Expertos versus ignorantes

Cuando los políticos alegan que no pueden ser expertos en todos los temas llevan toda la razón. Aparte de impracticable, no es eso lo que se espera de un representante de la ciudadanía. Pero hay algo eso sí que olvidan, no ser experto en algo no significa ser ignorante sobre lo mismo. Entre la experticia y la ignorancia hay un largo trecho por donde moverse y es en algún punto intermedio donde uno esperaría se situara una persona con responsabilidades en la conducción del país.

Es realmente preocupante que un candidato a la Presidencia, que además es senador de la República, afirme que el terrorismo solo puede ser ejercido por agentes estatales y que los privados solo pueden realizar actos de violencia, idea que en vez de corregir luego reafirmó diciendo que, "en los tratados internacionales y en el derecho comparado, el terrorismo es un concepto que refiere a la acción de agentes del Estado". O que otro precandidato y también senador no sepa a qué se refiere el Acuerdo de París y menos el haberlo votado favorablemente en el Parlamento. U otra perla, la de la ministra Secretaria General de Gobierno, quien le ofreció públicamente asistencia profesional a Nabila Rifo para que demandara en foros internacionales al propio Estado que ella representa.

Sin duda, la exposición ante los medios es en extremo compleja y cualquiera puede tener un lapsus o cometer un error cuando está constantemente expuesto a ellos sobre infinidad de cuestiones. Por lo mismo, lo primero que uno le pide a quien asume estos roles es una intensa preparación para saber y tener opinión respecto a todos los temas relevantes sobre los cuales eventualmente pueda ser consultado. Por supuesto, saber de qué se trata y tener una opinión está muy lejano a ser experto en esos temas. No se necesita serlo en terrorismo, por ejemplo, para saber que las bombas puestas en lo últimos años en Santiago por grupos anarquistas sí constituyen un acto de ese tipo; no se requiere tampoco ser un jurista para saber de qué va el Acuerdo de París ni que el Estado no se puede auto demandar.

Es precisamente a un rudo y exhaustivo test ante la opinión pública al que se somete consciente y voluntariamente quien se presenta a candidato a la Presidencia o acepta ser vocera del gobierno, pues existe un interés legítimo en conocer sus opiniones y escrutar sus actos y decisiones. La presión de los medios no es algo inoportuno o de mal gusto, sino lo que se espera que ellos hagan en cumplimiento de su función. Queremos ver precisamente cómo se comportan ante esa situación y qué tan preparados se encuentran.

Dicho eso, más allá de pretender que respondan correctamente todas y cada una de las veces que tengan un micrófono al frente, la ciudadanía debiera estar especialmente atenta a la forma cómo estos personajes enfrentan aquellas inevitables veces en que se equivocan.

No podemos quedar satisfechos si las respuestas son simplemente que no se puede ser experto en todos los temas o, peor todavía, si consisten en insistir en la equivocación o en pedirle a otro que salga a enmendar su metida de pata.