¿Estamos preparados para enfrentar la Ley de Inclusión?

La educación chilena vive un momento desafiante. Tanto la implementación de la Ley de Inclusión Escolar como el Plan Nacional de Educación Pública nos fuerza a reformular nuestras acciones y articulaciones entre investigación, política pública y el contexto escolar.

Estas políticas reclaman un cambio profundo en las prácticas escolares cotidianas. Nos exigen una revisión y actualización de los referentes conceptuales, éticos y modos de comprensión y acción para trabajar temas de diferencia, normalidad, inclusión y diversidad.

Un atributo deseable de la escuela hoy se traduce en que éstas debieran ser espacios de encuentro entre los y las estudiantes de distintas condiciones sociales, culturales, étnicas, religiosas, etc., como queda plasmado en muchos de los documentos oficiales. Sin embargo, la pregunta que prima es ¿cómo se hace para generar estos espacios plurales, heterogéneos y democráticos, cuando estas políticas se implementan en un contexto educacional reconocido internacionalmente, como altamente segregado y segregador?, ¿cómo se logra cambiar una cultura escolar segregadora si la política insta a que la mezcla de estudiantes ocurra en establecimientos particulares subvencionados y municipales sin alcanzar a los establecimientos particulares?

Por otro lado, se está haciendo un esfuerzo por lograr que todos y todas las estudiantes tengan acceso a la escuela, pero la pregunta es ¿qué sé hace una vez que se tiene a todos y todas las estudiantes dentro del espacio escolar? Es decir, este no es solo un problema de acceso, sino que, más importante aún, nos insta a hacernos cargo de las formas en que se produce segregación en las prácticas cotidianas. Puntualmente, ¿cómo se educa con calidad en contextos escolares en donde el racismo, la xenofobia, el clasismo, operan de manera naturalizada? ¿Cómo se implementa una práctica pedagógica, de gestión, disciplinar no discriminadora, plural y democrática, si los actores (profesores, profesoras, profesionales, administradores) no han sido formados en reconocer y nombrar el racismo, misoginia, clasismo, xenofobia, que sus propias prácticas profesionales reproducen?

Junto con lo anterior, debemos avanzar en considerar que "el problema de la diferencia" no está puesta en los sujetos "que portan la diferencia" sino que en aquellos (mayoritariamente adultos, según lo que indican consistentemente las encuestas nacionales) que diferencian y jerarquizan las diferencias en relación a normalidades atribuidas y naturalizadas.

El llamado de la política a producir contextos escolares inclusivos ha provocado una serie de acciones que se traducen en nuevos centros de investigación con fondos estatales importantes, múltiples equipos de investigadores e investigadoras focalizando esfuerzos en aportar nuevas formas de pensar lo diferente para apoyar tanto la formación de profesores y profesoras como a los y las docentes que se encuentran en ejercicio y los profesionales que diseñan políticas. Sin duda, que esperamos que el nuevo gobierno, fuese cual fuese, continúe y refuerce estas iniciativas y organice sus acciones considerando el trabajo ya avanzado.