Certeza jurídica

En nuestro país rige una Constitución que garantiza el derecho de propiedad y el derecho a desarrollar actividades económicas, así como la seguridad de que todas las leyes que regulen o complementen estas garantías no podrán afectar los derechos en su esencia, ni imponer condiciones o requisitos que afecten su libre ejercicio. Para la eficacia práctica de estas garantías, existe el Recurso de Protección y el Recurso de Amparo Económico.

Desde la vigencia de estas garantías constitucionales hasta ahora, no ha prosperado ninguna ley que, regulando o complementando alguna garantía constitucional económica, haya impuesto requisitos o condiciones que la afectaran en su esencia.

Sin embargo, la incertidumbre jurídica es un hecho y numerosos proyectos -algunos en avanzados niveles de aprobación por las autoridades competentes- han sido paralizados y el marco jurídico constitucional de garantías ha resultado inútil para protegerlos.

Se mencionan entre las razones de la incerteza jurídica el excesivo rol interpretativo de ciertos organismos del Estado, la decisiva influencia de las comunidades en el rechazo de proyectos, el rol de la Corte Suprema en la caracterización de políticas públicas ideales en sus sentencias, por señalar algunas.

En el centro del problema descrito aparece como eje la contradicción que existiría entre el derecho a desarrollar actividades económicas y la garantía de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Tal contradicción es falsa pues ambos derechos pueden compatibilizarse.

De este modo, no resultaría aceptable, por ejemplo, que se  imponga la visión que privilegia el medioambiente, si al mismo tiempo se desechan las medidas de mitigación que responden a estándares técnicos certificados de la mayor calidad. Si ello sucede, la decisión no solo pierde objetividad, sino que pasa a ser motivada por razones políticas o impulsada por otras conveniencias reprochables.

Por lo dicho, el rol de la autoridad es delicado y sensible. Debe responder al mandato constitucional y fijar políticas públicas claras y precisas en materia de inversión. Los distintos órganos del Estado deben actuar según el principio de coherencia administrativa, de forma que sus resoluciones no aparezcan contradictorias y apunten al objetivo común de permitir que los proyectos, cuando corresponde, se concreten con el apoyo gubernamental y no aborten en el último momento como consecuencia de presiones de un grupo o sector.

Finalmente, la Corte Suprema, en particular la Tercera Sala, ha jugado un papel importante en la materia. No cabe duda que en muchos fallos sus interpretaciones jurídicas, aun cuando resuelven el caso particular, deslizan políticas públicas o interviene y decide  cuestiones propiamente técnicas.  Así seguirá siendo hasta que no se discuta y apruebe una ley que haga converger la voluntad del Estado -de una vez por todas- en lo que queremos para el adecuado desarrollo de Chile y el equilibrio entre los distintos derechos de los ciudadanos, las competencias de las autoridades y la indispensable certeza para que cada cual sepa el contenido y límite de sus derechos.