Democracia regional




ESTA SEMANA se dio un paso más en el propósito de elegir democráticamente a los intendentes del país ("gobernadores" para ser precisos con el texto legal). El proyecto fue precedido de un duro debate, el que probablemente continuará en los próximos meses. Más allá de la victoria política y comunicacional que se anotó el gobierno, existen severas dudas de que pueda implementarse esta medida el próximo año, cuestión que no sólo depende de la celeridad del trabajo en el Congreso sino, más importante todavía, de que se arribe a un consenso razonable de cuál ha de ser el modelo más adecuado de descentralización política del país, con un coherente y consistente traspaso de competencias y facultades.

En efecto, poco se avanza si los próximos "gobernadores" carecen de las mínimas capacidades para administrar adecuadamente sus respectivos territorios. En el actual estado de nuestra democracia, incluso resultaría contraproducente generar otra expectativa más sobre participación y autonomía para las regiones del país, si el resultado termina siendo un poco más que decorativo. Peor aún, de verse tempranamente frustrada la promesa que ha enarbolado este proyecto, corremos un riesgo de acrecentar la crisis de gobernabilidad territorial, pues más temprano que tarde las nuevas autoridades se transformarían en la expresión institucionalizada del descontento y oposición hacia el gobierno central, cualquiera sea el color político de éste.

Es justamente por lo anterior, que este primer paso requiere de otros sucesivos, que adoptados de manera reflexiva, pensando en el largo plazo, desprovisto de pequeños cálculos, nos conduzcan a un modelo de administración que reconozca el valor y potencialidad de nuestras regiones. Por el contrario, si apuramos el tranco simplemente por cumplir, soslayando las dificultades técnicas y sociales que este camino conlleva, corremos el riesgo de fracasar en el intento, generando más daño para los diferentes territorios del país.

Hay una notable oportunidad, especialmente si consideramos la transversalidad del debate y especialmente del apoyo a esta iniciativa, donde los actores no se alinearon según sus bloques y partidos. La celeridad no siempre fue incompatible con la calidad, pero esta última debe primar en un cambio de esta envergadura. Si hay tiempo para hacer las cosas bien e incluso implementar esta reforma a corto plazo, bienvenido sea. Pero si los plazos se estrechan, bien vale la pena postergar su entrada en vigencia, incluso en la legítima perspectiva de quienes sostienen que esta elección no debe efectuarse de manera simultánea con otras de carácter nacional que tenemos por delante.

Pero sea cuando sea, un buen y exitoso debut de esta modificación a como pensamos la democracia territorial, facilitará el tránsito para la más importante y difícil dimensión de este objetivo: me refiero a la descentralización administrativa y fiscal.

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