Hacia el rescate de la educación superior en Chile: más allá del proyecto de reforma




Cuando el proyecto de reforma a la educación superior fue rechazado la semana pasada por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados reinó el desconcierto. Uno de los proyectos emblemáticos del actual gobierno peligraba y, de rechazarse, habría que esperar  un año más para ser presentado de nuevo ante el Congreso– con un posible escenario de un nuevo gobierno no interesado en perseverar en dicho proyecto. La disyuntiva entre sacar un proyecto considerado 'mediocre' por algunos o rechazarlo del todo hizo pensar sobre si era mejor lograr un mal acuerdo antes que no lograr ninguno. Tal y como se estaba presentando, ¿era éste un proyecto perfectible - que se podía 'arreglar sobre la marcha' – o simplemente era inaceptable? La promesa de eliminar el Crédito con Aval del Estado, finalmente, ha destrabado la discusión y la idea de legislar se aprobó anoche.

Chile ha vivido un momento único en lo que respecta a la posibilidad de modificar su educación superior. Esta posibilidad, creada de manera radical por el movimiento estudiantil iniciado el 2011, dio paso a una serie de negociaciones que dejó en manos del gobierno actual la formulación del proyecto de reforma. Sin embargo, éste ha sido un proyecto con muchas contradicciones, ires y venires, falta de definiciones y zonas oscuras que han puesto de manifiesto que su aprobación ha dependido de negociaciones políticas e intereses institucionales y que no han dado cuenta de la necesidad fundamental de cambiar el modelo de educación que persiste en Chile desde los años de la dictadura: un modelo en el que la educación es considerada un bien de consumo en un mercado controlado por los privados.

Son muchos los elementos criticables acerca de cómo se ha llevado este proceso de reforma. Los temas de calidad y acreditación parecen opacos y se ve aún más lejano que las universidades chilenas lleguen a ser universidades de investigación o universidades en donde uno de los criterios de calidad sea el aprendizaje de habilidades complejas por parte de un estudiantado diverso. El trato especial a las universidades de estado – las más debilitadas, producto del modelo privatizado y mercantilizado de educación superior – ha quedado en un proyecto aparte. Y el lucro, a pesar de los grandes escándalos denunciados y si bien se considera un delito, no será sancionado con cárcel efectiva. Sin embargo, la eliminación del CAE es una muy buena noticia para todos/as como país. El CAE representa un instrumento de negocio y mercado que enriquece a la banca privada, endeuda a las familias y merma las arcas fiscales.

La pregunta que se asoma ahora es qué ¿instrumento reemplazará el CAE? Algunos dirán que con gratuidad universal no será necesario el CAE. Sin embargo, se ha dejado ver en la discusión del proyecto que la implementación de la gratuidad dependerá del desarrollo económico del país – un desarrollo que por lo demás, se ve incierto y que se encuentra en un escenario internacional de inestabilidad y poco crecimiento. Tal vez la respuesta esté en préstamos estatales con intereses muy bajos que permitan otorgar más créditos a aquellos/as que lo necesitan. Tendremos que ser creativos para encontrar nuevas soluciones acerca de cómo financiar la educación superior.

La 'sacudida' vivida la semana pasada y la convicción de la necesidad de cambiar un modelo de mercado en educación debe ayudarnos a seguir trabajando para avanzar hacia una educación de excelencia – más allá de la acreditación – que da oportunidades a todos/as y al país en su conjunto. 

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