Que los nuevos dientes del Sernac no terminen mordiendo al consumidor

ANTE LA aprobación, por parte de la Comisión de Constitución del Senado del proyecto de ley que propone reformar el Sernac, si bien compartimos la esencia del mismo, nos preocupa que aún no exista consenso en la comisión, ni en el propio Gobierno, respecto de un tema tan relevante como es la facultad normativa que se propone otorgar al referido servicio.

Como hemos señalado en reiteradas oportunidades, es a todas luces innecesario, excesivo e inconstitucional otorgar una facultad normativa al Sernac. Esto, porque en nuestro ordenamiento jurídico, es el Poder Legislativo quien tiene principalmente tal función. Además, se le entregaría a un solo ente la facultad de interpretar la ley, representar a los consumidores, fiscalizar, sancionar, mediar y resolver controversias, lo que no solo atentaría contra el sentido común, sino también alteraría los equilibrios institucionales y de poderes que caracterizan a nuestro sistema público.

Esta excesiva concentración de facultades ha generado que, a lo largo de la tramitación del proyecto, se hayan ensayado diversos modelos para su aplicación, no logrando ninguno de ellos total apoyo en el Congreso, la sociedad civil e incluso en el propio gobierno. El legislador ha sido muy sabio al establecer la necesaria separación de poderes, por lo que cualquier iniciativa que tenga por objeto entregar todos éstos a una sola mano, debe ser analizado con extrema cautela, sobre todo cuando afecta a la inmensa mayoría de los chilenos en su calidad de consumidores o proveedores.

Es por todos estos antecedentes, que hemos insistido en la necesidad de eliminar tal facultad normativa. Una cosa, en la que concordamos, es potenciar el Servicio, a través de todas las otras facultades que se le otorgan en el referido proyecto de ley, así como con el aumento sustantivo de las multas y los nuevos procedimientos administrativos que se crean. Otra muy distinta sería convertirlo en un ente sin contrapeso alguno, pasando así a ser "juez y parte en materia de consumo".

Si el gobierno estimara que esta última es una materia de la esencia del proyecto de ley, a lo sumo, debiera avanzarse en facultar al Sernac, únicamente, para proponer al Presidente de la República la modificación o derogación de normas en materia de consumo.

Por lo tanto, si bien nadie puede negar que es necesario modernizar el Sernac con objeto que pueda adecuarse a las nuevas relaciones de consumo y dar solución rápida a las controversias que puedan generarse entre consumidores y proveedores, este afán no debe llevarnos a aprobar normas que excedan el principio mínimo de equilibrio de poderes y que a su vez, no cuenten con un apoyo y consenso transversales.

Finalmente, es importante recordar que la excesiva concentración de facultades que este proyecto de ley propone para el Sernac, podría terminar afectando negativamente a quienes en principio busca proteger, al hacer más rígidas y conflictivas las relaciones entre proveedores y consumidores. No solo hay que dotar de "más dientes al Sernac", como se planteó al inicio de la discusión de este proyecto de ley, sino más bien, generar mayores canales de comunicación y solución de controversias entre consumidores y proveedores, para así recomponer las tan dañadas confianzas sobre las cuales se basa nuestra economía de libre mercado y la sana competencia entre los actores del mismo.