La herencia de Villalobos en Carabineros

Un total de 56 carabineros formalizados, más de la mitad de ellos en prisión preventiva acusados de un megafraude, otras dos causas penales que apuntan al Alto Mando por presuntos sobresueldos con gastos reservados y la manipulación de pruebas en operaciones de Inteligencia son parte del legado que dejó el séptimo oficial en ocupar el cargo de general director desde el retorno de la democracia.


“Le deseo buena suerte en su gobierno”. Frente a las cámaras de TV, que no paraban de grabar, y los flashes de fotógrafos que buscaban alguna reacción ante el esperado saludo protocolar, un sonriente recién asumido Presidente Sebastián Piñera miraba de frente al aún general director de Carabineros, Bruno Villalobos.

Sin soltarle la mano, Villalobos continuó con el mensaje que tenía preparado: “Le pido que si va a hacer cambios en Carabineros, no los haga en contra o por los carabineros, sino que con los carabineros. Y le informo también que mi renuncia la tiene su edecán”.

A menos de 10 horas de que Piñera desembarcara en La Moneda, el Mandatario intentó disimular su sorpresa y levantó la voz para que se escuchara su respuesta: “Vamos a conversar”.

Villalobos había llegado pasadas las 19 horas del domingo 11 junto a su esposa, Patricia Acuña, para el saludo protocolar al nuevo Presidente. Sin embargo, minutos antes de pasar a su encuentro con Piñera, el general se acercó al edecán, comandante David Rubio, y le entregó una carpeta.

El portafolio contenía distintos papeles, entre ellos la renuncia de Villalobos a su cargo como la máxima autoridad de Carabineros.

La decisión no había sido fácil de tomar. Pero con el correr de los días, el alto oficial entendía que su permanencia a la cabeza de la policía uniformada se hacía insostenible. Los mensajes eran inequívocos: Piñera pediría su renuncia rápidamente. Así lo confirma a Reportajes de La Tercera el ministro del Interior, Andrés Chadwick (ver entrevista aquí).

Villalobos se retiró de la sede de gobierno sin realizar ningún tipo de declaración y, según aseguran sus cercanos, hasta la fecha no ha tenido comunicación con alguna autoridad de Palacio. Por el contrario, desde Carabineros afirman que el hoy general (R) se enteró de que su renuncia había sido aceptada “por la prensa” cuando el mismo Piñera lo comunicó públicamente el lunes 12.

A apenas un año desde el estallido del megafraude institucional -que ya lleva $ 26.000 millones- y a dos años desde su designación por la entonces Presidenta Michelle Bachelet, Villalobos suma una triste herencia para Carabineros, que hoy está bajo la amenaza de la mayor reforma de su historia.

Todo, además, bajo un clima interno convulsionado, que intentó golpear en menos de 24 horas al nuevo general director, Hermes Soto, quien en 1985 fue arrestado por cuatro días por haber visitado un prostíbulo. La hoja de vida del uniformado -de carácter confidencial- comenzó a circular en redes.

La ofensiva -en todo caso- fue inútil, ya que desde La Moneda se señaló que se estaba al tanto de los antecedentes de Soto. “Sólo pueden buscar exhibirlo personas con mala fe”, comentó Chadwick.

En los próximos días, el gobierno dará a conocer una comisión de seguridad ciudadana de carácter transversal que -entre otros- tiene por objetivo elaborar una profunda reforma a la policía uniformada.

La propuesta coincidirá con el nombramiento de un nuevo Alto Mando -que renovará al menos a 10 generales- y en momentos en que se formalizará a personal policial en el marco de la fabricación de pruebas de la denominada Operación Huracán. Hasta el momento, los dardos judiciales apuntan como responsable de obstrucción de la investigación al general de Inteligencia Gonzalo Blu, quien ya presentó su renuncia a la institución. El viernes 16, el ex alto oficial contrató como defensores a los penalistas Sergio Rodríguez Oro y Carlos Cortés.

Una marca golpeada

Durante un año Villalobos intentó sostener la crisis que se desató el 2017, un año especial para la policía uniformada, ya que se celebraba el aniversario número 90 de la institución. Pero nada pudo evitar que la marca Carabineros se desplomara y junto con eso la propia reputación de su entonces director.

El 6 de marzo del año pasado, Villalobos tomó un helicóptero institucional desde Santiago para trasladarse primero a Magallanes y luego, en el mismo día, a la Fiscalía Nacional, de regreso a Santiago. El general (R) aseguraba por esos días que prestaría toda su colaboración ante la investigación penal que el Ministerio Público llevaba en secreto desde hacía meses sobre malversación de caudales públicos.

Esa jornada, Villalobos la finalizó comunicando en conferencia de prensa las primeras bajas en un entonces incipiente fraude institucional que en ese minuto se calculó podría llegar a $ 15 mil millones, pero que en la actualidad ya alcanza casi $ 27 mil millones.

