Argentina: una reforma tributaria pro crecimiento




En marzo de 2016 el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se comprometía a publicar todos los datos sobre el estado de la Administración Pública Nacional a diciembre de 2015. Así revelaría la herencia recibida por el gobierno anterior. Razones para hacerlo no faltaban: Macri era el tercer presidente no peronista desde el retorno a la democracia en 1983. Los dos anteriores tuvieron algo en común: abandonar su cargo de manera anticipada en medio de un caos social y económico.

En 1989, Raúl Alfonsín llamó a elecciones de manera anticipada luego de un estallido hiperinflacionario, y en 2001, Fernando de la Rúa renunció luego de un colapso del sistema cambiario que tuvo severas consecuencias financieras y económicas. Hoy Argentina está lejos de esas situaciones, pero el escenario actual no es fácil. Para que retome una senda de crecimiento sostenido necesita de importantes reformas que solo son posibles con un fuerte apoyo político y del electorado, como el que recibió el último 22 de octubre. Gracias a eso, el gobierno nacional anunció un paquete de reformas que incluye entre sus pilares más importantes la responsabilidad fiscal.  

Lograr la disciplina fiscal es sin duda una de las necesidades más urgentes, ya que financiar el elevado gasto público ha resultado en altos niveles de inflación y presión tributaria. Hacia el 2015 los ingresos tributarios del gobierno general alcanzaron un 32% del PIB, un porcentaje muy superior al promedio de los países latinoamericanos (23%) y cercano al nivel de presión tributaria de los países de la OCDE (34%). Asimismo, el Banco Central debió asistir al tesoro para financiar el gasto vía emisión monetaria e inflación, que en 2015 se aproximó al 30%, una de las más altas del mundo. De acuerdo a los últimos reportes del Foro Económico Mundial, la inflación y las tasas de impuestos son el factor más problemático para hacer negocios en Argentina. Por lo que, si la reforma está apuntada a estimular la inversión y el crecimiento, esta debe lograr una rebaja considerable de la presión impositiva y la inflación. Sin embargo, para lograr esto último, el recorte en el gasto público también debe ser importante. De lo contrario, una baja de impuestos sin una baja del gasto conduciría inevitablemente al endeudamiento del estado y una eventual crisis de deuda en el largo plazo.

La reducción de la tasa corporativa contemplada en el plan de reformas es uno de los aciertos más importantes, pues sería un incentivo a la inversión, ya que disminuiría el costo de uso del capital. Aunque la rebaja se implementará de manera gradual, de 35% a 25% en un plazo de 4 años, es un avance en materia tributaria. Esto porque la actual alícuota de 35% que Argentina mantiene desde hace dos décadas es una de las tasas corporativas más altas del mundo. Así, el país se incorporaría a una tendencia mundial que se observa hace décadas: la pérdida de fuerza de la tasa corporativa debido a la creciente movilidad de capitales. Durante el 2017, siete economías OCDE bajaron su tasa en promedio 2,7%, siendo Hungría e Italia los casos más relevantes al pasar del 19% al 9% y del 31,4% al 24%, respectivamente. Más importante aún es el cambio que pretende hacer Estados Unidos: ir del 35%, la más alta entre los países OCDE, al 20%.

Lo positivo de la reforma tributaria es que actúa de forma directa sobre las principales causas que han detenido el crecimiento y la prosperidad en Argentina. Sin embargo, el éxito de la misma dependerá de que el recorte del gasto público permita eliminar impuestos y no sustituirlos por otros nuevos ni por más endeudamiento. Otro punto de cuidado es el gradualismo con que se implemente la reforma. Si bien es un aliado para mantener la calma respecto de los eventuales costos sociales, la demora en implementar las reformas puede acrecentar la desconfianza sobre su factibilidad y por ende no tener los efectos positivos esperados sobre la economía.

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