La Moneda en medio del huracán

Varios contactos entre representantes de la fiscalía y del Ministerio del Interior sellaron esta semana el giro del gobierno en la Operación Huracán. Todo en la antesala de la formalización del general de Inteligencia de Carabineros, Gonzalo Blu, y otros siete oficiales de la institución, entre quienes se encuentran los llamados a retiro el jueves 16.


Ya casi caía la noche en La Moneda -el miércoles 14- cuando el ministro del Interior, Mario Fernández, dejó la sala de reuniones de la cartera con gesto serio. Recién había finalizado un largo encuentro encabezado por el secretario de Estado y en el que también participaron el ministro vocero (S), Omar Jara; el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, y el abogado de la Intendencia de La Araucanía, Matías Moya.

Por al menos dos horas las autoridades -las únicas en funciones en las semanas de febrero en Palacio- habían evaluado los últimos acontecimientos relativos a la Ope-ración Huracán, el cuestionado operativo de Carabineros donde ocho comuneros mapuches, incluido el líder de la CAM, Héctor Llaitul, fueron detenidos e imputados por ataques incendiarios y luego sobreseídos tras la supuesta implantación de pruebas falsas en sus teléfonos celulares.

Fernández debía obtener la aprobación de la Presidenta Michelle Bachelet, quien se encuentra de vacaciones en Caburgua, para la presentación de una querella a nombre del gobierno contra “quienes resulten responsables” de la eventual manipulación de pruebas en la Operación Huracán.

La acción judicial no sólo suponía un giro en el diseño original de La Moneda para enfrentar la crisis -en el que se señalaba que se esperaría la “verdad judicial” antes de tomar determinaciones-, sino que, más importante aún, implicaba un quiebre con el Alto Mando de Carabineros, encabezado por el general director, Bruno Villalobos, cuya defensa por parte del gobierno ya comenzaba a generar fricciones en el oficialismo.

El ministro del Interior expuso a la Mandataria uno a uno los argumentos que sustentaban la presentación de la querella y, también, transmitió que había un consenso entre las autoridades de Palacio sobre el nuevo rumbo a seguir. Bachelet dio luz verde al plan y esa misma noche el gobierno envió vía digital al Juzgado de Garantía de Temuco el escrito de la querella.

Las horas siguientes fueron frenéticas en el Alto Mando de Carabineros. Villalobos, advertido que la aparente alianza entre la institución y el Ejecutivo se comenzaba a resquebrajar, se reunió el jueves 15 con tres oficiales involucrados en la Operación Huracán y con el “profesor” Álex Smith, creador del cuestionado software “Antorcha”. Poco después, el propio general director se comunicó con el ministro Fernández para comunicarle su decisión de llamar a retiro a los uniformados -entre ellos el general Marcelo Teuber, hasta el año pasado jefe de la unidad de Inteligencia de La Araucanía- y la desvinculación de Smith de la institución (ver recuadro).

Las razones de un vuelco

Hasta el lunes 12, la tensión entre el Ministerio Público y La Moneda no hacía sino intensificarse desde el estallido de la crisis, y la defensa a Carabineros parecía no tener fisuras.

Uno de los puntos más álgidos de la tirantez entre la fiscalía y el gobierno se produjo el viernes 9, en el marco de la audiencia donde se definió el cierre y sobreseimiento de la Operación Huracán.

Allí se produjo un duro enfrentamiento entre el fiscal de Alta Complejidad de Temuco, Felipe González, y el abogado del gobierno, Matías Moya.

La situación sólo empeoró el martes 13, cuando la vocera (S) de la Fiscalía Nacional, Patricia Muñoz, defendió el rol de los investigadores de La Araucanía y emplazó directamente al Ejecutivo, acusándolo de inactividad, ya que –según explicó- los abogados de la intendencia nunca han pedido tener acceso a las piezas reservadas en que se indagaba ya la presunta manipulación de evidencia en la Operación Huracán.

Pero todo daría un vuelco en pocas horas.

Lo primero fue la visita del abogado Moya al fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, el miércoles 14. Pero más importante aún es que –a través de distintas fuentes- los abogados del gobierno ya habían accedido al peritaje externo -realizado por el ingeniero de la Usach Felipe Sánchez Fabre- con que contaba la fiscalía para apuntar sus sospechas en la implantación de mensajes por parte de Carabineros.

Los profesionales indagaron el currículo del perito y tras validar su idoneidad comenzaron a tomar fuerza las dudas en Palacio respecto de Carabineros.

