Consumidores antes que ciudadanos

En medio de la vorágine legislativa de finales de gobierno, mientras se debatía la despenalización del aborto y la reforma a las pensiones, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó el 1 de agosto una modificación a la Ley del Consumidor Nº 20.967 denominada "Cobro por servicios de estacionamientos". Los legisladores obligan a los proveedores de servicios de estacionamientos en centros comerciales, supermercados, aeropuertos y otros, a establecer una tarifa gratuita a todo evento por la primera media hora de uso, que puede extenderse por una hora a los usuarios que acrediten una compra o pago de servicios por un valor superior a un octavo de unidad tributaria, y se ampliará a 120 minutos si es igual o mayor a un cuarto de unidad tributaria. Junto a ello, el prestador de servicios no podrá cobrar a los trabajadores que desempeñen labores remuneradas en las tiendas del lugar. En otras palabras, todo lo que se había resuelto y discutido por meses durante 2016 ha sido borrado con el codo so pretexto de proteger a trabajadores y consumidores de los supuestos abusos de las empresas de estacionamientos.

Nuevamente volvemos a legislar con el ojo puesto en el voto fácil y las posiciones personales por sobre los intereses colectivos. Sin duda que a gran parte de la ciudadanía no le gusta pagar por servicios que deberían ser ofrecidos en forma amplia y a bajo costo; y los operadores de estacionamientos no estuvieron a la altura del problema cuando se legisló en 2016, pero nuevamente los honorables fallan en medir los efectos negativos que una medida como esta trae a la ciudad como un todo.

La mayoría de los centros comerciales y de servicios de gran convocatoria están ubicados en centros urbanos o subcentros que por su localización cuentan con buena oferta de transporte público y presentan altos niveles de congestión en su entorno. En este sentido, dedicar espacio a estacionamientos en esas zonas significa un alto costo para esos metros cuadrados, y el costo social de ingresar en dos toneladas de fierro humeantes en una zona congestionada es mucho más alto que la bencina, patente o estacionamiento que ese individuo automovilista esté dispuesto a pagar. En otras palabras, si facilitamos a los consumidores automovilistas la gratuidad en el uso de estacionamientos, incentivamos a que más vehículos ingresen a estas zonas saturadas, con el consecuente impacto en las vidas de todos los otros ciudadanos -70% de los usuarios de centros comerciales-, que tendrán que compartir los costos de más accidentes, contaminación, pérdida de tiempo y congestión.

Por otro lado, el costo oportunidad de tener que disponer en forma gratuita de los espacios de estacionamientos tendrá que ser absorbido por los locatarios, y transferido a alzas de precios de los productos a los propios consumidores que la ley pretende proteger.

Finalmente, mientras en todo el mundo desarrollado las políticas urbanas apuntan a reducir la oferta de estacionamientos en zonas saturadas, estableciendo máximos y no mínimos como estipula nuestra normativa, y a sabiendas que la industria automotriz va a evolucionar a modelos compartidos, aquí nuevamente nuestros legisladores optan por el camino fácil, viendo a sus electores más como consumidores individualistas en lugar de ciudadanos que buscan el bien común.