La columna de Héctor Soto: El desenlace

Autor: Héctor Soto


No hay peor ciego -efectivamente- que el que no quiere ver. La cantidad de subterfugios a los que el oficialismo ha apelado para explicar su derrota está al margen de toda racionalidad. Que la coalición no hizo primarias; que el candidato no estaba preparado; que él nunca encarnó ni tampoco representó las reformas de la Nueva Mayoría; que su franja no estuvo a la altura de los desafíos; que su comando nunca operó con mínimos niveles de coordinación y efectividad; que el candidato se atrincheró en un círculo de incondicionales que le dio un portazo a la participación; que entre la primera y la segunda vuelta no abrazó con la debida intensidad las demandas que le planteaba el Frente Amplio; que Guillier nunca logró una relación clara con los partidos de su coalición; que su desempeño en el debate de Anatel fue lamentable; que el trabajo territorial dejó mucho que desear.

Sí, puede ser. Son factores atendibles. Pero es raro que se eluda la verdadera y gran explicación del fracaso oficialista: el resuelto rechazo a un gobierno fracasado e impopular y del cual Guillier terminó siendo, luego de su flirteo con la idea de una candidatura ciudadana, la expresión a fardo cerrado de una voluntad incondicional de continuismo. Lo que el progresismo creyó que iba ser su trampolín a la victoria, terminó siendo un peso muerto que nada ni nadie hubiera podido sobrellevar. Ni siquiera un candidato mejor ni una coalición menos dividida ni tampoco con una campaña más estratégica. En esto no hay mucho dónde perderse: puede que a los buenos gobiernos les cueste mucho proyectarse -y que con frecuencia no lo consigan-, pero es casi una ley de la naturaleza que para los malos gobiernos ese reto es imposible, a menos –claro- que entren a operar el chantaje y la manipulación tramposa, dirección en la cual, sin embargo, no fueron pocos los esfuerzos que se hicieron.

Posiblemente la suerte de la candidatura de Alejandro Guillier quedó sellada el día que La Moneda asumió el control de su campaña entre la primera y la segunda vuelta. Fue el momento en que la Presidenta, hasta entonces resignada al triunfo de la derecha y a preparar el funeral político del gobierno con la música de su legado, se convence -o la convencen- de que dos más dos son cuatro y que, por lo tanto, no todo estaba perdido. Era cosa de sumar la votación de los siete candidatos restantes contra la de Piñera y no había cómo la derecha pudiera vencer al 55% que mostraba la sumadora y que le iba a cerrar el paso a su pérfido proyecto. De ahí en adelante, en una experiencia de intervencionismo desembozado y grosero, no hubo día en que la vocera no confrontara a Piñera; la Presidenta dejó los pies en la calle cortando cintas y lavando de noche su delantal para que al día siguiente volviera a verse impecable. Fueron, por cierto, esfuerzos inútiles. El problema no era cosa de mayor o menor exposición y en sus orígenes estaba asociado a una experiencia gubernativa que la mayor parte de la ciudadanía ha juzgado por años lamentable.

No es necesario apelar a Shakespeare para conceder que es difícil que lo que no comienza bien termine bien. Este es el desenlace al cual se llega. En el caso de esta administración hubo falta de reflexión y exceso de compulsión tanto de parte de la Presidenta como de los partidos. A partir de un mal diagnóstico sobre el malestar en Chile, la centroizquierda, junto con abjurar de su legado concertacionista, se embarcó sin mayor sentido de responsabilidad en el proyecto político de la Nueva Mayoría, coalición que menospreció los resultados de la modernización y ninguneó las conquistas que una amplia clase media emergente, pero todavía precaria, había logrado con su propio esfuerzo. Fue ese el sector que precisamente más confió en Bachelet, el que la llevó de vuelta a La Moneda, y el que primero se decepcionó de los rumbos de su gobierno. Y fue el ideologismo de la Mandataria y su segundo piso el que se negó a dimensionar los alcances de esa decepción para rectificar el rumbo, asumiendo -como en los mejores tiempos del despotismo ilustrado- que si la gente no era lo bastante lúcida para tomar conciencia de lo buenas que eran las reformas para ella, entonces tenía que ser el gobierno el que la disciplinara y las impusiera de todos modos, porque al final la historia iba a estar de su lado.

El detalle complicado es que las democracias no funcionan así. Menos aún en sociedades donde las personas -por su educación, por su capacidad de consumo, por su emancipación de las viejas instancias de disciplina social representadas por las élites, los partidos, las iglesias o los medios- se han vuelto cada vez más autónomas que nunca y no están dispuestas, por afligidas que estén, ni a ser pasadas a llevar ni a arriesgar lo mucho o poco que hayan conseguido.

Es bien impresionante que esta administración se despida obstinada en hacer cumplir a rajatabla un programa de gobierno que en rigor nunca interpretó al país y que quiera seguir haciéndolo no obstante el contundente veredicto ciudadano. No todo en este gobierno fue un desastre -puesto que tuvo iniciativas atendibles en educación, en energía y en institucionalidad política-, pero en el plano político su fracaso termina siendo monumental y tiene el tamaño exacto de su ambición. Y, por lo visto, en Palacio hay poca conciencia al respecto. Es bonita la frase de que el gobierno gobernará hasta el último día, porque tributa a un ideal insospechado de responsabilidad republicana. No es tan bonita, sin embargo, la compulsión de forzar los engranajes del sistema democrático aduciendo que el mandato expira a la medianoche del 10 de marzo próximo y que hasta ese entonces hay carta blanca y chipe libre para llevar a cabo justamente lo que el país ya rechazó. Por un asunto de mero sentido común, tampoco las democracias operan así.

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