Araucanía: el origen del conflicto

La mejor prueba de que el Conflicto en la Araucanía este comprometido por muchos prejuicios e intereses que hacen difícil comprenderlo y abordarlo, es que lo denominen "Conflicto Mapuche", lo que existe es una confrontación social y política prolongada entre contendientes que se definen a sí mismos y a los demás en términos étnicos diferenciados, compartiendo responsabilidades tanto en las causas como soluciones.

Para principiar a entenderlo debemos desterrar el delirio de que el conflicto tiene por causa la violencia, absolutamente reprochable por cierto, pero es una consecuencia más que causa del conflicto.

A partir de situaciones complejas, de conflictos multidimensionales y multicausales que con el correr de los años no lograron resolverse en sus raíces más profundas, éstas se arraigaron, y ahora tienen ingredientes –como causa y como efecto- que con el tiempo se dinamizaron, intersectaron y retroalimentaron mutuamente.

Causales, tales como: la negación actual de la diversidad cultural asumida y promovida en los inicios de la república; la concepción homogénea del Estado-Nación y las consecuencias políticas públicas de asimilación y exclusión de lo diverso; la ocupación militar de la Araucanía en 1881 y la posterior expropiación generalizada de las propiedades indígenas, vulnerando el propio estado de derecho chileno –Ley 4 diciembre de 1866-; el vergonzoso clientelismo político, la atomización e inmadurez política de los dirigentes indígenas, la negación a los derechos indígenas; y finalmente, la demagogia e ignorancia de muchos parlamentarios y autoridades de gobierno ha generado el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de la violencia.

Existe un mito ampliamente aceptado: que la propiedad mapuche no existe, que fue el Estado el que cedió-creó la propiedad a través de los Títulos de Merced después la "Pacificación de la Araucanía".

Esta discusión fue zanjada en 1866, con la ley de 4 de diciembre. En ella, a diferencia de lo que muchos hoy sostienen, el Estado de Chile reconoció plenamente la propiedad mapuche en la posesión efectivamente preexistente.

Como decía el diputado Liberal José Victorino Lastarria el asunto a discutir es cómo deslindar su propiedad, y no su existencia. Agregaba: "Es posible que los cristianos tengan título, pero los indígenas no los tienen, hay allí propiedades indivisas y he aquí porque es indispensable adoptar cierto genero de medidas especiales para aquel territorio, a fin de deslindar las propiedades de los indígenas, darles un título de merced que registren de un modo extraordinario, habilitándolos así para transmitir sus propiedades."(Sesión Ordinaria N° 42, Cámara de Diputados de 1865. Pág. 546)

En esta época nadie discutía que los mapuche eran propietarios, solo debía deslindarse su propiedad. A pesar de esto, desde 1881 se declararon en su mayoría las tierras como fiscales, entregándolas en concesiones de colonización, remates públicos y se radico a los indígenas en efímeras hectáreas que no tenían nada que ver con la propiedad reconocida en 1866: la mítica deuda histórica.

La consecuencia de esto la predijo el diputado Manuel Martín Recabarren,  quien decía: "¿Qué sucederá después? Que el indio se quejara y con mucha razón. Vamos a crear un foco de constantes discordias y de generación en generación se irán transmitiendo en aquellos propietarios recuerdos odiosos. ¡Cuántas veces hemos oído: esta propiedad era de mis antepasados, pero Don Fulano se ha quedado con ella!". (Sesión Ordinaria N° 9, Cámara de Diputados de 1865. Pág. 87)

Este mito tiene consecuencias actuales, ya que el Decreto Supremo N°395 de 1993 que regula el Fondo de Tierras de CONADI, señala en su art. 2 inciso 5 y siguientes como factores para otorgar el fondo: 1) Ahorro previo, 2) Situación Socioeconómica, 3) Grupo Familiar; y en caso de comunidades: 4) Antigüedad y 5) Número de asociados.

El presupuesto del fondo de tierras en 1994 era de $2.614 mil millones, para el 2015 se destinaron cerca de $78.445 mil millones, un aumento del 3.000%. No obstante, el conflicto persiste y lo que es peor, se ha agudizado en los últimos años. Las razones que explican esto son que: existe un profundo desconocimiento de los elementos sociales, culturales y jurídicos que dieron paso a  la constitución de la propiedad en la Araucanía; una política de tierras que ve el asunto de tierras como una cuestión social y no político-jurídica;  una descoordinación entre lo que solicitan las personas y organizaciones indígenas y no indígenas, y lo que efectivamente promete el gobierno central, y entre muchos otros factores.

Pero el Conflicto en la Araucanía actual es más profundo que la mera entrega de tierras. Tiene que ver con la concepción misma del Estado, y cómo éste se relaciona con los diversos pueblos que lo componen. Es un hecho que cada vez tenemos menos homogeneidad cultural, esto no significa prescindir del Estado ni de formar nuevos estados, sino entender que el prejuicio homogeneizador no es congruente con la epidermis del país, que queramos o no es de hecho pluricultural.

Según el Informe de la Conflictividad en la Araucanía, elaborado mensualmente por la Fundación Chile Intercultural, de 270 focos de conflictos registrados entre enero y junio de 2015: 108 se registraron en Temuco, 20 en Freire, 18 en Padre Las Casas, 17 en Santiago y sólo 10 en Ercilla.

La vilipendiada zona roja es un mito. La mayoría de los focos de conflicto no son relacionados con violencia ciudadana: de los 270 focos de conflicto entre enero y junio de 2015, 141 de ellos correspondieron a acciones político/públicas (interpelaciones, tomas de edificios, marchas, criticas, emplazamientos, etc.); 38 relacionados con seguridad ciudadana (incendios, secuestros, tomas violencias, etc.); 35 relacionadas con medidas judiciales (recursos judiciales, allanamientos, querellas, etc.) y 24 con reivindicaciones territoriales (querellas, compras o tomas pacíficas, etc.).

El  camino para superar el conflicto no puede ser otro que la apertura institucional a la pluriculturalidad. No se trata imponer un modelo cultural, sino permitir que las personas puedan elegir libremente entre ellos. Sólo un verdadero diálogo de buena fe –sea a través de una mesa, una comisión, un parlamento o koyang, etc.- permitirá generar los consensos necesarios para la construcción de un país en paz y armonía donde todos tengamos espacio.