¿Cuánto cuesta?

¿Cuánto cuesta? ¿Y qué podría hacerse con los mismos recursos? Preguntas claves para cualquiera que haya tomado un curso introductorio de economía. Desafortunadamente, las propuestas que hacen algunos candidatos y algunos movimientos que han alcanzado alta notoriedad no contienen ninguna pista acerca de las respuestas a preguntas tan básicas. Doy solo dos ejemplos: aunque la gratuidad universal en la educación superior no es un objetivo inmediato de la política pública, es aún la aspiración de la Nueva Mayoría. Y el reemplazo de las AFP por un sistema de reparto (aún sin definir cómo se lo va a implementar) es la bandera de lucha de un movimiento social que reúne a personas descontentas por las bajas pensiones que proporcionan las AFP (y quizás el pilar solidario del sistema de pensiones también) y probablemente represente las preferencias de buena parte de la Nueva Mayoría.

En otras columnas ya me referí a la gratuidad en la educación superior y a lo regresiva que ella resulta. No solo no hace nada por mejorar el acceso a la educación superior para los jóvenes de ingresos modestos, y a los mayores ingresos que ello conlleva, sino que le resta recursos a otros objetivos que, todos los analistas coinciden, serían más efectivos en mejorar el acceso a la educación superior para los pobres. Hay una coincidencia casi universal que el gasto más efectivo para superar los problemas que enfrentan los jóvenes de bajos ingresos está en la educación pre-escolar y la escolar. Solo últimamente se ha venido a reconocer que la educación técnico profesional, la cual cursan mayoritariamente estudiantes de bajos ingresos, es más importante para equiparar oportunidades que la universitaria. ¿El costo de la gratuidad universal en la universidad? Pareciera que no importa, que basta invocar unos "derechos sociales" para argumentar en su favor. No es difícil hacer el cálculo. ¿Y lo que hay que sacrificar? Bueno, mejorar la educación preescolar y escolar para los pobres, que son los olvidados de las políticas públicas.

En lo que se refiere al movimiento "No+AFP", tampoco se ha calculado el costo de la propuesta de volver a un sistema de reparto. Es indispensable hacer ese cálculo y a cuánto debería subir la tasa de cotización para poder hacer viable ese sistema en una sociedad que envejece rápidamente y, como consecuencia, en la cual la población activa debe hacerse cargo de la jubilación de los mayores, como se requiere en un sistema de reparto. Ello no significa que no debamos mejorar el sistema, sí que es importante evaluar los costos de las alternativas.

No debemos hacer políticas públicas simplemente apelando a las emociones y a nuestro sentido de justicia. Es importante cuantificar cuánto cuestan nuestras propuestas y evaluar si tenemos medios distintos para acercarnos a los objetivos y que sean financieramente responsables para nuestra economía.