Una serie de contactos informales entre la fiscalía y el gobierno que se propiciaron en esos días, dicen fuentes de La Moneda, afianzaron el vuelco en la postura de Interior.

Entre otras cosas, en Palacio se habrían enterado de los resultados de peritajes realizados en la investigación denominada Huracán 2 por un atentado incendiario de 29 camiones en San José de la Mariquina, que lleva el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, informe que el propio general director de Carabineros, Bruno Villalobos, fue a entregar el 4 de octubre de 2017 a esa zona.

En esta causa penal, un documento firmado por el general Gonzalo Blu sindicaba como autor del ataque ocurrido el 28 de agosto del año pasado a un comunero de iniciales P.A., quien a esa fecha se encontraba cumpliendo arresto domiciliario nocturno en su casa, a varios kilómetros del ataque, situación que fue controlada por un cabo de Carabineros.

La imputación a P.A., también levantada por Ley de Inteligencia, se basaba en el uso de un supuesto router de internet capaz de capturar la información georreferencial del acusado, situando al comunero mapuche en el lugar del ataque incendiario.

La aplicación usada -al igual que en la Operación Huracán- tenía al mismo creador de “Antorcha”, el ingeniero Álex Smith.

“Otra de las aplicaciones que desarrollé fue una para determinar la ubicación de los teléfonos de determinados lugares. Esta herramienta la desarrollé para una investigación a cargo de la Fiscalía de San José de la Mariquina”, declaró el 30 de enero “el profesor” ante la fiscalía.

Por esta causa se presentó a declarar el viernes 16 el ingeniero Smith. Esa era una de las últimas diligencias requeridas por Meléndez para formalizar Huracán 2. Un peritaje de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (Bipe) de la Policía de Investigaciones (PDI) estableció que la supuesta creación de Smith no era capaz de proporcionar la información que dijo haber obtenido, y tras establecerse la falsedad del contenido del documento de Inteligencia se judicializaría el primero de los casos por obstrucción.

Pocas horas después, el fiscal regional de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, concretó la primera petición de formalización en las investigaciones por obstrucción a la investigación en las causas abiertas por presunta manipulación de pruebas de personal policial en contra del “profesor”.

A todo esto se suma que en La Moneda también habrían accedido a información extraoficial sobre un peritaje de la PDI en que se descartan las conversaciones denunciadas por Carabineros entre la abogada asistente Mónica Palma y su superior, el fiscal jefe de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo.

Un informe de inteligencia liberado por el general Blu al fiscal nacional, Jorge Abbott, el 11 de diciembre pasado, denunciaba que la profesional habría estado entregando información sobre las detenciones de la Operación Huracán a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y que su jefe, el fiscal Arroyo, la encubriría por tener ambos una relación.

Abbott ordenó una investigación ante la denuncia de la policía uniformada a cargo del fiscal Palma, quien pocos días después incautó los teléfonos de ambos integrantes del Ministerio Público y mandó a periciarlos: los resultados del análisis de la PDI, de los que tiene conocimiento La Moneda, son decidores. Por una parte, ninguna de las conversaciones contenidas en el informe de Inteligencia existen entre Mónica Palma y su jefe, pero, además, no hay registro de que alguno de los dos haya borrado los supuestos mensajes.

A eso se suma la investigación que hizo la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) en que se descartó que un funcionario de esa repartición haya estado filtrando información, tal como denunciaba el mismo reporte. Esos antecedentes son indagados en la actualidad por el jefe regional de Aysén, Carlos Palma.

El Ministerio Público se alista a formalizar las causas por obstrucciones donde, hasta el momento, las responsabilidades judiciales recaerían en el general de Inteligencia Gonzalo Blu y otros siete oficiales de la institución, entre quienes se encuentran los dados de baja el jueves 16 por Carabineros.

De producirse ese escenario, la gran incógnita sigue siendo la continuidad de Villalobos al mando de Carabineros.

El gran damnificado

Quienes han visto por estos días al subsecretario Aleuy coinciden en que está decaído.

Lejos quedaron los días en que el personero socialista era considerado el “poder en las sombras” de La Moneda y el gran articulador de las crisis que golpeaban el corazón del gobierno. Un adjetivo que llegó a su peak tras la inesperada salida del entonces ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, en parte por el mal manejo del denominado “caso Caval”, en parte por verse involucrado en los casos de financiamiento irregular de campañas.

