que las haya formulado.

El oficial pidió al Poder Judicial que no acoja el cierre pedido por la Fiscalía…

La verdad es que no le corresponde hacer ese tipo de peticiones porque Carabineros no es interviniente en la causa y, en consecuencia, su afirmación no puede tener ningún efecto.

Esa declaración fue el inicio de una jornada dura. Ese viernes Carabineros realizó el allanamiento en Temuco. ¿Qué lectura hay de ese hecho?

Al igual que las declaraciones del general Blu, nos parece que fue una conducta desafortunada de parte de quienes ordenaron realizar esas acciones, pero ello fue resuelto luego por el propio general director, quien dio las instrucciones de entregar todos los elementos que estaban ordenados para incautar por el juez de garantía.

¿Ha podido conversar con el general director de Carabineros?

No, no he tenido la oportunidad de conversar sobre estos temas con él. Pero pienso hacerlo.

Acá la institución que no esté diciendo la verdad quedará en mal pie. ¿Cree que la máxima autoridad de la institución que “pierda” debe renunciar a su cargo?

Aquí las que quedan comprometidas son las personas que tienen individualmente responsabilidades en la eventual realización de los hechos que significan una eventual falsificación del instrumento público o la obstrucción a la investigación. No hay responsabilidades de la institución en su conjunto, aquí hay responsabilidades, como lo es siempre en material penal, de carácter individual.

Pero eso es en lo penal. ¿Qué pasa con la responsabilidad política o de mando de estas instituciones?

Esas otras responsabilidades habrá que asumirlas una vez que esta situación llegue a su término. Habrá que esperar qué es lo que se establece, cómo ocurrieron los hechos, y a partir de ello habrá que determinar si hay responsabilidades, pero anticiparse no me parece que sea un ejercicio para hacer ahora.

¿Usted pondría su cargo a disposición?

De lo que estoy seguro es de los antecedentes que nos han entregado nuestros peritos. Una pericia interna, una externa y una que está desarrollando la PDI. En base a eso se han tomado decisiones. Ahora, responsabilidades que uno tenga que asumir el día de mañana respecto de hechos que son informados por terceros, la verdad es que me parece anticipar un juicio que no tiene mucho sentido hacerlo ahora. Es como que usted me dijera que cada vez que perdemos un juicio el fiscal nacional tiene que irse y el general director de la policía se tiene que ir de su cargo. Lo central es esto: tenemos que aclarar si estamos o no respetando el Estado de derecho al hacer investigación de carácter penal, eso es lo más relevante.

¿Por qué si usted sitúa esto en un hecho puntual o dos, da la sensación de que esto escaló a nivel institucional y que el ministro Fernández tiene que intervenir y pedir gestos… ¿Qué pasó?

De partida, algunas declaraciones desafortunadas, como las del general Blu, donde nos atribuye algunas responsabilidades que son francamente inaceptables.

¿Esta situación puede desencadenar en que se cuestionen años de investigaciones y cientos de causas en esa zona ante sospechas de montajes?

Esto no es extrapolable a otras causas que no tengan un inicio como la que tiene esta en particular que es en la liberación de información de Inteligencia. En ese caso no hubo control por parte del Ministerio Público del origen de prueba y cómo se obtuvo. Y cuando tratamos de saberlo, no hubo respuesta, pero el resto de las causas de esas zonas se originaron con evidencias dirigidas por la Fiscalía, en esas no hay dudas. Por ejemplo, en el caso Luchsinger no hay ni un atisbo de información que uno podría señalar que existe montaje. Hubo participación de los propios fiscales en la generación de la información que sirve de base para la imputación.

¿Pueden venir más “Operaciones Huracán” en el futuro?

No, porque de momento no hay ninguna otra causa en la zona que tenga ese origen que no sea Huracán 1 y Huracán 2 por la ampliación de la indagatoria de eventual obstrucción a los hechos ocurridos en la Región de Los Ríos.

