"Copy paste"

Salvo honrosas excepciones, la vez anterior los actores políticos no estuvieron nunca dispuestos a reconocer que las boletas ideológicamente falsas entregadas a diversas empresas, eran una forma transversal de financiar campañas. Ahora el expediente parece ser más o menos similar: recursos de asignaciones parlamentarias, que fueron utilizados para financiar operadores y centros de estudios vinculados a los partidos propios, contra entrega de informes plagiados y asesorías ficticias.

A la evidencia de pagos efectuados con asignaciones de Alejandro Guillier por estudios "copy paste", hechos por una consultora vinculada a personas que trabajan en su comando y que están siendo investigadas por el financiamiento irregular de la "precampaña" de Michelle Bachelet, se sumaron luego antecedentes sobre informes falsos pagados por cuarenta diputados. Las explicaciones absurdas no se hicieron esperar: los parlamentarios pretenden hacernos creer que todos habrían sido "engañados", por lo que en apariencia no podría ser nada más que una verdadera maquinaria dedicada a estafarlos, al venderles informes copiados. Incluso una diputada comunista anunció, ofendida, que había decidido suspender los servicios otorgados por el centro de estudios de su propio partido, porque al plagiar documentos no cumplieron con los mínimos estándares de "honestidad intelectual".

En síntesis, volvimos otra vez al punto de partida: una clase política que se niega a reconocer una práctica masiva y transversal, destinada a usar las asignaciones parlamentarias para fines que tuercen el sentido para el que fueron establecidas. Es cierto que las generalizaciones son siempre odiosas y seguramente existen congresistas que hacen buen uso de sus asignaciones. Pero 40 diputados pagando por estudios falsos no pueden ser considerados una excepción, a lo que se agrega la reacción corporativa del Senado, que por razones fácilmente imaginables se ha negado a entregar a la fiscalía los informes ficticios, requeridos en el marco de una investigación sobre eventual uso fraudulento de recursos públicos.

La insólita decisión de la Cámara Alta se sumó a la ofensiva desplegada por Alejandro Guiller en contra de los fiscales, acusándolos de priorizar causas en función de supuestos beneficios económicos. Una acusación de la máxima gravedad respecto al buen funcionamiento del sistema de persecución penal, y de la cual el parlamentario aún no entrega los antecedentes que la fundamentan.

Hasta ahora, más bien, lo único claro es que una práctica parlamentaria relativamente frecuente, destinada a hacer mal uso de recursos financiados por todos los chilenos, ha terminado por instalar un delicado conflicto de poderes, que solo contribuye al desprestigio de las instituciones y a la desconfianza pública.

Al final del día, el verdadero "copy paste", el de las más serias consecuencias, es el que realizan aquellos que nuevamente intentan encubrir sus irregularidades, con un manto de silencio y de explicaciones inverosímiles.