Educación superior: la nueva forma de legislar

Luego de meses de discusión y a pesar de las dudas de varios diputados oficialistas, a comienzos de esta semana se aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que pretende reformar el sistema de educación superior. De esta forma, se podrá proseguir con su discusión en particular y se trabajará en la elaboración de una ley final. Pero la tarea que viene es complicada: las críticas transversales que ha recibido este proyecto lo hacen necesitar, no cambios leves, sino que una verdadera reformulación.

Y como si esto no fuese suficiente trabajo para el gobierno, para lograr la aprobación de sus socios, éste se comprometió paralelamente con dos nuevos frentes: ingresar un proyecto que aborde la situación de las universidades estatales y otro que modifique el crédito con aval del estado, "sacando a los bancos" del sistema.

Lamentablemente, este supuesto acuerdo para destrabar el avance de su proyecto en esta primera etapa, está muy lejos de ser una solución. Es de hecho un agravante. Si el gobierno ya se encontraba en aprietos frente a la imposibilidad de financiar su más emblemática promesa –la gratuidad-, ahora además tendrá que buscar la forma de conseguir los recursos necesarios para satisfacer a las universidades estatales y para financiar los créditos estudiantiles de 90 mil alumnos cada año.

A pesar de lo difícil que se ve el panorama, no sería la primera vez que el gobierno saca una reforma ante condiciones tan desfavorables. Es que lo ocurrido hasta aquí no es muy distinto a cómo se han tramitado otras leyes –sin ir muy lejos, en materia de educación escolar-. Incluso podría decirse que el gobierno y sus parlamentarios vienen practicando una nueva forma de legislar.

Ésta consiste, primero, en difundir un diagnóstico incompleto, erróneo o abiertamente falso, cuya culpa recaiga en algún "cuco" que se pueda resumir en una consigna como "fin al lucro", o el más reciente, "fuera los bancos". Segundo, en reducir a las personas y a las organizaciones que éstas voluntariamente conforman, para enaltecer en cambio la figura del Estado –el único capaz de vencer al "cuco"-, creando nuevos cargos públicos y entregándoles más poder. Tercero, ignorar las complejidades y advertencias técnicas: si se puede escribir en una ley, ¿por qué preocuparse de que sea viable? Por último, la tarea de los legisladores oficialistas: criticar durante la tramitación, siempre haciendo ver que su preocupación es "la gente", pero finalmente aprobar el mismo mal proyecto, sin que se le haya hecho algun arreglo relevante.

Esto es exactamente lo que ocurrió en educación escolar. Se planteó una ley para "eliminar el lucro", aun cuando jamás se pudo mostrar a cuánto se supone que éste ascendía, cuánta plata habría perdido el sistema por su culpa, ni tampoco cuál era el impacto negativo que éste provocaba en los alumnos y que ameritaba su erradicación. Bajo esa excusa, sin embargo, se diseñó una absurda burocracia para los colegios, que los parlamentarios oficialistas terminaron aprobando, a pesar de sus propias dudas y de las advertencias de los sostenedores educacionales. ¿El resultado? Al poco tiempo ya se está discutiendo un nuevo proyecto que pretende postergar la entrada en vigencia de esta ley y hacerse cargo de algunos imprevistos –que en realidad muchos sí previeron-, de manera de "permitir el adecuado funcionamiento del sistema escolar" (así mismo se llama el proyecto).

Esta nueva forma de legislar puede generar pequeñas ganancias mediáticas en el corto plazo. Pero le hace un daño inmenso al país y a nuestras instituciones. ¿Se repetirá en el caso del proyecto de reforma al sistema de educación superior? Esperemos que no.