El futuro de la gratuidad universitaria

La crítica

La semana pasada, rectores de universidades privadas suscritas a la gratuidad, lanzaron críticas por los problemas que ésta les traerá si el gobierno persiste en el proyecto de ley que busca perpetuarla. El programa de gratuidad que hoy se está implementando –recordemos- es de carácter transitorio (fue implantado a través de la ley de presupuestos que se vota cada año) y cubre a los alumnos de los 5 primeros deciles de ingreso. El proyecto de ley que se tramita en el parlamento, en tanto, pretende extenderla en forma permanente hasta la gratuidad universal.

La crítica se debe a que la gratuidad vigente está entregando recursos insuficientes y ha dejado a las instituciones con importantes déficits: $4.576 millones para la universidad Diego Portales y $4.247 para la Autónoma, por mencionar algunas. Y no se ve cómo esta situación podría mejorar; la DIPRES calcula que para 2020 el gasto comprometido por el gobierno superará a los ingresos fiscales en US$ 784 millones, de tal forma que, para mantener los equilibrios fiscales, no se puede gastar ni un peso más, e incluso, se deberá recortar gastos ya comprometidos.

La contradicción

Los rectores advirtieron que, en la medida que el gobierno persevere en el actual mecanismo, la falta de recursos se acrecentará. Excepto en el caso de las universidades estatales, para quienes sí se dispondrán recursos fiscales adicionales que permitirán compensar sus pérdidas.

La falta de recursos se agravará en un contexto de acreditación obligatoria –como pretende imponer la reforma del gobierno-, pues con déficits económicos es difícil que las universidades gratuitas logren alcanzar los estándares necesarios para cumplir con ella (especialmente en materias de investigación). La contradicción entonces es evidente: una universidad privada que quiera gratuidad para sus alumnos, no recibirá del fisco los recursos necesarios para acreditar la calidad que el mismo Estado paralelamente le exigirá.

Cómplices

Me parece bien que los rectores den cuenta del problema y exijan una solución por parte del gobierno. Sin embargo, como bien dijo la Ministra de Educación, la adscripción a la gratuidad fue voluntaria. Los rectores sabían desde un principio que la fijación de aranceles contemplada por el gobierno llevaría a un sub financiamiento y que mientras no hubiese una ley permanente que estableciera un mecanismo definitivo, quienes aceptaran la propuesta estarían sumidos en la incertidumbre.

Por ello, los rectores que aceptaron someter a su universidad a dicha incertidumbre, fueron cómplices del gobierno en una pésima reforma. Y es que fue gracias a su aprobación que esta iniciativa se legitimó y sentó las bases para avanzar en ella en el futuro. Si las universidades hubiesen rechazado inicialmente el precario acuerdo con el gobierno, éste se habría visto en la obligación de hacer mejor las cosas para cumplir con su más emblemática promesa de campaña.

¿Y ahora quién podrá salvarlos?

La cordura. Sólo queda esperar que las personas sensatas que estoy segura hay dentro del gobierno y el oficialismo, le exijan responsabilidad a los populistas que quieren seguir adelante con un mecanismo deficitario. Que piensen en el país, en los alumnos de hoy y mañana, y en el futuro de la educación superior; que pongan los pies en la tierra y hagan una reforma que contribuya a resolver los problemas de acceso, pero que no atente contra el progreso del sistema de educación superior.