¿Daño colateral?




LA TARDE del 1 de abril de 1991, a la salida del Campus Oriente de la UC, fue acribillado el senador Jaime Guzmán. Era mi amigo, el fundador de la UDI y un indiscutido líder de la oposición. Sin duda, su asesinato fue un crimen político, de carácter terrorista, que tuvo como propósito obstaculizar y entorpecer el proceso de reinstalación de la democracia en Chile. Tras su muerte no hemos tenido otras víctimas de la violencia política extremista.

Después de 26 años, fueron detenidos dos miembros del FPMR que estaban en el Campus Oriente ese 1 de abril. En México cayó Raúl Escobar Poblete, uno de los autores de los 12 disparos que le quitaron la vida a Jaime. Nunca había estado preso y en su vida acumula un largo historial de crímenes y secuestros. En Chile, fue aprehendida su expareja, Marcela Mardones, quien hizo el seguimiento previo de las rutinas de Jaime para planificar el crimen y facilitó el escape de los frentistas ratificando, desde un paradero, que estaba dispuesto el vehículo para la huida. Por ello, fue sometida a proceso por el ministro Carroza por delito de atentado terrorista con resultado de muerte. Fueron más de 25 años de lucha y perseverancia, en que nunca nos dimos por vencidos, pese a las increíbles dificultades que enfrentó el caso y al paso del tiempo. Finalmente se ven frutos relevantes, gracias al trabajo de nuestra Justicia y la Policía.

Por eso, resultan incomprensibles y aberrantes los dichos del presidente del PC, Guillermo Teillier, quien calificó como "daño colateral" el asesinato de Jaime. Muestra una total falta de respeto por la vida humana y es legítimo preguntarse si considera legítimo usar balas en democracia para asesinar a un parlamentario que fue elegido por votación popular. De hecho, debió salir a corregirlo un diputado de su propio partido, Lautaro Carmona, para asegurar que este crimen "no tiene ninguna justificación". Lamentablemente, la posición zigzagueante y contradictoria del PC no es novedad, como quedó demostrado con el rechazo del Hugo Gutiérrez al proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que solicitaba la extradición de Escobar Poblete, aunque en el caso de este diputado PC ya nada nos asombra. Postura en la que fue acompañado, sorprendentemente, por Gabriel Boric.

La violencia política y los crímenes terroristas deben ser condenados siempre y con firmeza, sin medias tintas ni dubitaciones. Por eso, hay silencios que no se pueden dejar pasar, como el del abanderado PS-PPD-PR-PC, Alejandro Guillier, quien ha brillado por su ausencia, nuevamente, en un tema fundamental. Quizás sigue pensando erróneamente -como él mismo señaló hace semanas- que los actos terroristas solo pueden ser cometidos por agentes del Estado.

Chile tiene hoy una paz y una democracia consolidadas y entre todos debemos cuidarla. Por ello son tan importantes los gestos y las actitudes, y en eso, ninguno de los que estamos en política podemos fallar.

Capítulo aparte -probablemente para otra columna- es el rol de Cuba como país que protegió a los miembros del FPMR que cometieron deleznables crímenes en Chile. Una prueba más de ello la dio Marcela Mardones, al admitir que vivió en la isla antes de radicarse en México.

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