A menos de una semana de que estallara el caso que fue bautizado como “fraude en Carabineros”, la encuesta Cadem registraba una baja de 12 puntos en la aprobación ciudadana de la institución, pasando de un 77% a un 65%. Un año después, y tras la Operación Huracán, el escenario es aún peor, alcanzando su punto más bajo en febrero de este año, con un 40% de los encuestados que aprueban la gestión de la entidad policial.

Hasta ahora la investigación del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, es categórica: durante más de una década operaron dos “mafias” al interior de Carabineros, que crearon un sistema para desviar grandes sumas de dinero desde las arcas fiscales hacia cuentacorrentistas civiles y suboficiales que operaban como “palos blancos” para triangular los recursos.

El principal imputado del caso, el entonces general de Finanzas Flavio Echeverría, cumplirá el próximo martes un año preso como principal cabecilla de los oficiales a los que se acusa de protagonizar la mayor malversación de caudales públicos de la historia. Su vínculo en el megafraude asestó un duro golpe a Villalobos, pues era considerado uno de sus cercanos en la institución.

El fiscal Campos ha formalizado a 36 carabineros, 20 oficiales en retiro y 71 civiles. De ellos, 27 uniformados están en prisión preventiva en el marco de siete aristas que no sólo involucran al megafraude, ya que se reveló un importante desorden en las cuentas corrientes de la institución ante la falta de fiscalización que, por años, hubo en una de las entidades fiscales que mayor presupuesto recibe anualmente.

En el marco de pesquisas por el fraude, la fiscalía ha encontrado irregularidades financieras en el funcionamiento de la Mutual de Carabineros, la División de Bienestar, supuestos “jubilazos fantasmas” en Dipreca, formas de abultar sueldos a través de “clases fantasma” en la Academia Policial, anomalías en la contabilidad de las “damas de Intendencia”, 10 reportes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) que dan cuenta de operaciones sospechosas en las cuentas bancarias de oficiales activos y la malversación que se le imputó hace algunos días al ex general director Eduardo Gordon, a quien se formalizó por uso inadecuado del ítem gastos de representación.

En ese escenario, en el otrora oficialismo aún se intentan explicar las razones por las que Villalobos se mantuvo a la cabeza de la institución. Y todo apunta a la decisión de la entonces Presidenta Michelle Bachelet, quien habría evaluado que la salida del hoy ex general director habría ahondado la crisis.

Los gastos de Villalobos

Hace 10 meses, el general (R) Echeverría apuntó al supuesto mal uso de gastos reservados en el Alto Mando, una hebra que en las próximas semanas podría involucrar directamente a Villalobos.

El ex general de Finanzas, junto con entregar información del fraude institucional que se le atribuía, reveló la existencia de una suerte de “sobresueldo” proveniente de gastos reservados y que se repartían en el Alto Mando institucional.

Desde los propios imputados de la denominada “mafia” que trabajaban en Finanzas surgieron listados de cómo se repartían esos dineros en sobres, con plata en efectivo, y que llegaban personalmente a manos de distintos generales. En la distribución no se reparaba si el beneficiario era parte de las ramas para las cuales estaba destinado el uso de ese presupuesto que, se supone, principalmente se utiliza en el pago de informantes en casos de drogas y de operaciones de Inteligencia.

El año 2017, Villalobos oficializó ante el contralor Jorge Bermúdez el uso completo del presupuesto 2016 de gastos reservados. La rendición de estos, según la Ley N° 20.882, sólo obliga a dar cuenta de su utilización de forma global y reservada. Ese año había $ 587.863.000 de presupuesto de moneda nacional y US$ 90.000 en extranjera.

Debido a la complejidad de las múltiples aristas que surgieron del fraude, el supuesto “mal uso” de gastos reservados denunciado por Echeverría, y en cuyos listados de receptores figuraban Villalobos y otros 10 miembros del cuerpo de 41 generales, la causa se derivó a manos de la fiscal de Alta Complejidad Centro Norte, Macarena Cañas.

En esa investigación está pendiente que declare Villalobos. Aunque nunca se cursó su citación mientras fue general activo, ahora el Ministerio Público deberá requerir su testimonio, ya que oficiales que trabajaron con él, y el propio Echeverría, apuntan en sus declaraciones a una inusual maniobra con los gastos reservados que el general director realizó justo el mismo día que hizo la conferencia en la que dio cuenta de la existencia del fraude institucional.

El 6 de marzo de 2017, según el testimonio de Echeverría, cuando el general director le pide el cargo -por su responsabilidad de mando en el fraude que se había detectado- le da la orden de retirar todos los gastos reservados asignados a la institución. El general, según declaró, le transmite esta instrucción al coronel Jaime Contreras, quien recién había asumido como jefe de Finanzas hacía sólo horas luego de que desvincularan a Jaime Paz, imputado hoy como uno de los líderes de “la mafia de Intendencia”.

Dicha versión del retirado alto oficial habría sido ratificada por Contreras, quien fue acompañado a esa diligencia por su abogado. Ante la fiscalía el uniformado sostuvo que ese día, por orden del general director Bruno Villalobos, pidió al ex teniente coronel de Carabineros Raúl Albayay -hoy formalizado en el caso-, quien junto a otro funcionario policial del departamento giraron de la cuenta de gastos reservados de Carabineros en el BancoEstado todo el saldo: $ 400 millones. Contreras dijo que una vez que obtuvieron el total de los recursos se distribuyó la mitad en sobres a generales y la otra mitad en un solo sobre que el coronel habría entregado íntegro al general Villalobos.

