La vía institucional

En el debate sobre el cambio constitucional que se ha instalado en Chile existen algunas ideas que, de manera bastante acrítica, se acomodan en la discusión, y de paso la tiñen marcando posiciones según uno esté a un lado o al otro. Normalmente es así; dos lados, todo bien binario. Sí o no. Como que nos cuestan los matices, las dudas que no equivalen a sospechas, sino a dudas reales, a tiempo y pausa necesarios para pensar mejor lo que está diciendo nuestro interlocutor. Dominados por las cuñas, deliberamos en clave de planilla Excel y vamos olvidando la prosa que hace de la acción política una actividad humana.

Un par de ejemplos: "para usted, ¿fue atentado terrorista o no?", recuerdo que comenzaban los interrogatorios a los que se sometían a algunos políticos tras el incendio con resultado de muerte de una pareja de ancianos en el sur, en enero de este año; o, más recientemente,"¿eres pro-vida o abortista?", con la impresionante capacidad que tienen algunos para sesgar exitosamente con estas chapas: si no eres pro-vida, entonces no es que estés a-favor-de-considerar-la-posibilidad-de-despenalizar-o-aun-legalizar (algunos) casos-de-aborto. No, eres "abortista". Malo del alma, falta decir.

En el debate constitucional ocurre algo parecido. Parece bastante claro que de manera creciente muchas personas se han ido convenciendo que Chile necesita dotarse de una nueva Constitución. Los argumentos ya empiezan a repetirse: la Constitución actual fue gestada por una junta militar, con asesores designados solo por ella, con el propósito explícito de prolongar el proyecto político de una dictadura, aprobada sin registros electorales, con acusaciones reciente de fraude, etc. Muchos afirman que con posterioridad, esa Constitución ilegítima en su origen fue, sin embargo, legitimada en el ejercicio: las reformas pactadas de 1989 y 2005 la habrían limpiado del vicio original y hoy, bueno, tenemos un texto que si bien necesita ajustes, tenemos de todas formas una Constitución que da a Chile estabilidad.

Lo relevante, sin embargo, es que desde el punto de vista del contenido la Constitución del 80/89/05 no parece ser capaz de dar cauce a una parte importante de demandas sociales. Llegados a este punto, entonces, hay quienes creen que es necesario que Chile adopte una nueva Constitución, y para ello entienden que el mecanismo más legítimo desde el punto de vista de la democracia constitucional, sería una convención constituyente; mientras otros creen que no sería necesario ello, que incluso podría ser no deseable tal convención y que, por lo tanto, los cambios deben hacerse según las reglas actualmente vigentes (dado que la convención o asamblea constituyente no está contemplada por la actual Constitución). Tales son, más o menos, los términos del debate.

Y llegamos, de nuevo, a nuestras cuñas binarias. "¿Está usted a favor de 'la vía institucional' o promueve una asamblea constituyente?", se escucha con relativa frecuencia. Hace poco vi al senador Ignacio Walker decir en televisión, "todos quisiéramos evitar la asamblea constituyente", sin explicar por qué (y sin que sus entrevistadores tampoco le preguntaran). Su hermano Patricio, también senador, ha dicho cosas semejantes: se requiere reformar el sistema binominal porque, de lo contrario, la asamblea constituyente será "inevitable". Y todo ello se engloba en la chapa: "nosotros estamos por la vía institucional".

Pero esta dicotomía es falsa y distorsiona el debate. A menos que a usted lo hayan convencido que una convención constituyente equivale a un grupo de exaltados que se agolpan en un gimnasio, compitiendo por quién grita más fuerte, no parece haber buenas razones (constitucionales) para oponerse en principio a este mecanismo de toma de decisiones políticas fundamentales. Y es que una convención constituyente no solo es una vía institucional; es su mejor versión, pues consiste precisamente en formalizar, esto es, dar institucionalidad a los intereses políticos en pugna y que requieren llegar a acuerdos para poder tener una Constitución. En el mundo binario de los senadores Walker, es la calle o el Congreso, cuando la Constitución es precisamente —y debe ser— la mezcla entre el Congreso y la calle.

Por ello, si existe un nivel creciente de consenso respecto de la estrechez constitucional que tenemos y nos tomamos en serio la promesa del autogobierno —no el panfleto, sino el derecho y deber de los pueblos a decidir cómo queremos vivir políticamente—, entonces lo que debe suceder es que quienes ejercen soberanía en representación nuestra articulen, en caso que no exista, la vía institucional que permita dar salida a esta cuestión. Una asamblea o convención constituyente es una vía institucional; que no exista aún solo indica que nos estamos demorando, nada más.