Los conservadores y el desafío político en Chile

Se han dicho muchas cosas de esta cuenta pública presidencial en muy pocas horas: que faltaron cosas, que se abordaron en demasía otras o que tuvo un afán "revisionista" respecto a la administración anterior. En cualquier caso, sin duda los análisis dan para todo y finalmente lo relevante, particularmente porque se trata de la primera cuenta, tiene más que ver con la hoja de ruta que se instala – que reafirmó o enfatizó aspectos del programa- que con el balance de una  administración que apenas ha asumido hace dos meses. Por este motivo parece necesario, más allá de la ingeniería de detalle, dar cuenta del horizonte que se plantea y las condiciones objetivas de nuestro sistema político para ser facilitadores de esta empresa que, de tener éxito, permitirá cambiarle parte importante del rostro a nuestra sociedad.

En efecto, no cabe duda que, si hay algo que ha hecho la instalación del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet, es abrir un nuevo tipo de conversación en Chile. Esto que parece evidente a propósito del llamado "nuevo ciclo" no es menor, porque no hace muchos años era impensable que en la agenda pública se discutieran cuestiones tan relevantes como el cambio a la constitución, la reforma tributaria, el cambio al binominal y aborto, entre otras materias. No se trataba, en esa lógica propia de la transición chilena, que los temas no existieran, sino que simplemente, producto del empate permanente de los sectores más conservadores representados en el Congreso y la incidencia de algunos poderes fácticos, los debates eran, con mucha antelación, simplemente clausurados.

Fue así, por ejemplo, que durante años fue imposible en Chile hablar de una reforma tributaria, pese a que sabemos con certeza que incluso en el estándar OCDE, con el que tanto nos gusta compararnos, tenemos el triste record de tener la carga impositiva más baja y el nivel de desigualdad más alto. Otro tanto respecto al aborto, donde somos uno de los tres países del mundo que no contempla en su legislación, al menos, el aborto terapéutico. Para que hablar del cambio a la Constitución o la reforma al sistema electoral, cuya sola posibilidad de debate ponía en los sectores conservadores una especie de alerta sobre la amenaza de un potencial regreso a la lógica pre '73, sin que ello si quiera permitiera abrir el debate de la legitimidad de una democracia cuyas reglas fundamentales fueron generadas en dictadura.

En cualquier caso, es evidente que aquellos sectores conservadores que hoy están a la baja, porque han mermado su representación en el Congreso y su poder de incidir en el debate público,  intentará – como es lógico en democracia-  torcer el giro de los acontecimientos entorpeciendo el carácter reformista del gobierno mediante los recursos políticos con los que cuenta para ello. Esto es un punto relevante, porque la concreción de la hoja de ruta trazada por la Presidenta de la República requiere varias condiciones políticas que trascienden, por mucho, las posibilidades del Ejecutivo de llevar adelante el programa con convicción. Por lo pronto, es posible señalar dos: la primera, una coalición política con partidos que sean realmente un aporte al debate y  que tengan capacidad de actuar cohesionadamente más allá de la coordinación de sus vocerías, lo que implica avanzar hacia una formalización mayor del funcionamiento del conglomerado y del procesamiento de las diferencias internas que, como es evidente, existen. Lo segundo es que exista una ciudadanía que empatice con el programa de gobierno y que sea capaz de apoyar las reformas de manera informada y, en algún sentido, organizada, para que las "campañas del terror" de la oposición encuentren enérgica respuesta de su parte. Todo ello implica actores políticos y sociales que estén a la altura del punto de llegada que plantea la Mandataria. Es de esperar, por tanto, que los caminos se abran.