Desafíos de la justicia criminal




Sin dudas, la lección más importante de la reforma procesal penal es que cambios complejos no se logran con la aprobación de una ley, sino más bien se inician con ella. Por supuesto, un buen diseño normativo es clave y el esfuerzo político de aprobarlo no es para nada algo menor, pero infinitamente más complejo es implementarlo, lograr efectivamente concretar las transformaciones, evadiendo la vieja sentencia gatopardiana de "que todo cambie para que todo siga igual". E implementar es mucho más que echar a andar nuevas instituciones y contratar su personal, cuestión que al fin del día, con mayor o menor trabajo, no es una tarea tan compleja. Lo realmente difícil es cambiar la forma como las personas trabajan, alterar sus prácticas arraigadas para que hagan algo distinto.

Ese fue el objetivo de la reforma a nuestro sistema procesal penal, transformar la forma como operaba la justicia. que básicamente consistía en ir acumulando papeles, siguiendo pasos preestablecidos, con los cuales se formaba un expediente, el cual finalmente le servía al juez para tomar una decisión. El nuevo sistema sustituyó de manera radical esa manera de construir la decisión judicial, por otra basada en la litigación, en donde las partes aportan la prueba y la discuten en una audiencia oral, tomando el juez la información más creíble que surge de dicho debate para arribar a su sentencia. Los principales logros de la reforma se encuentran en ese nivel, pues gracias a un mejor modelo de trabajo el sistema ganó en transparencia, rapidez y, sobre todo, en calidad.

Sin embargo, contrastan los éxitos obtenidos en esa etapa con los escasos avances logrados en la previa, aquella destinada a generar la información necesaria para alimentar la decisión. El gran déficit de la reforma procesal penal, que tras 17 años aún no ha podido ser resuelto, es contar con un modelo de investigación penal alternativo que reemplace las viejas e ineficientes prácticas. Hoy en día el sistema funciona adecuadamente ante la delincuencia flagrante, aquella en que la persona del imputado y la prueba están disponibles desde el comienzo. También muestra buenos resultados ante la criminalidad de extrema gravedad, como los homicidios, donde el sistema de investigación aplica sus mayores y mejores recursos y, por regla general, obtiene la información necesaria para llevar a alguien a juicio. Pero el sistema falla frecuentemente en los restantes casos, donde tal como pudimos apreciar en el robo que afectó la semana recién pasada a un exfiscal, la policía no ha innovado sus métodos y los resultados que arroja su trabajo son muy deficitarios.

Ello se debe a una cierta confusión sobre qué le corresponde hacer a la policía y qué a los fiscales, que al final del día se traduce en que estos últimos terminan siendo públicamente responsables por las ineficiencias de los primeros. Clarificar los roles, coordinar efectivamente el trabajo de unos y otros y, sobre todo, modernizar los métodos de trabajo policiales, son los principales desafíos que enfrenta el sistema de justicia penal en nuestro país.

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