Disparo a la bandada

La denuncia que el senador y candidato presidencial Alejandro Guillier contrató con fondos públicos asesorías que eran un simple "copy paste", incluso de documentos del propio Senado, lo han obligado a dar explicaciones, que no han brillado por su solidez.

Pero parece no estar pagando muchos costos, cuando la discusión derivó en un enfrentamiento entre el Ministerio Público y el Senado, en atención a que el órgano persecutor reaccionó a la denuncia solicitando la entrega de la documentación de todas las asesorías realizadas en la Cámara Alta en años recientes. Un disparo a la bandada, que el fiscal regional Manuel Guerra justificó "por un tema de transparencia y de trato igualitario a todos los sectores". Pero sucede que la Constitución y la ley entregan a la Fiscalía la atribución de investigar delitos que se hayan cometido, lo que requiere hechos que revistan el carácter de tales, y no de andar verificando si se han cometido delitos, sin que se conozcan hechos concretos. Pasar esta línea transforma al Ministerio Público en un fiscalizador omnímodo, un precedente preocupante que amenaza la libertad y los derechos de los ciudadanos. En simple: ¿Le gustaría a usted recibir un oficio de un fiscal pidiéndole que entregue todos sus papeles para ver si ha cometido algún delito? Los fiscales deben investigar el caso del senador Guillier, en que aparecen antecedentes que justifican la pesquisa, y en la medida que surjan otros hechos similares, la podrán y deberán ampliar.

El argumento del igual trato no permite pasar dicha línea. Sin embargo, resulta curioso porque da la sensación que el Ministerio Público se siente al debe al respecto, en lo que no estaría tan equivocado, cuando muchos pensamos que en la investigación del financiamiento irregular de política la mano se cargó hacia un solo lado y ha costado que comience a mirar el otro.

Lo lamentable fue que la reacción del Senado ha tenido un tono de dignidad menoscabada, que en el ambiente actual de desconfianza ciudadana suena a pretexto y defensa corporativa. Ella debió fundarse sobre todo en la extralimitación de funciones, argumentado que si eso sucede con la Cámara Alta, que es un poder autónomo, ¿qué queda entonces para el ciudadano común? Si a ello se agrega que el Senado se ha opuesto a que se hagan "auditorías sorpresa" por parte del Comité de Auditoría Parlamentaria, que es un órgano interno, que por lo mismo no violan su autonomía, y que son necesarias para disuadir acciones irregulares, queda con más fuerza la sensación de que algo se esconde.

Así, los senadores, que debieran actuar en interés de la ciudadanía, han debilitado la defensa del principio inherente a la democracia que los órganos del Estado, incluido el Ministerio Público, no pueden atribuirse facultades que no tienen y deben sujetar su acción estrictamente a las normas legales. Y éstas no facultan al órgano persecutor penal a andar a "la pesca" de posibles delitos.