Educación de excelencia, privilegio de pocos

Como ya es conocido por la opinión pública, el gobierno ha decidido que en materia de educación, es más prioritario la restricción de la selección en base al mérito y del aporte de las familias en la educación de sus hijos, que la promoción de políticas que fortalezcan la educación pública, y que directamente, mejoren la calidad de la educación de todo el sistema educacional nacional.

Pese a las innumerables criticas de diversos actores relevantes, la entredicha reforma educacional se encuentra en actual fase de implementación, y no sorprenden las innumerables dificultades de ejecución que tienen cada una de sus temáticas. Ahora es el turno de un reciente borrador de reglamento – a la espera que sea corregido prontamente por las autoridades- que desconoce lo estipulado originalmente en la ley aprobada por el congreso en relación a permitir, en establecimientos de altas exigencias académicas, la selección del 30% de sus estudiantes en base al merito académico. Dicho borrador establece que los establecimientos educacionales con subvención proveniente del Estado deben contar con una antigüedad de más de 30 años,  deben estar dentro del 20% superior en las mediciones Simce y deben tener el doble de postulantes por vacantes. Frente a esto, se pueden observar una serie de falencias que debieran ser corregidas previamente a su publicación definitiva.

En primer lugar, la decisión de incorporar un criterio de existencia (al menos 30 años), excluye a una serie de liceos de alta exigencia, como lo son los Liceos Bicentenarios, fundados en democracia, y que han demostrado un rendimiento académico superior al 20% de la región, en los resultados de las mediciones nacionales.

En segundo lugar, con respecto a la necesidad de contar con el doble de postulaciones al número de vacantes, algunos establecimientos estarían quedando fuera, pese a su indiscutible carácter de establecimiento de altas exigencias con resultados históricamente destacados. A modo de ilustrativo, el Instituto Nacional, que últimamente se ha visto perjudicado fuertemente por medidas como la introducción del Ranking de Notas como criterio de admisión a la universidades; y los innumerables meses de clases perdidas producto de las tomas, ha tenido como consecuencias una baja en las postulaciones. Además, se estaría excluyendo ipso facto  a aquellas localidades con una baja densidad poblacional donde, independientemente del carácter de alta exigencia del establecimiento, este nunca podrá optar por dicha excepción por su mera ubicación geográfica.

Y en tercer lugar, si este reglamento entrase en vigencia, los sostenedores tendrían lo que resta del mes de febrero y marzo, para presentar una solicitud de excepción a la discrecionalidad del funcionario de gobierno de turno, para poder admitir a aquellos alumnos que han demostrados los méritos académicos y que han manifestado su voluntad de asistir a dichos establecimientos.

La evidencia disponible es clara sobre el impacto positivo que tiene la selección estudiantil en liceos de excelencia en alumnos que carecen de la posibilidad de solventar el arancel de colegios privados con destacados resultados académicos. Pensar que esto responde solo a un beneficio personal en vez de a un beneficio colectivo para la sociedad, es sesgar la discusión a márgenes ideológicos. ¿O acaso una educación de excelencia debe ser solo un privilegio para quienes pueden pagarla?

Al parecer, en esta reforma la ideología ha nublado todo acto de racionalidad que debiera tener una política pública. Si no, cómo explicar el absurdo de que el poder ejecutivo vaya a tergiversar una ley aprobada por el congreso, promocionada por el mismo gobierno, y que viene a regular materias como la selección, que ellos mismos juraron eliminar en sus promesas de campaña. No se entiende.