El decreto avasalla la privacidad

Hace poco, la organización Derechos Digitales dio a conocer un decreto, firmado por la Presidenta Bachelet, que podría incrementar el acceso gubernamental a datos personales. El decreto, que aún debe ser aprobado por la Contraloría para entrar en vigor, afectaría gravemente el derecho a la privacidad y replica prácticas de gobiernos autoritarios.

El decreto exige que las compañías de telecomunicaciones conserven, al menos por dos años, datos sobre comunicaciones de todos los ciudadanos sin distinción, incluidas llamadas telefónicas, mensajes de correo electrónico y de aplicaciones de celular. Si bien no exige preservar el contenido de dichas comunicaciones, cubre datos, como la localización de las personas y los números telefónicos llamados, que podrían darle al gobierno una información clave sobre la vida privada del usuario, especialmente cuando la información se recolecta a gran escala. Por ejemplo, si el gobierno sabe que alguien hizo una llamada a un oncólogo o a un psiquiatra, podría arrancar conclusiones claras sobre la situación personal de quien hizo la llamada, aun sin saber qué dijo. Asimismo, los datos de localización de celulares pueden dar a las autoridades un mapa detallado de los movimientos de una persona.

Esto supone una intromisión desproporcionada en la privacidad. Sin duda es razonable exigir acceso a datos específicos para investigar delitos, siempre que haya ciertas garantías básicas. Pero la retención indiscriminada de datos que dispone el decreto va mucho más lejos y afecta a todos los usuarios, al margen de si son sospechosos de haber cometido un crimen. El máximo tribunal de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia, ha invalidado leyes similares en dos oportunidades, señalando que estas suponen una intrusión injustificada. Aunque el Reino Unido aprobó una ley de retención de datos el año pasado, en general los países de la Unión Europea han gradualmente derogado estas normas. En cambio, gobiernos autoritarios como los de China y Rusia recientemente ampliaron sus leyes sobre conservación de datos para fortalecer la férrea vigilancia que ejercen sobre sus ciudadanos.

Más aún, el decreto sólo exige explícitamente una orden judicial para interceptar comunicaciones, y no para acceder a datos ya retenidos. Sin control judicial, el decreto podría convertir al gobierno en una especie de "gran hermano" que puede saber, todo el tiempo, donde está cada persona y con quienes se comunica.

Por último, el decreto también prohíbe a las compañías de telecomunicaciones usar tecnología que impida interceptaciones. Si se interpreta esta norma de forma amplia para prohibir el encriptado, Chile sentaría un precedente peligroso. El encriptado es fundamental, en la actual era digital, porque protege a millones de usuarios frente a ciberdelincuentes y hackers. Incluso en Estados Unidos, uno de los países con políticas más intrusivas en este ámbito, el Congreso no ha apoyado propuestas para restringir la encriptación porque reconoce su importancia para limitar el cibercrimen. El gobierno de Chile debería dar el ejemplo promoviendo el encriptado como una medida indispensable para incrementar la seguridad de sus ciudadanos, en lugar de imitar a gobiernos como los de Rusia y Turquía, que lo han restringido.

Cuando la Contraloría se pronuncie en los próximos días sobre el decreto, deberá decidir si protege el derecho fundamental a la privacidad de los chilenos o si permite que el gobierno replique políticas típicas de países autoritarios. No debería haber dudas sobre cuál es la decisión correcta.