Consejo cuestionado

Durante el último tiempo, y por distintos motivos, el Consejo Nacional de la Infancia ha sido duramente criticado. Más allá de que algunos juicios puedan nacer del contexto electoral y la tentación de golpear todo lo que este gobierno ha hecho, la crisis que vive actualmente la infancia debe llevarnos a evaluar seriamente el desempeño del Consejo. A mi juicio, tres son los errores que esta institución ha cometido.

El primero es, por llamarlo de algún modo, un error de diagnóstico. Nadie podría dudar de la necesidad de crear, hoy por hoy, un organismo que asuma un compromiso en serio con los derechos de los niños. Sin embargo, quienes impulsaron el Consejo no tuvieron en mente los problemas que, ahora, son indudablemente una urgencia social. En efecto, el gobierno, quizá por negligencia o descuido, no vio –o no como un asunto de primera importancia– la necesidad de superar lo que ocurre en los hogares del Sename. En cambio, puso todos sus esfuerzos en un programa cultural que, legítimo o no, no tiene el mismo peso ni prioridad. Esto explica que el proyecto más importante –garantías de la niñez– sólo dedique un artículo a la infancia vulnerada, y no contemple ninguna medida efectiva para superar la crisis.

El segundo error del Consejo fue impulsar una agenda legislativa bajo premisas que son sumamente discutibles. En vez de haber intentado generar consenso con todos los actores y sectores políticos, cosa que era posible en esta materia, optó por plantear un debate en códigos ideológicos, en donde lo fundamental era, no reparar la institucionalidad, aumentar el presupuesto y mejorar la gestión, sino promover una visión de la autonomía del niño que debilita la autoridad paterna, entregar competencias excesivas a la administración que atentan contra la intimidad familiar y resguardar el derecho a la identidad de género del niño. Esto hizo que el proyecto de garantías, por ejemplo, sufriera un importante revés en su discusión en la Cámara de Diputados, en donde, con votos de la DC, se suprimió prácticamente por completo el título más relevante de la iniciativa.

Finalmente, el tercer error dice relación con el diseño del sistema de derechos de la infancia que se propuso a través de diversos proyectos de ley. El problema radica, no sólo en que hay iniciativas claves –como la que distribuye las competencias del Sename– que todavía no han sido siquiera ingresadas, sino que, aun cuando se aprueben todos los proyectos que hoy están en tramitación, no es seguro que mejore la situación actual. Reina la confusión y desorientación a la hora de verificar quién se hará cargo de la prevención de la vulneración o de la representación judicial, ambos aspectos fundamentales si queremos avanzar en un sistema integral de derechos de los niños. Además, debido a que los proyectos que conforman el sistema se han tramitado en comisiones y momentos distintos, no se ha tenido a la vista que la modificación de uno repercute en todo el engranaje, al punto que hoy no existe claridad en la forma en que va a operar el sistema.

En todo caso, y más allá de lo anterior, posiblemente el peor error que cometió el Consejo fue perder una valiosa oportunidad (presupuesto extraordinario, una cantidad no menor de funcionarios y cuatro años de existencia) para hacer algo concreto por los niños vulnerados.