Diversos testimonios judiciales en la misma arista ratifican la historia. De hecho, uno de los funcionarios que fue a la entidad bancaria dijo que por la alta suma que se retiraría con dos cheques por $ 400 millones y US$ 90 mil dólares, tuvieron que ser atendidos por el jefe de la banca institucional debido a que se llevarían todo en billetes de $ 10 mil y $ 20 mil pesos.

El destino de esos fondos es una de las interrogantes de ese caso. Una de las capitanas a quien le tocó distribuir el dinero dijo que dejó los sobres en una caja de fondos, entregó la llave al coronel Contreras y no sabe qué pasó con el dinero, pues una semana después ya no estaba en la caja.

Desde Carabineros dicen desconocer lo sucedido el año pasado, aunque en los últimos días se indaga un nuevo giro en la cuenta de gastos reservados que se habría llevado a cabo a mediados de febrero por $ 200 millones y otro por $ 54 millones el jueves 8.

¿Su destino? No hay claridad, pero será parte de la auditoría que ya está en marcha. Además de las próximas citaciones que deberá cursar la fiscal Cañas, que indaga si hubo o no malversación de dichos recursos fiscales.

Decisión pactada

Pocos a esta altura rechazan la tesis de que el destino de Villalobos fue sellado por el entonces general Gonzalo Blu, quien ante su inminente formalización, en el marco de la Operación Huracán, presentó el viernes 10 su renuncia a Carabineros. La dimisión -en todo caso- fue aceptada por el general Julio Pineda el lunes 12.

No era la primera vez que Blu planteaba su salida al entonces general director de Carabineros, pues, tal como lo señalan cercanos a ambos ex uniformados, había presentado su salida al cargo el 15 de febrero, cuando Villalobos pasó a retiro a los tres oficiales de Inteligencia de La Araucanía: al mayor Patricio Marín, al capitán Leonardo Osses y al general Marcelo Teuber, ex jefe de la Unidad de Inteligencia de zona.

Villalobos, sin embargo, habría rechazado la renuncia de Blu, seguro de que con el paso de los días el escenario podría ir mejorando.

Pero las indagatorias sólo demostraron que el software de Álex Smith no funcionaba y el jueves 8 el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, solicitó el sobreseimiento del fiscal jefe de Alta Complejidad, Luis Arroyo, y la abogada de la Fiscalía Regional de La Araucanía, Mónica Palma, en la arista filtraciones de la causa Operación Huracán, asegurando que los hechos denunciados -por el programa de “el profesor”- nunca existieron.

El propio Villalobos vio su final cerca cuando -tal como lo indica la tradición- propuso los nombres para los jefes de seguridad de La Moneda a las nuevas autoridades. Estos -sin embargo- fueron rechazados y en el cargo de jefe de Seguridad y Guardia de Palacio se designó a Alfredo Campos, hombre de confianza de Piñera y quien ya se había desempeñado como jefe de escolta en su último año de mandato en su primer gobierno. En La Moneda -explican- se privilegió que el equipo de Carabineros que acompañará al Presidente sea de su total cercanía, como el jefe de escoltas, mayor Luis Silva; el capitán Pablo Salazar y el edecán, comandante David Rubio.

El plan de Piñera

En el gobierno aseguran que la decisión de Piñera era pedir la renuncia de Villalobos en la primera semana de gobierno. Desde hace semanas, el hoy Mandatario había decidido nombrar al ex jefe de la Zona Metropolitana Hermes Soto en la sucesión. El nombre de Soto, de hecho, fue sondeado informalmente entre los fiscales que llevan adelante las causas vinculadas a la institución para asegurarse de que no estuviera implicado en esos hechos.

Piñera en persona lo conocía bien. Tras el terremoto del 27 de febrero que tuvo epicentro en la Región del Biobío, el hoy Presidente alojó varios días en la Prefectura de Concepción, a cargo del entonces prefecto Soto, quien se encargó del control público, evitar saqueos y la entrega oportuna de alimentos.

El oficial fue informado el miércoles 14 en la mañana que asumiría el máximo cargo de la institución. Ese mismo día llegó puntual -a las 16 horas- hasta el Palacio de La Moneda, donde sostuvo una reunión privada con el Mandatario. Allí se habría esbozado también el nombre del futuro subdirector de Carabineros: el director de Control y Drogas, general Álvaro Altamirano, quien se haría cargo de la investigación interna por Operación Huracán, luego de que Pineda -quien lideraba el sumario- abandone la institución.

Villalobos, en tanto, se recluyó en su parcela ubicada en Isla de Maipo y viajará próximamente a Concepción para visitar a sus padres. Aún mantiene pendiente si hará clases en la Escuela de Carabineros, como es costumbre de los ex generales directores.

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