Dinero y espacio público

A estas alturas, poco se puede agregar al consolidado diagnóstico sobre la perniciosa relación entre dinero y política que se ha generado en nuestra institucionalidad. Más allá de los casos que se investigan por presunta infracción a la ley vigente, lo que esta coyuntura posibilita es una revisión general de las normas que nos regulan, avanzando decididamente hacia un modelo más sano, justo y transparente. En esa dirección, uno de los aportes más significativos fue recientemente dado a conocer por el centro de estudios Espacio Público, con propuestas que corrigen varias de las anomalías que evidencia nuestro sistema.

La primera es terminar con los aportes reservados por sobre 20 UF, estableciendo una cuenta única de ingresos y gastos por cada candidato. Este es probablemente el más obvio y sentido de todos los cambios, pues el anonimato de los grandes aportantes ha generado una razonable sospecha sobre la conducta general y específica de nuestros representantes. Lo que pudrió este sistema es que los ciudadanos no sepamos quién donó, cuánto dinero transfirió y cuál fue el beneficiario.

Una segunda línea se refiere a disminuir el impacto que el dinero tiene en los procesos políticos, con una mayor fiscalización y monitoreo de los períodos previos a la campaña oficial, la que debe ser interpretada de forma amplia, terminando con los actuales eufemismos para vulnerar las disposiciones legales y estableciendo topes de mercado para el valor de aquella propaganda general y recurrente.

A continuación, la propuesta se hace cargo del tema de las sanciones, las que no sólo se refieren al límite del gasto, sino también deben penalizar los ingresos y egresos no declarados, y la adulteración de documentos.

En cuanto al financiamiento de los partidos, la propuesta de Espacio Público ahonda en los detalles sobre los montos, la forma de distribución y los requisitos para el acceso, privilegiando de manera significativa la representatividad, el trabajo programático y la transparencia. En todas las áreas y propuestas antes mencionadas, el Servicio Electoral tiene un rol fundamental, para lo cual se propone una reformulación de dicho organismo, emulando más a la función que hoy cumple una superintendencia.

Si quizás en la única propuesta donde todavía mantengo una diferencia es en la prohibición de los aportes por las personas jurídicas. He sostenido que terminada la reserva y los beneficios tributarios del que actualmente gozan las empresas, se corrigen de manera significativa las distorsiones que las donaciones corporativas generan en la actividad política, transparentando y regulando su intervención. Con todo, es sólo modesto desacuerdo ante una robusta propuesta para el debate.