Implementación ley de cuotas: mirando el vaso medio lleno

El debut de la ley de cuotas parece estar resultando muy auspicioso a lo menos en su dimensión cuantitativa. En los hechos se cuadruplico el número de candidatas mujeres respecto de la elección de 2013. Si en esas últimas elecciones parlamentarias solo 100 mujeres postularon al Senado y la Cámara esta vez, en el plazo final para declarar candidaturas, los tres grandes bloques optaron por 421 mujeres para competir en las elecciones de noviembre próximo.

Como sabemos hasta ahora se elegían pocas mujeres al Congreso. Dado que no contábamos con una legislación que discriminara positivamente por sexo, en las siete elecciones legislativas entre 1990 y 2013 la mayor parte de los candidatos a senador y diputado fueron hombres. Según datos del Programa Electoral de la Universidad Central, las estadísticas muestran que en cada elección senatorial solo 10% del total de candidatos fueron mujeres, de las cuales solo 25% logró ser elegida. Asimismo, los datos muestran que en cada elección a la Cámara baja solo 15% del total de candidatos fueron mujeres, de las cuales solo 22% logró ser electa.

Las bajas tasas de éxito de candidatas mujeres se explica por el sistema político —además de los otros ámbitos de la sociedad— excesivamente favorable a los hombres que operó entre 1990 y 2014. Históricamente la gran mayoría de los cargos políticos, desde presidentes de partido a operadores electorales, han sido ocupados por hombres. Otras democracias han buscado a través de leyes de cuotas corregir en parte esta desventaja estructural, de modo de aumentar la cantidad de mujeres nominadas como candidatas, y en algunos casos asegurar una cierta porción de escaños para ellas. Con todo, la evidencia comparada nuestra que los parlamentos contemporáneos están integrados preponderantemente por representantes del género masculino, con las mujeres que superan muy raramente, solo en cinco países, todos del norte de Europa, el 30 %.

El cambio notable que comenzamos a observar ha sido sin embargo invisibilizado por ciertas voces que han puesto el acento en la mitad del vaso medio vacío. Esta crítica —legitima por cierto— se expresaría en el déficit de la dimensión cualitativa de la representatividad sociológica de la mujer. Se sostiene que los partidos solo habrían buscado dar cumplimiento al requisito de incorporar mujeres solo para formalmente cumplir con la llamada Ley de Cuotas. Como sabemos esta estipula que "de la totalidad de declaraciones de candidaturas a diputado o senador declaradas por los partidos políticos, hayan o no pactado, ni los candidatos hombres ni las candidatas mujeres podrán superar el 60% del total respectivo". No obstante, sostienen los críticos que en la gran mayoría de los distritos y circunscripciones se privilegió nuevamente a candidatos hombres como las cartas fuertes por la vía de ubicarlos en posiciones priorizadas en las listas presentadas por los partidos y en la búsqueda de apoyos cruzados —en clave binominal— en las negociaciones buscando su blindaje.

Ciertamente, como en toda innovación de política pública —y esta reforma sin duda lo es— sus resultados e impactos no son inmediatos sino que toman tiempo, más aún cuando se trata de cambios culturales como éste que busca romper la profunda asimetría entre géneros.

Habrá que esperar a los resultados de los próximos comicios y al progresivo cambio en las prácticas para evaluar que tanto se avanza en este proceso lento de cambio estructural que por cierto no puede reducirse únicamente al espacio político. Lo cierto es que las elecciones obligaran a los partidos a rendir cuenta a los electores de lo que han hecho o bien omitido hacer, para confirmar en los hechos la validez de la teoría electoral de la representación que busca corregir la ley de cuotas.