Juez Fernández: las buenas intenciones no bastan

*Esta columna fue escrita junto a Cristián Rodríguez Programa de Doctorado, Psicología y Comportamiento Social Universidad de California-Irvine.

Se ha hecho conocido el caso de Luis Fernández, juez suplente del poder judicial, que sin tener habilitación legal para ello, autorizó cambiar el nombre y sexo a un niño de 5 años para que pasara a ser conocido como niña ante la ley y la sociedad. Para muchos el actuar de Fernández es una conducta ejemplar. Pero las buenas intenciones no bastan para considerar que su actuar fue correcto. Su defensa se basa en afirmar que actuó conforme a la ley, luego de haber leído y estudiado el tema. Nos permitimos cuestionar esta afirmación.

El juez Fernández ignora la diferencia conceptual entre identidad de género y sexo, que no son sinónimos ni para la ley ni para otras disciplinas. Sin embargo, él las confunde, cambiando el sexo como si estuviera determinado por la identidad de género.

Por cierto, haber negado la solicitud no implicaría desconocer que esta experiencia es emocionalmente desgastante para el niño y la familia. Pero habría sido la correcta en atención a nuestra ley y a la prudencia, a la luz de la evidencia que Fernández desconoció, aún si tal vez con la mejor de las intenciones.

Vamos al fondo de esta discusión. Las consideraciones del juez no exploran la investigación y datos existentes en esta materia. Si las hubiera tenido a la vista jamás habría afirmado que su convicción de identidad era "permanente", como de hecho lo hizo. Tal conclusión no figura en los informes aportados pues es imposible de determinar. Un estudio acabado del tema –como el que ha realizado el legislador– lo habría llevado a confrontar el conocimiento que, en 8 de 10 casos, los "niños trans" desisten de su convicción. La evidencia recopilada por investigadores, como Ken Zucker o Ray Blanchard, afirma lo anterior, mostrando que entre el 80 y 95% de los niños que manifiestan incongruencia entre su sexo biológico y su identidad de género –que en sí ya son un número bajísimo– superan la misma antes del término de su pubertad. En otras palabras, la prevalencia de la condición es baja y generalmente transitoria.

Asimismo, sabría que no hay un claro consenso ni una sola definición de tratamiento para "ayudar" al niño. Dado que la disforia de género infantil suele tener varias comorbilidades psicológicas y endocrinológicas, los especialistas recomiendan un trabajo interdisciplinario a distintos niveles: endocrinológico, psicoterapéutico y psicoeducativo. Las posturas de espera vigilante (watchful waiting, Ehrensaft, 2017) sugieren retrasar cualquier cambio violento a nivel hormonal y social que puedan eventualmente comprometer irremediablemente al niño y su familia.  En cambio, el juez tomó la posición más radical, de tratar legalmente al niño como niña, y forzar que así sea por el resto, lo que interviene directamente en su proceso de desarrollo, dificultando su probable desistimiento de esa convicción. Una opción que a la larga puede generarle más perjuicio que los supuestos beneficios.

Nuestras palabras no buscan juzgar a los padres y el entorno del niño, que sin duda actúan buscando el bien de su hijo, ante un confuso escenario. Pero sí criticamos el actuar de un juez que decide seguir sus intuiciones antes que la ley y la evidencia. En base a ello, tal vez la posición más valiosa y acogedora, no exenta de dificultad emocional, es precisamente acompañar y esperar, resguardando las condiciones para que los niños se desarrollen y alcancen una cabal comprensión de sí mismos.