La Operación Huracán, coinciden en el oficialismo, ya dejó a Aleuy como el gran damnificado de La Moneda en la recta final de la actual administración.

La procesión, en todo caso, lleva varios meses. El primer golpe vino en octubre pasado, cuando –sin la venia del subsecretario- el gobierno decidió recalificar la querella por Ley Antiterrorista en el caso del incendio de una iglesia evangélica en la comuna de Padre Las Casas, a cambio de que cuatro comuneros depusieran una huelga de hambre que ya se extendía por más de 100 días. A modo de remate, un día después el ministro de Desarrollo Social, Marco Barraza, acusó de “efectismo comunicacional” la Operación Huracán.

Hasta entonces ningún personero de la Nueva Mayoría se había atrevido a cuestionar en público la estrategia policial que Aleuy había impuesto al conflicto indígena en La Araucanía. Pero aunque el subsecretario amenazó en privado con presentar su renuncia, Barraza no fue desautorizado. Desde entonces, dicen cercanos a Aleuy, éste nunca volvió a sentirse cómodo en Palacio.

Las iniciales acusaciones de la fiscalía a Carabineros de manipular evidencia contra comuneros mapuches supusieron otro golpe directo al personero socialista, quien -según reconocen sus cercanos- solía llamar dos veces al día a las policías y los fiscales exigiendo resultados frente a los hechos de violencia en La Araucanía. Y el desenlace previsto para el caso sólo agudizará su otrora situación de privilegio no sólo en La Moneda, sino que también en el oficialismo.

En las últimas semanas puestos vacíos e incluso escritorios ya desocupados comenzaron a evidenciarse en la sede de gobierno.

La crisis -considerada la más grave desde la vigencia de la Reforma Procesal Penal- ni siquiera ha convocado desde hace dos semanas ningún comité político en La Moneda, pues, con excepción de Fernández, los ministros integrantes de esa instancia están de vacaciones y las colectividades de la Nueva Mayoría tampoco han sido contactadas para hacer una evaluación de la situación. En Palacio -en todo caso- no ha habido cuestionamientos al rol de Aleuy en la Operación Huracán, pese a que este flanco ya comenzó a abrirse luego de que a principios de semana el PC se desmarcara del gobierno y afirmara que el Estado -y en particular lo ocurrido en el marco de la Operación Huracán- “no ha estado a la altura” de la causa histórica del pueblo mapuche. “Son muchos los antecedentes que muestran que el sistema de administración de justicia, sus instituciones policiales, sus instituciones investigativas y los poderes del Estado chileno no han estado a la altura de esta situación”, se lee en la declaración pública de la colectividad que dirige Guillermo Teillier.

Aleuy, en tanto, dejó la vocería sobre el tema y la toma de decisiones finales en el ministro Fernández. En La Moneda confirman que los contactos con el Alto Mando de Carabineros, particularmente con el general Villalobos, pasaron a ser de exclusiva responsabilidad del jefe de gabinete de Bachelet.

Es también Fernández quien prepara una carpeta para su sucesor en el Ministerio del Interior, Andrés Chadwick, en la que se entregarán los antecedentes respecto de los temas que están en desarrollo y con especial énfasis en la Operación Huracán.

La madrugada del viernes 16 -en medio de las esquirlas por las acusaciones de manipulación de pruebas en contra de comuneros mapuches- se produjo la quema de al menos 30 vehículos en las regiones del Biobío y La Araucanía.

Los supuestos atentados obligaron a una reunión de emergencia en la que el general Villalobos y Aleuy, junto al ministro Fernández y al director de la PDI,Héctor Espinosa, conversan por primera vez de la violencia en La Araucanía desde el estallido de la Operación Huracán.

Tras la cita, La Moneda anunció la presentación de una querella por el delito de incendio terrorista.

Los ataques, en todo caso, terminaron por dejar en evidencia las esquirlas que han dejado en Carabineros las acusaciones de manipulación de pruebas en los casos de violencia en la zona no sólo respecto de las investigaciones, sino que también en la relación de la institución con el gobierno: por primera vez desde los cuestionamientos a la Operación Huracán las diligencias en una causa de esta naturaleza quedaron al mando de la PDI. Y, más sintomático aún, el ministro Fernández se comunicó con el fiscal nacional, Jorge Abbott, a quien le pidió cooperación. Quienes conocieron los detalles de esa conversación aseguran que Abbott le transmitió al secretario de Estado que podía contar con el Ministerio Público, con especial atención en los casos de atentados en La Araucanía.

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