Si se comprueba que se adulteraron pruebas y que esos funcionarios actuaron respaldados por el Alto Mando, ¿qué pasaría?

Estamos hablando de que si se produce esa tesis tendrán que responder los altos mandos en la forma que establece la ley. Y eso no significa que quede hipotecada la confianza de todos los altos mandos que puedan venir en el futuro. Esto está radicado en personas determinadas respecto de conductas determinadas y no está radicado respecto de la institución. No es un problema de la institución. Es un problema de personas específicas, respecto de conductas específicas y en casos específicos. Los fiscales seguimos trabajando y confiando en la gran mayoría de carabineros.

¿Con el no perseverar se impide que más adelante se pueda volver a formalizar a estos imputados de “Huracán”?

No. Nosotros le estamos diciendo al tribunal que las pruebas que tenemos por esta sospecha de que la prueba está contaminada nos impiden seguir hoy adelante la persecución penal contra estas personas. De hecho, nosotros nos vamos a oponer a la pretensión de sobreseimiento realizada por la defensa.

¿Qué le parece que Carabineros haya confiado en un civil sus labores de inteligencia?

Eso es un tema que tiene que resolver Carabineros. No sé si dentro del estatuto de Carabineros es posible que existan civiles adscritos haciendo trabajos de Inteligencia. Sin duda para nosotros el interés es que las personas que trabajen en Carabineros sean personas que cumplan los altos estándares que se requieren para hacer una adecuada imputación penal.

Este caso va a abrir un debate de cómo funciona el sistema de Inteligencia en Chile. ¿Comparte que debe hacerse esa revisión?

Creo que es importante hacer una revisión de inteligencia sobre todo lo que dice relación con la información que puede ser útil para la persecución penal. Hoy día tenemos la dificultad que si no es liberada la información expresamente no es posible usarla en sede penal. Y más aún. Muchas veces los organismos de Inteligencia son reacios a entregar esta información porque al llevarlo a juicio tienen que develar el origen y esto les acarrea un costo que no están dispuestos a asumir. En consecuencia, puede haber o buscarse el mecanismo a través del cual la información que se levante a través de la Ley de Inteligencia pueda tener algún tipo de validación en el proceso penal. Es un tema a estudiar.

¿Algún fiscal o usted sabían que Carabineros podía interceptar chats? Porque de contar con esa tecnología podría perseguirse penalmente a quienes trafican droga y que en la actualidad, según los propios fiscales, lo hacen a través de WhatsApp…

Desconocemos la existencia de esa tecnología…

O sea que Carabineros está yendo más allá de las capacidades tecnológicas que existen hoy en Chile…

El meollo del problema es ni más ni menos que el siguiente. Que en los teléfonos de las personas que fueron detenidas y luego sometidas a prisión preventiva aparece información que fue incorporada a esos teléfonos con posterioridad a su detención. Ese es el hecho que estamos investigando. Y ese hecho de incorporar información en un teléfono celular con posterioridad a una fecha determinada no requiere irse ni a la policía americana, ni la alemana, ni la francesa. Es un hecho que es de fácil, o relativamente fácil de determinación.

¿Por qué no recurren ustedes también al FBI?

Porque confiamos en las capacidades de nuestras policías, de nuestros organismos auxiliares. Si no creyéramos en ellos, entonces en robos, u otros delitos que afectan a los ciudadanos también tendríamos que recurrir a peritos extranjeros y no es el caso. Mientras las capacidades estén en el territorio nacional vamos a usar esos peritajes.

¿Cuáles son las consecuencias de esta crisis?

Creo que va a marcar un antes y un después en el sentido de que se va a tomar conciencia concreta de que no es posible adulterar pruebas con el objeto de obtener la condena de alguien. De aquí, el estándar y el respeto al Estado de derecho es una variable esencial de legitimidad del funcionamiento del sistema procesal penal.