Fallo frena viviendas sociales en Comunidad Ecológica de Peñalolén

Zona de la Comunidad Ecológica de Peñalolén en disputa, donde se proyecta la construcción de viviendas sociales.

Resolución de la Corte Suprema dejó sin efecto los cambios al plan regulador que permitía su construcción, tras un recurso presentado por vecinos de la comunidad, que denunciaron irregularidades en su modificación.


“Lo más complejo es que esta tesis jurídica lo que hace, lo que produce, es un efecto tremendamente segregador y que pone en riesgo a más de 1.400 familias que están esperando una vivienda y que ya, de hecho, hay varias en proceso de construcción y otras terminadas”, dice la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, sobre la resolución de la Tercera Sala de la Corte Suprema que acogió un recurso de protección contra la modificación del plan regulador de la comuna que permitía la construcción de viviendas sociales, entre otras obras.

La resolución del tribunal se emitió el 15 de mayo tras una acción judicial que interpusieron vecinos de la Comunidad Ecológica de Peñalolén, ya que la modificación afectaba, entre otros, a un terreno de la comunidad. Según Leitao, en él se proyectaban viviendas para 300 familias, por lo que están estudiando qué acciones legales tomar los próximos días.
“No se ha iniciado la construcción en ese terreno, pero están aprobados los proyectos, hay permisos entregados”, explica Leitao a La Tercera, quien dice que bajo un supuesto fin de protección ambiental de algunos vecinos, lo que se ha hecho es buscar la segregación.

La disputa

El reclamo de los vecinos, que llegó a tribunales de la mano del abogado Luis Mariano Rendón, fue en específico contra un decreto de la municipalidad que permitía aumentar la densidad poblacional bruta máxima desde 50 habitantes por hectárea hasta 350 y 250 habitantes por hectárea, respectivamente, comprendiendo un predio de aproximadamente cuatro hectáreas, ubicado en la calle Antupirén N°10.001.

A través de un comunicado, Rendón explicó que el municipio quiso “hacer pasar terrenos con bosque nativo como vulgares sitios eriazos, con el objetivo de obtener una resolución favorable a la construcción en dichos espacios”. Asimismo, el abogado aseguró que la corte también acogió el segundo fundamento, en el sentido de que esta modificación era ilegal por violar el resultado del plebiscito que el año 2011 convocó el entonces alcalde Claudio Orrego, y en que se rechazó el aumento de la densidad habitacional “en esta frágil y valiosa zona precordillerana”, dijo Rendón.
Alberto Nacif, uno de los tres vecinos de la comunidad ecológica que interpusieron el recurso, dice que le parece “extremadamente doloroso que se haya ilusionado a personas con el bien tan preciado para una familia, como es la casa propia, sin haber considerado a plenitud todas las instancias legales inherentes al caso. Lamentamos profundamente que esta decisión haya afectado su esperanza de casa propia, pero no es nuestra responsabilidad que las cosas se hayan hecho en forma incorrecta”, señala.

Nacif agrega que “los fallos de la Corte Suprema son dictados en justicia y en derecho y nunca antojadizos ni con apellidos. Aclaramos que, nuestra intención, al haber interpuesto este recurso, jamás ha sido la de segregar, en lo absoluto. Vivimos en absoluta armonía con nuestros vecinos de la villa Esperanza Andina, (Casas Chubi), sería absurdo atribuirnos esa intención, habida consideración de lo anterior. El único propósito, estuvo radicado en la evidente vulneración que se estaba haciendo al plano regulador que hoy rige la comuna, el cual fue reafirmado a través de un plebiscito vinculante que se efectúo en el año 2011”, asegura.

Reunión de urgencia

Leitao dice que acatarán el fallo, pero recordó que existe un fallo previo de la Corte de Apelaciones que fue a favor del municipio. “Acá no se ha cometido ningún acto impropio”, insiste.

Leitao adelanta que ya pidieron una reunión con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), porque los terrenos involucrados son del Serviu, ya que considera necesario crear una mesa de trabajo para resolver el tema. “Aquí no solo se pone en riesgo la construcción de viviendas sociales, sino que el Centro de Formación Técnica (estatal) de la Región Metropolitana”, advierte la alcaldesa.

Desde el Minvu señalaron que “este es un recurso de protección de un vecino en contra del municipio, pero ni la Seremi RM ni el Serviu fueron parte del proceso. Solo una vez que tengamos los antecedentes se analizará y estudiará el caso”, señalaron.

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