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Actualizado el 19/04/2017

Blog de Pedro Palominos Belmar. Es SmartCityLab Universidad de Santiago de Chile

Pedro Palominos Belmar

Pedro Palominos Belmar

SmartCityLab Universidad de Santiago de Chile
Si la ley no lo prohíbe, tampoco lo obliga

Si la ley no lo prohíbe, tampoco lo obliga

Esta columna fue escrita junto a  Juan Barrientos, del centro Smart City Lab Santiago de la Universidad de Santiago.

La opinión pública se ha visto  conmocionada en los últimos días por la “denuncia” hecha por el Intendente de Santiago, Claudio Orrego, en torno a las edificaciones que se han emplazado en Estación Central, en el sector de Alameda con General Velásquez. En una ciudad que busca ser el soporte para la vida de la mayor concentración de personas a nivel nacional, se erigen sin mayores complejidades administrativas o legales espacios para la residencia de miles de familias en espacios que no superan las tres o cuatro cuadras, con todas las externalidades negativas que ello implica. Las empresas constructoras se escudan señalando que no existe un plan regulador que prohíba este tipo de construcciones, con estas enormes dimensiones y falta de medidas de mitigación o disponibilidad de servicios básicos proporcionales a esas enormes poblaciones sumamente condensadas.

En una opinión públicamente emitida, el representante de la Cámara Chilena de la Construcción señaló que “si está permitido, hay que hacerlo” desatando la ácida crítica del intendente quien apela al sentido ético de las empresas. El intendente esgrime la autorregulación que les impida la construcción de edificios que a todas luces no respetan ni el más mínimo estándar de calidad de vida, en una ciudad que debiese aspirar a poner en el primer lugar de sus prioridades a sus habitantes. Las ciudades inteligentes se planifican para brindar espacios de calidad a quienes las habitan y esto implica acceso a los servicios, tales como transporte, comercio, servicios de salud, policías, entre otros, que por la ubicación de estas moles habitacionales parecen estar disponibles, pero que descuidan de manera abrumadora la calidad de vida intra-familiar.

Un testimonio de una habitante de uno de esos edificios y publicado recientemente en un medio electrónico se refiere al estrés causado por los ruidos molestos por las noches, o el tener que hacer filas de 20 minutos para subir a los ascensores, la existencia de torniquetes para entrar y salir del edificio comparables con el acceso al metro.

Sin duda, estas condiciones son inaceptables cuando hablamos  de la “vivienda”, un espacio que debiese ser un “oasis” de confort dentro de lo agresivo que muchas veces son las urbes. A esto sumemos el caos vehicular en cuanto a la circulación de automóviles como también de estacionamientos, la evidente falta de áreas verdes, la saturación del comercio, el colapso de la estación de metro Padre Hurtado, de los sobrepoblados paraderos del Transantiago, entre otros.

Estamos ante un escenario que por un lado resulta accesible para estar en medio de la ciudad, pero con un costo no monetario incalculable, de estrés, agotamiento y deterioro de la calidad de vida intra-familiar. Se ha argumentado que la carencia de un plan regulador comunal ha permitido este tipo de edificaciones, pero sin duda que la ley permita (o no prohíba) una acción, no implica que obligue a ejecutarla. Y es entonces cuando las empresas deben tener en cuenta no solo el lucro por venta, sino la necesidad de estar conscientes de que también son actores sociales que deben contribuir al bienestar general. Nos referimos precisamente a la ética empresarial tan defendida por algunos gremios, pero también cuestionada en los últimos años en la prensa con la sucesión de diversos casos de colusión, que muchas no converge con las acciones cotidianas. Que la ley no nos impida a ser poco gentiles, no nos obliga a serlo.

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