El Tribunal Constitucional




CONSUMADAS LAS primarias voluntarias y simultáneas, qué duda cabe que terminaron siendo una muy buena noticia para la alianza de derecha y una mala para el Frente Amplio, y para quienes no competimos, ello más allá de las razones plausibles, que se tuvieran a la vista para tal decisión.

Ahora comienza la tierra derecha, los hípicos sabemos que es allí donde las carreras se deciden, es en esta etapa donde las candidaturas definitivas salen primero a convencer a los ciudadanos para que voten, y conseguido aquello hoy más dudoso que antes y luego que lo hagan por la opción promocionada.

Para lo anterior se convertirá cada vez más necesario que en convencimiento surja de un debate de ideas, de propuestas, no de meras descalificaciones, que terminan constituyendo en un clima de crispación, del que jamás resulta fácil escapar.

A propósito de un debate, permítanme alguna líneas sobre el Tribunal Constitucional (TC), allí el debate parece instalarse entre aquellos que quieren mantenerlo intocado (lo quieren para todo el texto de la actual Constitución) y aquellos que lo quieren hacer desaparecer (la retroexcavadora presente también aquí, todo de nuevo, de fojas cero.

Diremos que un TC es un órgano autónomo, con forma judicial, al que se le entrega la facultad de validar o invalidar los proyectos de ley y las leyes vigentes, según su grado de conformidad con los principios y reglas de la Constitución.

Obviamente, una institución de estas características es objeto de fuertes controversias, que incluyen la conveniencia de que ella exista. Entre nosotros, la propia historia del TC ilustra, a la vez, la necesidad de su existencia así como la complejidad y riesgos de su implementación práctica.

De partida, contra una afirmación frecuente, es falso que el surgimiento de este órgano haya sido obra de la Constitución de Pinochet. Nació en democracia, en 1971, siendo el primero en América Latina.

No queremos una Constitución "partisana" abanderizada con un programa o sector de la política, tampoco podemos aceptar que exista un TC habilitado para arbitrar en materia de opciones políticas contingentes, u opinables.El TC no puede transformarse en lo que desde hace décadas algunos constitucionalistas han motejado como una "tercera cámara", a la que se acude para definir cuestiones de mérito u oportunidad.

El gran tema que rodea el diseño y la instalación de todo TC es cómo hacer para que, siendo eficaz en el cumplimiento de sus funciones, no las exceda. Si esos jueces están encargados de evitar que se aprueben leyes contrarias a la Constitución, ¿quién asegura que ellos no se vayan a dejar arrastrar a la misma falta, pero esta vez por la vía de hacer imposible la aplicación de leyes que sean constitucionalmente no objetables?

De importancia fundamental es determinar quiénes - y el modo - en que se designa a los magistrados.

"Entendiendo que las opciones en esta materia son limitadas, creemos que debe propenderse a que los elegidos para integrar el Tribunal Constitucional respondan a la convergencia de varias voluntades". Concordamos con Correa Sutil en que "la designación autónoma de los tres poderes solo ha funcionado medianamente en la Corte Suprema".

Siguiendo la regla republicana según la cual nadie está por encima del orden jurídico, postulamos incluir a los ministros del TC en la lista de autoridades acusables en juicio político. Entendiendo la necesidad de blindar a estos magistrados contra acusaciones constitucionales de una mayoría "vengativa" que simplemente quiere domesticar al contralor de la constitucionalidad, sugerimos explorar la incorporación de un quórum de aprobación especial, por ejemplo, de los tres quintos del Senado.

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