Como en Palestina, la tierra

"No debo utilizar la interpelación para gustitos personales". Es lo que debería escribir en el pizarrón y veinte veces el diputado José Manuel Edwards, alias el "Rojo", cuando ya el circo de su interpelación al ministro Peñailillo es historia. Y junto a él, gran parte de los miembros de su coalición, que en estas materias gustan dejar el decoro de lado para transformarse en verdaderos "barra brava". Lo acontecido el pasado jueves en el Congreso fue un espectáculo de mal gusto. Aun así, hay quienes opinan que ambos ganaron. Edwards sus quince minutos de fama. Peñailillo, la oportunidad de estrenar un perfil de estadista que muchos aseguran desconocían. En ambos casos, ganancia político personal. Es para lo único que sirve la interpelación, al parecer. Si de mi dependiera, la eliminaría. Y lo haría por la credibilidad del Congreso. Si es que algo le queda.

Pero no nos perdamos. Lo de Edwards no solo trató de un gustito personal. Tampoco solo de una muestra de racismo, como ha venido señalando el dirigente Aucán Huilcamán en los medios, advirtiendo -"no me ayude tanto compadre", debe estar pensando Huenchumilla- de una posible e inminente "batalla racial" en los campos de La Araucanía. La tierra y el derecho de propiedad de los vencedores, como en todos los grandes conflictos en la historia de la Humanidad, es lo que defendió el diputado Edwards en la Cámara Baja. La propiedad de la tierra. Ha sido el tira y afloja de las últimas dos décadas de conflicto. Por eso el acarreo de agricultores "víctimas de la violencia rural" a Valparaíso, la solicitud -a estas alturas carente de total originalidad- de mayor dotación de Carabineros y sus nostalgias ochenteras por la cuestionada Ley Antiterrorista.

El derecho de los vencedores por sobre el reclamo de los vencidos. Sucede en el conflicto palestino-israelí y también en Wallmapu, el País Mapuche de nuestros abuelos y abuelas. ¿Tiene alguna salida esta herida histórica? Voces del mundo mapuche, muy responsablemente, han propuesto a la Presidenta Bachelet la creación de una "Comisión de Estado" que se encargue de la restitución de aquellas tierras usurpadas a las reducciones, también llamadas "comunidades" por quienes gustan de los eufemismos. Y hablan de una comisión integrada por representantes de gobierno, del pueblo mapuche e inclusive, por qué no, de los actuales "propietarios" de aquellas sureñas franjas de Gaza y Cisjordania. Hablo de los agricultores y las megaempresas forestales del grupo Matte y Angelini, cuyo patrimonio de más de un millón de hectáreas imposible dejar fuera de la ecuación.

Hoy el tema "tierras" está radicado en una cuestionada oficina de Conadi y he ahí parte del problema. Conadi, que será reemplazada por el Ministerio de Asuntos Indígenas, es hoy día un "hombre muerto caminando" de la administración pública. Huele a gladiolos. Y ha demostrado con creces su incompetencia a la hora de salvaguardar los derechos indígenas y actuar a su vez como informal corredora de propiedades. Sobreprecios, soborno, corrupción, clientelismo y pago de favores políticos son algunas de las perlas que investiga por estos días el Consejo de Defensa del Estado, tras denuncia realizada por su actual director, Alberto Pizarro Chañilao. No pocos de la administración anterior con ataque de pánico en la frontera sur. Y de las anteriores a la anterior, ídem.

La tierra. "¿Cómo se soluciona esto?... no se puede devolver toda la Araucanía", reflexiona un amigo en Temuco. Tiene razón. Es inviable. Lo raro es que nadie, en su sano juicio, ha demandado aquello desde el lado mapuche. Ninguna organización ha planteado jamás una limpieza étnica. Ni la expulsión de los chilenos al norte del Biobío. La CAM, por señalar a quien mayores pesadillas provoca en la derecha, situaba en 200 mil hectáreas el reclamo territorial mapuche allá por el año 1999. José Huenchunao, uno de sus portavoces de entonces, así lo indicaba a los medios. José Bengoa, historiador que fue parte de la elaboración de la actual Ley Indígena, calcula en una cifra similar el despojo territorial del que fueron víctimas los mapuches a lo largo del siglo XX, vía asesinatos, corridas de cercos, compras fraudulentas o todas las anteriores juntas. Tierras despojadas por colonos desde los "títulos de merced". Son atropellos recientes. Menos de un siglo los más antiguos.

A esta cifra, inicial, se debe agregar lo reivindicado como "tierras antiguas" por mapuches que no han perdido del todo la memoria. Y es que la "comunidad" creada por los "Títulos de Merced" poco y nada tiene que ver con la real estructura territorial mapuche. Me refiero a los "lof" del siglo XIX, extensos territorios donde ejercían soberanía clanes familiares. Dato no menor; es la lucha por estas "tierras antiguas" la que hoy moviliza principalmente a mapuches en Ercilla, Traiguén y otras zonas de La Araucania y Biobío. Los fundos de René Urban, comprados hace poco por el Estado, "tierras antiguas". El fundo Santa Rosa de Colpi, restituido por Piñera a tres reducciones de Traiguén, lo mismo. ¿A cuántas miles de hectáreas ascenderá este otro reclamo territorial, contemplado a regañadientes y vía un "fondo concursable" en la ley Indígena? No existe información oficial al respecto. "Se anotan los casos a medida que llegan los reclamos a ventanilla", me confidencia una funcionaria de Conadi. Así de improvisado todo.

Sea cuál sea la cifra total del reclamo de tierras mapuche, las forestales, por si solas, cuentan con un patrimonio que la doblará o triplicará fácilmente. ¿No habrá llegado la hora de un gran acto de reparación histórica? Una Comisión de Estado con mandato presidencial, presupuesto, equipos técnicos y una clara hoja de ruta, es lo que a gritos pide el actual escenario si hablamos de curar esta herida abierta. Ya en el gobierno de Lagos la Comisión de Verdad Histórica realizó el diagnóstico, documentó el despojo, estableció con claridad la responsabilidad del Estado en un conflicto que antecede por mucho al primer camión quemado. Huenchumilla, desde el gobierno regional y con el oficio de un relojero de la política, ha situado el tema en la agenda país. De la crónica roja a la discusión editorial. Y por ello cosechado transversales apoyos y aplausos en la opinión pública. Pero se requiere un esfuerzo más.

No me cansaré de repetirlo. Ninguna agenda de políticas públicas podrá avanzar si no se aborda, con visión de estado, el tema tierras. Ni la consulta por los ministerios, ni el Consejo de Pueblos, ni las hipotéticas cuotas reservadas en el Congreso, ni el reconocimiento en la Carta Magna traerán consigo, por si solos, la anhelada paz social. Esto pasa por la restitución de aquellas tierras robadas en ciento treinta años de muy mala historia. Como en Palestina. Como en todos los conflictos desde que el mundo es mundo, agregaría mi abuelo. ¿Cuánta tierra? ¿Dónde? ¿A quiénes y a qué precio comprar? ¿Será necesaria una ley de expropiación? Y para las víctimas de la violencia rural, ¿Indemnizar, a quiénes y en cuánto? Son preguntas que bien podría trabajar esta comisión de estado. He aquí, Presidenta Bachelet, el gran temor de la derecha y del diputado Edwards. Que usted y su gobierno, por fin, decidan tomar cartas en el asunto.