Financiamiento de la política, ¿de quién es la culpa?

En las últimas semanas algunas candidaturas han revelado las dificultades que han tenido para obtener financiamiento electoral desde distintos bancos. En este contexto, se han escuchado voces que relativizan la pertinencia de las reformas a las leyes de campañas y financiamiento de la política recientemente aprobadas.

Al respecto, es necesario destacar que la decisión del Banco Estado está fundada en una norma anterior a las reformas, las que mantuvieron disposiciones que facilitan la obtención y pago de créditos para campañas. Por su parte, la decisión de algunos bancos privados viene dada por un sorpresivo temor a verse involucrados con la política, luego de que durante años no tuvieron reparos en hacer donaciones a través de aportes reservados aprobados por sus directorios. En síntesis, la estrechez crediticia no tiene nada que ver con las nuevas leyes.

Las reformas sí atacaron los aspectos más escandalosos de las antiguas leyes, como los aportes reservados, que en la práctica eran sólo reservados para la ciudadanía, ya que éramos los únicos que ignorábamos la identidad de los aportantes. Lo mismo con las donaciones de empresas, que derivaron en una injerencia extrema de intereses empresariales en los procesos legislativos. Por último, reducir los exorbitantes límites al gasto electoral que producían una carrera por atraer recursos para campañas cada vez más caras y centradas en la espectacularidad de la publicidad que invadía nuestras ciudades.

Las reformas aumentaron también los recursos fiscales para las campañas, y estableció el financiamiento público a partidos políticos. Junto con ello, se aprobaron nuevas sanciones y abrieron canales de denuncia ciudadana y fortalecieron las capacidades del Servel para garantizar que los distintos actores ajusten sus prácticas a las nuevas reglas.

Es imprescindible para el fortalecimiento de la democracia y la reconstrucción de las confianzas que estas normas se implementen correctamente, y que la práctica política se adecue a los incentivos que generan (a hacer campañas centradas en ideas y en contacto con la ciudadanía y conglomerados políticos independientes de los intereses empresariales). Relativizar su importancia cada vez que aparecen dificultades propias de la implementación de políticas públicas, nada aporta en esa dirección.