¿Estado de Derecho en la Araucanía?

"Esto causo tal ira en los terratenientes, que llegaron en un numeroso grupo a mi oficina… y en forma insolente me dijeron que esto me costaría la cabeza, ya que estaba favoreciendo a un puñado de indios flojos, borrachos y asesinos en perjuicio de agricultores pujantes y honrados".

Usted podría creer que lo anterior lo dijo algún dirigente gremial a raíz de la trifulca armada por el cambio en la prisión preventiva de la Machi Francisca Linconao, pero no, corresponde a un extracto del bestseller "Un veterano de tres guerras", editado por Guillermo Parvex.

En uno de los recuerdos de José Miguel Varela, señala que en el verano de 1889 un grupo de agricultores le reclamo por haber reconocido a un longko mapuche de Chol Chol la propiedad de tierras que eran altamente productivas y que los agricultores querían para sí. Varela les dijo: "que estaba actuando de acuerdo a las instrucciones del gobierno y totalmente apegado al derecho, ya que la ley indicaba claramente que lo primero que correspondía al sanear el territorio, era asignar los terrenos a los mapuche, luego delimitar la reserva para la colonización y, por último, los terrenos sobrantes de ambos procesos, debían ser licitados mediante remate público". Enfurecidos los agricultores le replicaron a Varela: "esto es lo último que harás", "el Presidente, cuando sepa esto, te va a sacar de unos puntapiés en el culo", "hasta aquí no más llegaste". (Pág. 335)

Hoy al igual que hace 128 años, los gremios bajo el alero de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA) ponen el grito en el cielo cada vez que algo no les gusta, la única diferencia es que hoy utilizan insertos en los medios de comunicación.

En el ya polémico inserto de la SOFOFA, manifestaron muy sueltos de cuerpo que "no impera el Estado de Derecho" en la Araucanía y que existen grupos que actúan en "absoluta impunidad", para lo cual requieren al Gobierno "tomar medidas inmediatas y excepcionales, haciendo uso de todas las facultades que contempla nuestro ordenamiento institucional, a fin de identificar, detener, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos". Además, piden la "revisión en profundidad de la política de tierras y sus errados incentivos" y "fortalecer el principio de la integración social como fundamento que sustente el dialogo".

Honestamente prefiero creer que semejantes ideas son debidas a la ignorancia y no una muy elaborada estrategia de desprestigio e invisivilización.  No nos perdamos, el crimen de los Luchsinger – Mackay es uno de los crímenes más horrendos de las últimas décadas y no puede quedar impune. Pero de ahí, a señalar que no existe Estado de Derecho en la región hay una diferencia brutal.

La propia Presidenta de la Corte de Apelaciones, la Ministra Cecilia Aravena dijo: "Ninguno de los Ministros de esta Corte ha recibido presiones en relación a la señora Linconao", "el Poder Judicial actúa en base a la legislación vigente, y acuso falta de conocimiento por parte de los denunciantes", agregando a raíz de los dichos de los Parlamentarios que acusaban presiones, que ellos "deben hacerse responsable de lo que están diciendo, pero si ella necesita desmentir sus afirmaciones, lo va a hacer categóricamente".

En efecto, de la sola lectura del fallo del recurso de amparo que cambio la prisión preventiva de la Machi Linconao, se infiere que no existe tal presión. En su fundamentación, la Corte de Apelaciones señala que lo acogió porque el arresto domiciliario total no implica libertad y, por tanto, no se necesita la unanimidad de los Ministros de la Corte.

El trasfondo de esta polémica, y todas las que incluyen imputados mapuche. Es que en ciertos círculos sociales y gremiales se cree que el Estado de Derechos solo funciona cuando el mapuche es condenado, cuando este es absuelto o accede a un tipo de beneficio como cualquier otro ciudadano, el Estado de Derecho deja de funcionar.

En otros de los puntos del inserto se hace mención directa a la política de tierras indígenas como causante de la violencia. Irónicamente, en abril del 2016, en las mismas dependencias de la SOFOFA se realizó un seminario sobre la experiencia Australia en tierras indígenas y tenía como expositora a Raelene Webb, Presidenta del Tribunal de Títulos Nativos de Australia. En él se dijo que el éxito actual de Australia se debió a un cambio en la concepción con el caso Mabo contra Queensland Nº 2 de la Corte Suprema, cuya resolución en 1992 estableció la anulación del concepto de Terra Nullius –tierra de nadie-, que había estado vigente desde el comienzo de la colonización británica y reconoció una forma de Native Titles.

Ese es el problema de fondo del Conflicto Chileno – Mapuche, tanto la ley, como los políticos, agricultores y el mundo gremial ven la política de tierras indígenas como un beneficio del Estado para los mapuche, cuando en realidad debiese ser tratada como una responsabilidad estatal por la expoliación masiva que propicio y permitió el Estado con las propiedades mapuche a finales del siglo XX y principios del XX. Se trata de restitución de tierras expropiadas, no de subsidios sociales.

La pregunta actual no es que hará en materia indígena la Presidenta de Michelle Bachelet -ya nada hizo-, sino que harán los candidatos presidenciales en su eventual Gobierno. Cederán ante los intereses desvergonzados de unos pocos, o se atreverán a dar un paso al futuro, un paso a la construcción de un país libre e intercultural, donde todos podamos convivir en paz, un país desarrollado como Australia en donde los indígenas no seamos más considerados como personas que solo piden favores, y darán el vamos a un Chile en donde los indígenas sean verdaderos titulares de sus derechos.