Inseguridad, ¿quién se hace cargo de las víctimas?




En su última versión, la encuesta de victimización de la Fundación Paz Ciudadana muestra información interesante. Los temas más analizados son el indiscutible aumento del temor entre la población y el leve incremento de la victimización. Recordemos que en lo segundo, la encuesta solo pregunta por victimización de robo o intento de robo, lo que deja a una infinidad de otros hechos delictuales fuera de la muestra. Pero en cualquier caso, los datos analizados en el largo plazo muestran que más allá de algunas variaciones en ambos indicadores estamos prácticamente igual que a inicios del año 2000.

Más allá del posible debate político que se avecina definiendo supuestas responsabilidades, falta de evaluación de programas, innovaciones poco certeras y,en general, una evidente dificultad para desarrollar estrategias integrales de seguridad para todos; la encuesta muestra sí un problema serio de inequidad y dificultad para apoyar a las víctimas.

¿Dónde se concentra la victimización? La encuesta muestra que la mayor victimización de robo e intento se concentra en la Región Metropolitana donde 39.8% de los hogares declararon que al menos un miembro de su familia fue víctima de robo o intento de robo en los últimos seis meses. Pero no todos en la región metropolitana tenemos la misma probabilidad de ser víctimas, de hecho la encuesta muestra una sustantiva mayor concentración de la victimización en las comunas más pobres (surponiente sube a 46% y suroriente sube a 38.5%). Cabe destacar además que de total de hechos delictuales declarados más del 84% ocurrieron en la vía pública. La geografía del delito muestra sus más claros elementos y convierte la imagen a veces difusa del delito en una bastante más interpretable.

¿Quiénes son las víctimas? Si bien la encuesta muestra que los niveles de victimización por nivel socioeconómico son similares y se ubican alrededor del 37%, no se puede dejar de notar que el nivel más alto pasó de 40,8% en Julio 2010 a 38.3% en el 2013 mientras que los sectores más bajos de 30% a 37.3% en el mismo periodo. Solo entre diciembre 2012 y julio 2013 en este estrato la victimización subió 5 puntos porcentuales lo que sin duda es un problema serio. Los datos muestran que las víctimas son reiteradas. El 26% de los hogares que fueron víctimas representan el 89% de los delitos ocurridos en los últimos 6 meses. La identidad de las víctimas por ende también toma un rostro menos difuso y por tanto más claro para la definición de políticas públicas.

¿Qué les pasa a las víctimas? Si hay algo claro de la encuesta es que estamos haciendo un mal trabajo en apoyar a las víctimas, las que se muestran insatisfechas con la labor policial (46%), con la de los fiscales (66%) y presentan niveles altos de temor que más que duplican de aquellos que no hay sido víctimas. Más aún el 46,4% declaró reconocer bajos niveles de desempeño policial. Es decir las víctimas están atemorizadas y con alta sensación de impunidad. Finalmente, reconociendo que las policías son bien evaluadas en promedio por la ciudadanía y que en comparación con las instituciones políticas sacan una delantera muy larga; sorprende negativamente que aquellos que más necesitan del apoyo policial lo califican con menor nota promedio. Paradojalmente aquellos que han sido víctimas y denuncian califican a carabineros y a la PDI con 4.6 y 4.7 respectivamente. Acá no se está haciendo bien el trabajo.

<strong>Todos estos números no deben confundirnos.</strong> Estamos frente a un fenómeno criminal que ocurre en las calles, con concentración comunal bastante evidente y en ciertos hogares. Para esto <strong>el patrullaje aleatorio no sirve, se requiere de una mejor gestión de la presencia policial en los territorios, una que ayude a una distribución territorial de acuerdo a los problemas</strong> lo que debería verse con claridad con los mejores recursos humanos en la zona sur de la RM, por ejemplo. Coordinación con las labores de los municipios es urgente y posiblemente con la seguridad privada que abunda en ciertos sectores del país.

Pero también es clave desarrollar protocolos de relación con las víctimas que no sólo aseguren trato y respuesta adecuada sino también manejo de expectativas y niveles de respuesta efectiva. Algo es claro, la evaluación promedio ya no tranquiliza y se deben definir estrategias claras de una presencia policial en aquellos territorios que más lo requieren con especial priorización para los más vulnerables, los que no tienen acceso a la seguridad privada o cuyos municipios no tienen sofisticados sistemas de seguridad.

En política pública los caminos son bastante evidentes. Los comandos no pueden quedarse entonces en propuestas de aumento de dotación policial o de fiscales. Debemos reclamar por equidad en la entrega de una seguridad de calidad, donde la relación con los vecinos (y en especial las víctimas) sea prioridad en el accionar cotidiano. Esto es posible que involucre importantes niveles de descentralización de la toma de decisiones al interior de las instituciones policiales, dejando espacios de priorización a comisarios por ejemplo. El camino es más claro y ahora solo queda encontrar el liderazgo para recorrerlo.

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